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Oferta de la derecha: genérica y sin siquiera sumar a todo el sector

por 18 julio, 2022

Oferta de la derecha: genérica y sin siquiera sumar a todo el sector
Como la derecha ha dejado entrever que la discusión será en el Congreso, una de las principales debilidades de la propuesta es que esta declaración de intenciones no fue suscrita por el Partido Republicano. El partido de Kast –ausente en esta etapa– no solo se ha opuesto sistemáticamente a cambiar el texto actual, sino que además cuenta con una bancada de 15 diputados y 1 senador. Esto significa que los republicanos puede inclinar la balanza en cualquier votación de un articulado, además de lograr alinear a los grupos más conservadores de RN y la UDI. En síntesis, la oferta de última hora de la derecha pareciera ser más bien una estrategia de campaña, con titulares atractivos, pero ninguna sustancia y con pocas pistas sobre el contenido real.
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Con una habilidad elogiable –contando con el auspicio de algunas figuras de la ex Concertación– e incluso mucho antes de que se conociera el texto de nueva Constitución, la derecha logró instalar el concepto de “rechazar para reformar”. Una estrategia exitosa, sin duda, porque no necesitó dotarlo de contenidos, ni tampoco explicitar qué significaba, luego de oponerse, por décadas, a cambiar artículos fundamentales de la Constitución redactada entre cuatro paredes y firmada por Augusto Pinochet. Más allá de las modificaciones posteriores, el pecado original se mantiene vigente por más de cuarenta años.

Como ha deslizado el presidente de la UDI, Javier Macaya, el pasado de la derecha los condena. El 100% de sus parlamentarios –más la abstención de dos DC– se opuso a la propuesta de Michelle Bachelet –paradójicamente, es la derecha la que hoy intenta levantar esa opción– y luego promovieron y votaron, mayoritariamente, Rechazo en el plebiscito de entrada en 2020. Por algo, después apenas obtuvieron 37 convencionales (23,8%) de un total de 155.

¿Por qué el país tendría que creerles ahora? Presionados para explicitar hasta dónde están dispuestos a llegar –o correr el cerco–, hace unos días, entregaron un breve texto con los titulares de lo que sería su “oferta” post 4 de septiembre, en el caso de que gane el Rechazo. Un poco antes, los centros de estudios ligados y financiados por la derecha –partiendo por el CEP– adelantaron los puntos que estarían abiertos a negociar: Estado social, bicameralismo y reconocimiento de pueblos originarios (PP.OO.), etc.

Sin embargo, advirtieron que no es necesario contemplar derechos de la naturaleza. Luego vendría la propuesta de un senador de RN. Este presentará un proyecto de ley para que 30 días después de que, eventualmente, gane el Rechazo –algo que dan como una certeza–, el Presidente convoque, vía Decreto Supremo, a una comisión de expertos para que elaboren un nuevo texto en 7 meses, para ser plebiscitado 60 días después. Es decir, aproximadamente en julio o agosto de 2023. Todo de nuevo, pero en vez de 155 personas elegidas democráticamente, esta vez sería con un grupo de académicos escogidos por las universidades del país. Y, claro, el parlamentario adelantó cuáles serían los puntos principales: Estado social, protección de la naturaleza, asegurar el agua para consumo humano –ya consagrado en el texto entregado el 4 de julio–, equidad de género e inexpropiabilidad de fondos de pensiones, algo que se ha desmentido hasta el cansancio, porque no está incluido en la propuesta de nueva Constitución.

¿Qué es lo que plantearon los partidos Evópoli, RN y la UDI? Un listado general de temas, sin precisiones, ni menos la forma ni el lugar en que se llevará a cabo esta nueva discusión. No obstante, todo indica –¿por qué no lo quieren explicitar?– que sería en el Congreso. Solo recordemos que, en el plebiscito de entrada, de manera rotunda la ciudadanía rechazó la fórmula mixta y que hoy existe un virtual empate en el Parlamento. Es decir, una declaración de buenas intenciones, porque saben que en ese escenario tienen todas las de ganar.

La oferta de la derecha contiene Estado social (ya aprobado en la CC, excluyendo la plurinacionalidad), modernización de los derechos fundamentales (¿cuáles?), más democracia y participación (¿de qué tipo?), nuevo presidencialismo, “defensa del Senado”, protección decidida del medio ambiente (¿eso incluye los derechos de agua?), diversidad, igualdad, descentralización y desarrollo solidario de las regiones (¿?), reconocimiento de los PP.OO., igualdad ante la ley, fortalecimiento del Poder Judicial (¿?), Estado íntegro, transparente y profesional con visión de futuro (¿?) y economía social de mercado al servicio del desarrollo, crecimiento equitativo y del término de los abusos. De paridad de género, nada se dice.

Por ahora se trata de una oferta genérica, con muchas ambigüedades, que deja la sensación de que, cuando se deba discutir en términos concretos, desatará un duro choque de visiones de la sociedad, como el definir en la Constitución la “economía social de mercado”. Pero, además, como la derecha ha dejado entrever que la discusión será en el Congreso, una de las principales debilidades de la propuesta es que esta declaración de intenciones no fue suscrita por el Partido Republicano. El partido de Kast –ausente en esta etapa– no solo se ha opuesto sistemáticamente a cambiar el texto actual, sino que además cuenta con una bancada de 15 diputados y 1 senador. Esto significa que los republicanos pueden inclinar la balanza en cualquier votación de un articulado, además de lograr alinear a los grupos más conservadores de RN y la UDI.

Supongamos que la derecha es capaz de demostrar que la voluntad de cambio expresada esta vez es cierta –pese a que su propia historia dice lo contrario, incluyendo el plebiscito de entrada, el proyecto de Bachelet y otros momentos–. Además de estar abierta a cambiar aspectos estructurales de la sociedad y tocar intereses poderosos –como en el caso de los derechos de agua–, tendría que contar con los votos suficientes para aprobar los cambios. Eso implicará llegar a acuerdos con el centro político y la izquierda. Pensemos que el proyecto de los 4/7 se aprueba. En cualquier escenario, en la Cámara la derecha aportará solo 52 de los 67 votos con que cuenta el sector. Y en el Senado –hoy existe un empate–, por tanto, Rojo Edwards puede ser dirimente. Vaya paradoja.



En síntesis, la oferta de última hora de la derecha pareciera ser más bien una estrategia de campaña, con titulares atractivos, pero ninguna sustancia y con pocas pistas del contenido real. ¿Qué significará “defensa decidida del medio ambiente”?, cuando, por ejemplo, los 12 senadores del sector votaron contra la idea de legislar el proyecto de Reforma Constitucional sobre el dominio y uso de las aguas. ¿Qué significará “modernización de los derechos fundamentales”?, cuando en el capítulo derechos fundamentales, de los 37 convencionales de derecha, solo 1 votó a favor de que el Estado garantizara la seguridad social de los chilenos. Y, claro, para rematar, la oferta tampoco cuenta con todos los votos del sector.

En el escenario que sea –gane el Apruebo o Rechazo–, veremos si la derecha esta vez es capaz de cumplir con una promesa de campaña bastante pobre, genérica y que no cuenta con el apoyo de Republicanos. Sin embargo, la apuesta del sector, de que la discusión se lleve al Congreso –donde tienen la sartén por el mango–, sufrió un duro golpe después de que el Presidente, en una jugada de ajedrez, anunciara que, de ganar el Rechazo, el Gobierno se jugaría por una nueva Convención. Capaz que, ahora, a la derecha se le empiecen a pasar las ganas de tanto cambio.

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