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Protestas en Ecuador: la élite debe aprender a escuchar

por 25 junio, 2022

Protestas en Ecuador: la élite debe aprender a escuchar
Las razones de fondo de las protestas en Ecuador no han cambiado mucho, partiendo por el hecho de que los pobres son los que más sufren con las crisis y ajustes, mientras los resultados positivos de algunas propuestas neoliberales chorrean hacia arriba. Ello, no se condice con una segunda máxima, que es que las elites están completamente desconectadas de la sociedad y de su difícil cotidianidad. Una tercera derivada es la crisis de los partidos, que ha hecho a los movimientos populares los protagonistas legítimos del cambio. Detrás de las protestas, en cuarto lugar, está la exigencia de un nuevo contrato social y un nuevo modelo de desarrollo. Ante la falta de repuestas satisfactorias, en quinto lugar, los presidentes empresarios como Lasso, con su liderazgo transaccional, tienden a buscar respuestas de fuerza (la militarización), más aún si son gobiernos débiles y de minoría, volviendo la crisis y la insatisfacción como algo irresoluto.
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Ecuador cumple varios días de protestas en contra el gobierno del presidente conservador, el empresario Guillermo Lasso (desde el 13 de junio), al que reclaman una reducción del precio de los combustibles y otras nueve peticiones de índole económico-social. Convocados por la opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que participó en revueltas que desestabilizaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005, y a pesar del estado de excepción que decretó el gobierno, los manifestantes vienen cerrando carreteras en la mayoría de las 24 provincias y han chocado con la fuerza pública durante protestas en varias ciudades.

El presidente Lasso accedió a la presidencia con el balotaje de febrero de 2021 con el 19,7% de los votos; es decir, a apenas el 0,3% de distancia de Yaku Pérez, el aspirante indigenista que impugnó estos resultados hasta el final, sin éxito. Andrés Arauz, principal contendor de Lasso en la segunda vuelta presidencial, consiguió el acceso al balotaje con el 32,7% y su coalición partidaria, la correísta Unión por la Esperanza (UNES), sumo el 32,2% de los votos y 49 escaños de 137, convirtiéndose en el primer partido en el Legislativo. El partido del presidente Lasso, Creando Oportunidades (CREO), consiguió apenas 9,7% de los votos y 12 legisladores. Estos números sugieren que Lasso impulsó con éxito su candidatura en primera y segunda vuelta, pero descuidó el trabajo subnacional para obtener los escaños legislativos suficientes que le posibilitaran gobernar con una relación favorable y fluida entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Como el presidente Lasso no dispone de esa ventaja y el bloque opositor, compuesto por al menos 78 legisladores procedentes del correísta UNES, del derechista Partido Social Cristiano (PSC), más algunos legisladores marginados del indigenista Movimiento Pachakutik (MUPP), el oficialismo se encuentra bloqueado en el impulso de su agenda legislativa y la oposición pide la cabeza de todas las autoridades del órgano, empezando por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Los acuerdos favorables a Lasso en el Congreso son difíciles, la mayoría opositora “busca torpedear” la mayoría de las iniciativas del gobierno. Uno de los mayores reveses que sufrió fue con la Ley de Inversiones, que no consiguió aprobación y con la que pretendía atraer para el país 30.000 millones de dólares.

Una de las principales promesas de Lasso fue trabajar en la reactivación económica pospandemia, sin embargo, con poca comprehensión de que la desigualdad hace que algunos sufran más los ajustes del mercado que otros. Entre las acciones que el Ejecutivo ha realizado para lograr este propósito están el ordenamiento del gasto público y la reducción del déficit fiscal. Sin embargo, no ha sido fácil partir de un déficit de US$ 7.000 millones para proyectar uno, en el 2022, de US$ 2.000 millones, más allá de que las cifras oficiales muestran algunos números positivos, como un crecimiento del PIB del 4,2 %, el ahorro de más de USD 124 millones en la subasta corporativa de medicamentos, la creación de más de 350.000 nuevos empleos (el desempleo a marzo del 2022 fue de un maquillado 4,8 %). A ello se suma una exitosa campaña de vacunación de casi 14 millones de personas con el esquema completo y/o el acuerdo de libre comercio con China, Corea, India y ahora Israel (Infobae, 22/05/2022).

