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Su inexperiencia en la gestión pública, los repetidos cambios de gabinete y las acusaciones de corrupción le han pasado la cuenta al mandatario. Ha sobrevivido a dos pedidos de vacancia en el Congreso, pero su futuro se vislumbra incierto.
El Presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, cumple hoy, 28 de julio, su primer año de gobierno en medio de un clima de inestabilidad política e incertidumbre, lo cual se traduce en una seria amenaza a la gobernabilidad democrática en el vecino país que ha visto desfilar en el último lustro cinco mandatarios.
Hace ya un año, Castillo, un profesor rural de 52 años del departamento de Cajamarca, y quien se hizo conocido como sindicalista, llegaba a la Casa de Pizarro reflejando el deseo ciudadano de terminar con el período de ingobernabilidad en Perú. Sin embargo, esa esperanza de cambios se desvaneció rápido. En estos 12 meses el Mandatario ha enfrentado dos mociones de destitución en el Congreso por “incapacidad moral permanente”, ha cambiado cuatro veces a su gabinete y ha reeditado muchos de los errores de sus antecesores, en especial los escándalos de corrupción.
A lo anterior, se ha sumado un clima de agitación social con masivos paros de mineros, transportistas, profesores y otros gremios, y la protesta de la población por el alza generalizada de los precios de los combustibles y productos básicos. Tampoco ha podido cumplir sus promesas de campaña, como: una asamblea constituyente, una reforma profunda al sistema de gobierno, al sistema universitario, una nueva reforma agraria y un sistema de salud único, todas rechazadas por el Congreso.
Castillo, quien ganó en junio del año pasado un balotaje a Keiko Fujimori, en una elección polarizada y ensombrecida por acusaciones de fraude electoral, no tuvo un inicio de gestión fácil. Al contrario, la oposición de derecha fujimorista le negó legitimidad y, además, las expectativas de un sector importante de la población ya eran muy bajas cuando juró su cargo, debido a la improvisación de su candidatura y las posiciones radicales del partido que lo apoyó: Perú Libre, dirigido por Vladimir Cerrón, conglomerado que le brindó su estructura y financiamiento, y además lo blindó en el Parlamento de las dos mociones de vacancia. Perú Libre es un partido de izquierda con alguna presencia regional, pero sin grandes cuadros, sin mayor experiencia política e incluso cuestionado por algunos casos de corrupción. Además, en el curso de estos doce meses el conglomerado oficialista, que tenía inicialmente una base de apoyo de 37 congresistas, se terminó fracturando en tres bancadas. El grupo que responde a Cerrón le pidió la salida a Castillo de sus filas, acusándolo de «haberse distanciado del ideario del partido implementando un programa neoliberal perdedor”.
Otro de sus principales apoyos; Verónika Mendoza, líder de la coalición progresista Juntos por Perú, también le lanzó críticas a Castillo, diciendo que “el gobierno no solo ha traicionado sus promesas de cambio, ahora repite el método de resolución de conflictos de la derecha”.
“Para entender este primer año del Presidente Castillo tan conflictivo e inestable, tenemos que remitirnos al pasado quinquenio de ingobernabilidad y crisis permanente. La elección de Castillo fue una expresión de expectativas y a la vez de desencanto de la población con la clase política tradicional. Representaba un cambio, alguien que encarnaba a un maestro rural, ajeno al desgastado mundo de la política, es decir, una ilusión un poco a ciegas, pero obviamente sin un respaldo duradero y efectivo”, señala Francisco Eguiguren, exministro de Justicia en 2011 durante la gestión del ex Presidente Ollanta Humala, exembajador y abogado constitucionalista limeño. El experto recalca que Castillo llegó al gobierno sin ninguna experiencia política ni administrativa previa, lo cual se refleja en una gestión a la deriva, con un escaso control de su agenda política y una falta de competencia en las tareas de gobernabilidad, negándose a formar alianzas con otros sectores progresistas. Por lo tanto, prontamente en la ciudadanía se formó la impresión de que el Mandatario no está a la altura de su cargo y se le acusa de gobernar de forma irresponsable e improvisada.
