La élite y su histórica oposición a democratizar derechos sociales

No es necesario ser muy agudo para saber lo que está detrás de la campaña del Rechazo: la voluntad de la élite de mantener estructuras económicas y políticas que le aseguran situaciones de privilegio, de evitar que el pueblo acceda a determinados derechos sociales y, tal vez lo más importante, de negarse a aceptar que haya sido ese mismo pueblo el que decidiera cómo cambiar la Constitución de 1980.

Por desgracia no es esta la primera vez que asume esta actitud. Su oposición a democratizar derechos sociales ha sido frecuente en la historia republicana de Chile.

A fines del siglo XIX e inicios del XX estalló lo que se conoce como “la cuestión social”. Miles de obreros comenzaron a reivindicar mejoras en sus condiciones laborales y de vida. Jornadas diarias de 12, 14 o 16 horas de trabajo eran normales. En las faenas mineras de Lota y Coronel llegaban a 24 y hasta 36 horas los fines de semana.

Esto desató una seguidilla de huelgas, algunas emblemáticas, como la huelga general de 1890, la de Valparaíso de 1903, la “de la carne” de 1905 y la de Santa María de Iquique de 1907. Emblemáticas, no solo por su alcance, sino también por la brutalidad con que la élite las reprimió, en especial esta última.

En el período 1902-1908 se registraron 84 huelgas y de 1910 a 1924 hubo 467. Chile vivía una situación social y política insostenible. Sin embargo, la élite discutía sin apremio las “leyes sociales” en el Parlamento. En 1904 se promulgó la “Ley de la silla” (que permitía a dependientes de tiendas disponer de una silla para descansar), en 1906 la de habitaciones obreras y en 1907 la de descanso dominical. Arturo Alessandri, en 1924, logró aprobar un impuesto a la renta, pero ningún argumento pudo convencer a la élite de que este debía ser progresivo, es decir, que quienes ganaran más, pagaran más. Nada, a sus ojos, fundamentaba tamaña injusticia, no era su responsabilidad que muchos ganaran poco.

Recién en septiembre de 1924 y producto de la revuelta militar de la oficialidad joven, conocida como “ruido de sables”, el Congreso apuró el tranco y en dos días aprobó ocho leyes sociales. A contrapelo y asustado ante los militares.

Mucho más tarde, en la segunda mitad de la década del 60, cuando el pueblo nuevamente comenzó a mover la línea de sus derechos y a sacudir las estructuras de privilegios, la élite desató su furia, hasta derrocar a Salvador Allende. Esta vez, en complicidad con la oficialidad superior de las Fuerzas Armadas.

En ese momento, y amparada en la violencia, no vio inconveniente alguno en eliminar muchos de los derechos sociales conseguidos y, menos, en entregarlos a un mercado que quedaría a su cargo y que le aseguraría suculentas rentabilidades, con negocios tan lucrativos como crueles, hechos con la salud, las pensiones, la educación, el agua y otros.

Ello fue amarrado con la Constitución de 1980, ratificada en un plebiscito que el mundo reconoce como fraudulento. Pero la élite no tuvo muchas dudas en suscribirla y luego, durante la Transición, tampoco las tuvo para sentarse a maquillarla, sin preguntar mucho si esta nos unía o nos dividía.

Ahora, tras cuarenta años, el pueblo de nuevo amenaza con correr tenuemente la línea de sus derechos y de los privilegios. Pero eso ha bastado, una vez más, para despertar su ira. En especial, porque no fue ella la que escribió la nueva Constitución, sino ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes.

No es difícil, visto en perspectiva histórica, entender la vocación de parte importante de la élite por el Rechazo. Por lo mismo, pienso que las preguntas respecto de posibles futuras reformas están equivocadas. Creo que la pregunta correcta no es qué pasará si gana el Rechazo, ya que la respuesta es obvia: la élite (no solo de derecha) retornará a una política que negocia migajas contra mendrugos, haciendo uso inclemente de su veto en el Parlamento y en el Tribunal Constitucional.

Por ello, creo que las preguntas correctas son otras: ¿hasta dónde llegará para intentar que gane el Rechazo? Y, sobre todo, ¿a qué está dispuesta, en caso de que venza el Apruebo?