Sin embargo, todos estos logros (equilibrios con aprietes) se opacan con los costos que deben pagar los trabajadores y los más pobres (léase mayoría nacional), por ejemplo, con consecuencias como el retraso del pago de salarios de empleados públicos, proveedores estatales y paralización de la obra pública. La inflación causada por el encarecimiento del combustible abarca todos los productos de la canasta básica, afectando, principalmente, a las personas cuyos ingresos rodean el salario mínimo o menos, actualmente fijado en US$ 425 mensuales. La población indígena, por ejemplo, cuya mayoría vive en los altos de la región andina, constituye un sector tradicionalmente relegado por los gobiernos de turno, que han sufrido la pérdida de tierras y aguas con la Ley de Minería y la del Agua, amén de otras alzas, lo que los ha empujado a realizar protestas en diversos momentos y que han logrado poner en jaque a varias autoridades.

La mayor protesta anterior en Ecuador ocurrió a finales de 2019 y, al igual que en la presente, la figura de Leonidas Iza se ha hecho presente. Iza (40 años) es un líder indígena del centro andino ecuatoriano que cobró importancia nacional durante las violentas protestas de octubre del 2019, en contra de un decreto presidencial que eliminaba parte de los subsidios a los combustibles, y que pusieron en jaque al entonces mandatario Lenin Moreno (2017-2021). Iza llegó a la presidencia de la Conaie el año pasado. En su libro Estallido se identifica como un líder radical de izquierda y enarbola la lucha e incluso el estallido social como mecanismos para lograr los objetivos de esa organización. Él estaba siendo procesado judicialmente por los daños ocasionados durante las protestas del 2019, pero junto a decenas de manifestantes recibió amnistía de la Asamblea (mayoría opositora) en febrero de este año.

Aunque haya sido por un día la detención de Iza (14/06) e igual deberá enfrentar un proceso por el presunto delito de paralización de servicio público, y Lasso ya lo tenía en la mira desde hacía tiempo (por ejemplo, había asegurado en una entrevista  en diciembre de 2021 que es “un anarquista" y que terminará “con los huesos en la cárcel” –Mongabay Latam, 17/06/2022), el analista político Pedro Donoso, director de la consultora Icare, cree que la detención del máximo dirigente de la Conaie fortaleció a un movimiento indígena que “venía debilitado”, pues “provocó que se reagrupara alrededor de Iza” y que otros movimientos adhirieran, incluso algunos que no estaban alineados con la organización antes de las protestas. Precisamente y al enterarse del arresto, la vicepresidenta de la Conaie, Zenaida Yasacama, pidió “radicalizar la lucha a nivel nacional” y responsabilizó al gobierno de Guillermo Lasso por la integridad de Iza.

El pliego de la Conaie

En sus primeras declaraciones luego de su retención, Leonidas Iza dijo: “Nadie ha salido a desafiar la Ley. Solo hemos salido porque el hambre y las injusticias han tomado nuestros hogares” y agregó que “nos podrán detener físicamente, pero jamás nuestras ideas”. Al sector indígena (representan más de un millón de los 17,7 millones de ecuatorianos) se han unido organizaciones de estudiantes, trabajadores, transportistas del transporte pesado y feministas. La capital ecuatoriana en la actualidad está sitiada por los manifestantes, mientras Iza, respondiendo al mensaje de Lasso, aseguró que la “lucha se mantiene de manera indefinida hasta que el Gobierno Nacional atienda las demandas del movimiento indígena”. Además, Iza sostuvo que no asistirán a ningún diálogo que no tenga resultados.

El pliego petitorio de la Conaie, sin propuestas claras de solución (Lasso dijo que si tienen soluciones que las pongan sobre la mesa), pero muy aglutinadora de la ciudadanía trabajadora por su representatividad social, se desagrega en (gk.city, 14/06/2022):

1. Congelar los precios de los combustibles con un diésel a 1.50 dólares y la gasolina Extra y Ecopaís a 2.10 dólares. El precio actual del galón Extra y Ecopaís está en los US$ 2,55 dólares (casi 2300 pesos chilenos) y el Diésel en US$ 1,90 (más de 1.600 pesos chilenos). Y eso que Ecuador es un país petrolero.