“Ni el Presidente ni sus socios políticos esperaban ganar las elecciones y no contaban con un equipo mínimo de profesionales conocedores del funcionamiento del Estado y de la gestión pública en ninguna materia. Y es así como se han ido rotando en puestos ministeriales a personas cercanas o del entorno del Mandatario, pero casi ninguna con capacidad profesional o experiencia en asuntos de gobierno”, añade Luis García-Corrochano, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Lima.
El panorama para Castillo se puso todavía más cuesta arriba, porque a todo lo anterior se suma que enfrenta un complejo escenario judicial. El mandatario, quien fue electo por enarbolar precisamente la bandera de la lucha contra la corrupción, es investigado por la fiscalía que ha encontrado indicios de que el Jefe de Estado habría encabezado una organización criminal que se benefició con coimas a empresarios que el año pasado ganaron irregularmente licitaciones de obras públicas, caso conocido como Sarratea. El exministro de Transportes, Juan Silva; el ex secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco; y un sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo huyeron de la justicia. Otros tres investigados pertenecientes al entorno del Mandatario están prófugos.
Castillo, quien tiene el triste mérito de ser el primer Presidente de la historia de Perú que es investigado aún en funciones, el viernes pasado sumó una nueva acusación, puesto que la fiscalía anunció que iniciará una investigación preliminar contra el jefe de Estado por los presuntos delitos contra la administración pública y tráfico de influencias por el caso Petroperú. Este se refiere a una licitación por 70 millones de dólares ganada por Heaven Petroleum Operators (HPO), proveedora de Petroperú.
Esta es la quinta investigación al primer mandatario por el Ministerio Público en la que, entre otros casos, se cuentan ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También fue acusado de traición a la patria por sus declaraciones de querer otorgar mar a Bolivia.
Ante los señalamientos de corrupción en su contra, Castillo desmintió haber cometido algún acto ilícito y que tampoco ha participado en situación alguna que haya buscado favorecer intereses particulares. Sin embargo, el pasado martes 19 en la noche, designó sorpresivamente al abogado Willy Huerta Olivos como ministro del Interior, el séptimo en esa cartera en un año, en reemplazo de Mariano González, un día después que éste creara un equipo especial de la policía para apoyar a la fiscalía en las indagaciones a las personas del entorno del Mandatario investigadas por corruptelas. González duró apenas 15 días en su cargo y tras ser cesado dijo que “no me cabe ninguna duda que el Presidente está involucrado en casos de corrupción”.
Los constantes errores y los casos de corrupción han mermado más la baja popularidad del Presidente, quien es rechazado por el 74% de la ciudadanía, es decir, tres de cada cuatro peruanos, según una encuesta de El Comercio-Ipsos.
Recientemente, el Congreso aprobó con 72 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones, el informe final de su comisión de Fiscalización sobre el caso Sarratea, que recomienda realizar una acusación constitucional contra Castillo por los delitos de organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y colusión. El proceso pasa ahora a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que debe iniciar una investigación del caso para que pueda llegar a la Comisión Permanente y luego ésta acuse a Castillo ante el Pleno.
Las sanciones de este procedimiento son la suspensión del cargo, destitución e inhabilitación. Sin embargo, para que sea declarada la vacancia de Castillo se necesitan 87 votos de los 130 congresistas, sufragios que hasta ahora la oposición de derecha y centro derecha no tiene.
Para el analista limeño Omar Awapara, es difícil pensar que el Presidente vaya a terminar su mandato, porque continuará asediado por las investigaciones judiciales que ya están abiertas, y eso lo seguirá debilitando políticamente. “Si en el Congreso surge una lista de consenso que se presente como una alternativa viable y factible para liderar una transición y nuevas elecciones, entonces es posible que haya un final anticipado del gobierno de Castillo”, dice.
García-Corrochano pronostica un segundo año muy turbulento para Castillo, marcado por las maniobras de su gobierno para mantenerse y de la oposición para forzar su salida. “Veo un statu quo sumamente precario. De todas formas, las elecciones regionales y municipales de octubre próximo serán un termómetro de la situación de las distintas fuerzas políticas y a partir de ahí se puede elucubrar acerca de una posible vacancia del Mandatario”, manifiesta a este medio.
Lo evidente es que el panorama político futuro se vislumbra volátil e incierto para Perú.
