Opinión
Hay que comprender que los medios de comunicación son empresas informativas, ya sea grandes empresas o pymes. Esto significa que también se regulan por criterios y variables económicas, tanto los medios comunitarios o independientes como los hegemónicos. Es un error, entonces, dejar fuera del debate estos aspectos, como suele hacerse desde el lado de los medios comunitarios o alternativos, desatendiendo las condicionantes económicas. En síntesis, estamos frente a un problema tanto simbólico como económico y político, tanto del capital cultural como financiero. La disputa debemos entenderla en la complejidad, al menos, de ambos frentes.
El debate sobre los medios de comunicación en Chile enfrenta dos grandes problemas, a saber, qué entendemos por información, en tanto producto y mercancía, y el carácter altamente ideológico de los argumentos.
Lo anterior implica, considerar el lugar de la información en el marco de un modelo económico y político concreto. Por lo tanto, el enfoque ha de ser multidisciplinario y abordar tanto el plano semiodiscursivo y simbólico como la materialidad en la que se juega el día a día de la información que circula profusamente.
Por otra parte, a mi juicio, la intensidad del debate da cuenta de lo que está en disputa en el ámbito político e ideológico, de otro modo no asistiríamos a las reacciones que hemos visto estos días, tanto de la ANP como de la Cámara de Diputados, a propósito de la mesa de trabajo sobre la estructura de los medios en Chile.
En efecto, cuando analizamos las posiciones de uno y otro lado, especialmente las mutuas acusaciones de “ideologización” que circulan en los propios medios, debemos entender que, precisamente por ello, se trata de un problema ideológico; sin perjuicio de las posiciones políticas presentes, que no porque no es precisamente esta visión de lo ideológico que me interesa.
En este sentido, es conveniente explicitar los lugares desde los cuales se enuncia cada posición, además del contenido de la posición misma, es decir, entender los argumentos en tanto ideologemas que vehiculan esas posiciones.
De esta manera, lo primero es comprender que los medios de comunicación son empresas informativas, ya sea grandes empresas o pymes. Esto significa que también se regulan por criterios y variables económicas, tanto los medios comunitarios o independientes como los hegemónicos. Es un error, entonces, dejar fuera del debate estos aspectos, como suele hacerse desde el lado de los medios comunitarios o alternativos, desatendiendo las condicionantes económicas.
En síntesis, estamos frente a un problema tanto simbólico como económico y político, tanto del capital cultural como financiero. La disputa debemos entenderla en la complejidad, al menos, de ambos frentes.
Puesto este marco general, lo segundo es retomar el carácter de la información, en el supuesto claro, que pensemos que el principal producto de los medios de comunicación es la información (y, por lo tanto, desinformación, fake news, etcétera).
Si es así, hay al menos dos modos de entender la información que circula en los medios, a saber, como bien social de responsabilidad más colectiva, lo que se traduce, a su vez, en la información como un derecho de las personas a ser informadas. El otro modo es entender la información como un bien de consumo de responsabilidad individual, en cuyo caso se trata de la capacidad de los medios a expresarse libremente.
Ambos modos, me parece, están en disputa, sin lograr acercamientos. Más bien han sido asumidos para defender posturas económicas y políticas más amplias.
En el primer caso, se trata de priorizar el derecho a una información de calidad, con énfasis en este derecho de las personas. En el segundo caso, se trata de priorizar el derecho al libre flujo de la información en los medios.
Ahora bien, lo que observamos en Chile, claramente, es el predominio de un modelo centrado en el libre flujo de información, cuyas consecuencias más visibles son la masificación de la desinformación y las noticias falsas, así como la consolidación de la audiencia como mercancía de los medios, la cual permite, por cierto, el financiamiento a través del mercado de la publicidad. Los públicos, de esta forma, han sido reducidos a relaciones principalmente económicas.
En el caso de la segunda posición, no obstante, también encontramos algunas consecuencias indeseadas, como es el caso del riesgo permanente a caer en la censura previa y vulnerar así el principio de la libertad de expresión.
Estas patologías informacionales, junto a otras, también impiden avanzar en el debate, porque polarizan las posiciones en un registro ideológico y promueven escaramuzas basadas en un falso dilema.
De este modo, por ejemplo, cada vez que se habla de la necesidad de exigir información de calidad inmediatamente se traduce esto como un intento regulatorio y, por lo tanto, de censura. De forma similar, cuando se habla de proteger la libertad de expresión se interpreta automáticamente como una expresión del capitalismo neoliberal.
Si no acercamos posiciones, no habrá avances. Si no nos abrimos a escuchar los argumentos del otro sin atribuirle un sesgo político a priori, se mantendrá el actual ecosistema de medios que, entendemos, debemos superar para garantizar la calidad informativa sin vulnerar la libertad de expresión.
Finalmente, para no evitar las preguntas incómodas, cabe plantear el rol que tiene el estado en todo esto. Diría que principalmente dos: garantizar una pluralidad de la propiedad de los medios en el sistema y asegurar un pluralismo en el tratamiento de los contenidos de los medios. La pluralidad implica, de una parte, “emparejar la cancha” estableciendo condiciones para la existencia de una diversidad de medios, que representen a los distintos grupos políticos y culturales; en tanto que el pluralismo supone lograr que los contenidos, además de la necesaria libertad de su propia expresión, no constituyan un modo de ejercicio de la hegemonía de unas posiciones privilegiadas por sobre otras con menos acceso.