2. En el contexto de la pandemia, piden una moratoria de las deudas en la banca pública, privada y cooperativa. Este será un alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas). Además, exigen que no se embarguen bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago.

3. Precios justos y/o subsidios en los productos del campo, como leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más. De acuerdo a Alberto López, la cadena de comercialización agropecuaria realizada directamente por pequeños y medianos agricultores con comerciantes o intermediarios es desfavorable, porque sus productos no son reconocidos con el precio justo y peso exacto, a diferencia de los productores agrícolas y campesinos asociados que venden sus productos con peso exacto y precio justo en centros de acopio de organizaciones agrícolas o campesinas (Unidad de análisis y estudios de coyuntura, 25/05/2020).

4. Mejorar el empleo y los derechos laborales con políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa de empleo es del 32,9%; es decir, el resto, un 67%, tiene trabajos informales o están desempleados. Además exigen el pago de las deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hace apenas dos semanas, el gobierno pagó la primera cuota de 140 millones de dólares, que representan apenas el 1,7% de la deuda (promesa de campaña del presidente Lasso).

5. Piden frenar la ampliación de la frontera extractiva minera o petrolera. Además, piden una auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles, particularmente de la minería pirata. También piden la derogatoria de los Decretos 95 y 151 firmados por Lasso: el decreto 95 es sobre la política de hidrocarburos y dice que se promoverá el incremento de “la producción de hidrocarburos”; y el 151 se refiere al Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador, donde se menciona el “incremento de las exportaciones de los productos mineros” y “desarrollar una minería eficiente”.

6. Piden respetar/garantizar los 21 derechos colectivos de los pueblos originarios como educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.

7. Que se ponga un alto a la privatización de los sectores estratégicos del modelo neoliberal implementado por Moreno y seguido por Lasso, como el Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras. Además, piden que el país no se someta a tribunales internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI).



8. Reclaman políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, que se han disparado como efecto de la pandemia y ahora la invasión de Ucrania. Además, denuncian un abuso de precios (especulación de los empresarios) en los productos industrializados en las cadenas de supermercados (aquí en Chile no es muy distinto ahora con el gas y el aceite, entre otros).

9. Demandan un presupuesto urgente de salud frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. El 26 de mayo, los médicos denunciaron que el sistema de salud vive una emergencia sanitaria debido a que no existe lo necesario para tratar adecuadamente a los pacientes: al desabastecimiento de medicamentos, se suman problemas con equipos que no funcionan, falta de insumos e incluso complicaciones en la infraestructura de las instalaciones (El Comercio de Ecuador, del 31/05/2022). También la Conaie pide que se garantice el acceso de la juventud a la educación superior y que se mejore la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.

10. Exigen seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador (promesa también de campaña incumplida del presidente Lasso).

La criminalización de la protesta

Al igual que lo sucedido con el ex Presidente Piñera en Chile y su bullada entrevista en la BBC, Lasso insiste en que la Conaie no tiene intención de buscar soluciones, y ha tratado de criminalizar la protesta, acusándolos de provocar un alza de los precios con el cierre de carreteras, y de poner en riesgo a los enfermos por prohibir el paso de ambulancias. También le ha reprochado que no haya aceptado el paquete de medidas que anunció el 17 de junio, que incluían la condonación de créditos vencidos de hasta US$3.000 en el Banco Estatal de Desarrollo y subsidios a pequeños y medianos agricultores con la mitad del costo de fertilizantes, la declaración de emergencia en el Sistema de Salud Pública del país, el aumento a US$ 55 dólares del bono al desarrollo humano, o un subsidio de hasta el 50% del precio de la urea (fertilizante) para pequeños y medianos productores, etc. Ante ello, insistió que la Policía hará uso progresivo de la fuerza para evitar actos vandálicos en los que inscribe a la protesta (Iza reconoció cierto vandalismo al decir que no se puede convertir la lucha en un acto delictivo o de violencia y llamó a que las estructuras organizativas controlen esos actos violentos), a la vez de acusar al movimiento indígena de tener la intención de poner fin a su gobierno y aclaró, como medida de fuerza, que la rebaja de los combustibles no es negociable.

El concepto de guerra interna y militarización siguen presentes también en el gobierno. Así, por ejemplo, el ministro de Defensa, Luis Lara, flanqueado por los jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, dijo que "esta actividad violenta y criminal no ayuda a las reivindicaciones sociales, al contrario, las perjudican porque detrás de esto está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada". Exalta que "la democracia del Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos" y advirtió que las Fuerzas Armadas "no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes" (DW, junio).

Tal como lo expuse en un artículo en este mismo medio en octubre de 2019 (“Diez lecturas de la crisis de Ecuador desde lo regional y lo global”) las razones de fondo de las protestas en Ecuador no han cambiado mucho, partiendo por el hecho de que los pobres son los que más sufren con las crisis y ajustes, mientras los resultados positivos de algunas propuestas neoliberales chorrean hacia arriba. Ello, no se condice con una segunda máxima, que es que las elites están completamente desconectadas de la sociedad y de su difícil cotidianidad. Una tercera derivada es la crisis de los partidos, la que ha hecho a los movimientos populares los protagonistas legítimos del cambio. Detrás de las protestas, en cuarto lugar, está la exigencia de un nuevo contrato social y un nuevo modelo de desarrollo. Ante la falta de repuestas satisfactorias, en quinto lugar, los presidentes empresarios como Lasso, con su liderazgo transaccional, tienden a buscar respuestas de fuerza (la militarización), más aún si son gobiernos débiles y de minoría, volviendo la crisis y la insatisfacción como algo irresoluto.

Si bien hay factores objetivos que hacen difícil cumplir las demandas de Conaie, como el sobrendeudamiento del Estado ecuatoriano (debe unos 60.000 millones de dólares) o que tiene un déficit fiscal de 3.000 millones y no cuenta con liquidez en la caja fiscal como para afrontar nuevos gastos, detrás hay cerrazón ideológica para buscar una superación de un modelo que se ha mostrado ineficiente, especialmente en lo social y ambiental.

La Conaie, por otro lado, se ha negado a dialogar, aduciendo que lleva un año sin respuestas a sus demandas. Iza afirmó, en una entrevista a Reuters, que los manifestantes indígenas creen que el “guion impuesto por el FMI” era seguido con demasiado "rigor" por las autoridades ecuatorianas y estaba empeorando los efectos económicos causados por la pandemia del COVID-19 entre los pobres… "El Gobierno quiere gobernar fijándose en los números positivos… No se puede sentar al diálogo cuando en respuesta los manifestantes son reprimidos durante sus protestas”. También le ha pedido al presidente Lasso que escuche los reclamos de quienes protestan y le sugirió "tener cinco sentidos para entender la realidad de la mayoría del pueblo ecuatoriano". "Estamos viviendo absolutamente en la crisis y (...) no soportamos más". No obstante, Iza ratificó las vías establecidas para resolver sus demandas, siempre y cuando el Gobierno garantice los derechos de los movimientos.

Al final y más allá del llamado de la ONU a la paz, a bajar las tensiones, a buscar caminos de diálogo y respetar los derechos a manifestarse pacíficamente, el punto muerto a que ha llegado una posible negociación y la continuidad de la protesta (“Nosotros, el movimiento indígena del Ecuador, hemos decidido mantenernos en la lucha y en resistencia, como un derecho de los ecuatorianos”, dijo Iza recientemente en una aparición inesperada desde Quito – El País, 21/06/2022), ha redundando en una mayor crisis de la gobernabilidad democrática, entendida esta como la disfuncionalidad de las instituciones para solucionar democráticamente los conflictos y que ponen en evidencia las tensiones existentes entre los requisitos de la democracia y los de la gobernabilidad. Si no hay un cambio, esto abre puertas que debilitan más la gobernabilidad democrática con una posible destitución del presidente Lasso por una mayoría opositora en el Congreso y/o una mayor militarización del conflicto ante la imposibilidad de su control en función de una cierta estabilidad. El corolario de esta historia que se repite no sólo en Ecuador, entonces, es que es hora que las elites escuchen y se reconecten con la sociedad; abajo hay ebullición social.

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