“No se mueve ni un gramo de litio sin que yo lo sepa”

Pocos discuten que el legado jurídico/regulatorio de la dictadura genera división, y que es conveniente ir avanzando en forma progresiva hacia fórmulas consensuadas en democracia. Por lejos el ejemplo más conspicuo es la Constitución: aun cuando fue aprobada con un 67% en el (muy opaco) plebiscito de 1980 y reformada mediante un plebiscito ratificatorio que aprobó el 94%, y aun cuando desde entonces ha experimentado 59 modificaciones aprobadas en democracia y ya no es mucho lo que queda de la original, el sello “dictadura” en su acta de nacimiento la vuelve intragable para la mayoría.

Pues bien, considere ahora el Decreto Ley 2.886 de 1979:

-Nunca ha sido modificado.

-Fue pensado por militares con lógica de la Guerra Fría entonces imperante.

-Sus disposiciones están obsoletas desde un punto de vista tecnológico.

-Y, por supuesto, luce muy campante el sello “dictadura”.

Cualquiera predeciría que habría acuerdo casi unánime por repensarlo, en especial en la izquierda, ¿no?

Pues no. Más aún, son los sectores más liberales (los más chicagoboysianos, si se quiere) quienes claman por su derogación, y los más afines al oficialismo, quienes más cómodos se sienten defendiendo este legado del tirano, de paso postergando miles de millones de dólares en tributos.

Porque lo que hace el Decreto Ley 2886 de 1979 no es desterrar marxistas-leninistas a Tombuctú, sino que declarar al litio, uranio y torio como recursos estratégicos reservados para el Estado. A diferencia del cobre, plata o cualquier otro mineral, no son concesibles. A lo sumo, su majestad Estado puede dignarse a otorgar graciosamente contratos de arriendo en sus pertenencias. Esos son los que explota SQM, pero con el temor siempre latente de que un mal día su majestad se levante con el pie izquierdo y no los renueve.

Pero ¿por qué la tríada la completan el uranio y el torio? Exactamente, por lo que ya sospechaba tras la mención del escalofriante uranio: fueron catalogados como materiales de interés nuclear. Por eso el decreto señala que “no podrán ser objeto de ninguna clase de actos jurídicos sino cuando ellos se ejecuten o celebren por la Comisión Chilena de Energía Nuclear”.

Es verdad que el litio ha jugado un rol en las bombas de hidrógeno y en reactores de sal fundida, y que podría desempeñarlo en futuras centrales de fusión. Pero el litio es un elemento abundante, ampliamente disponible. Sí, aquí están las reservas de mejor calidad, pero escaso no es. Si se trata de obtener unos pocos kilos para una bomba de hidrógeno, créame que no va a ser difícil en un mundo que produce 105.000 toneladas anuales.

Podemos seguir atados a la lógica obsoleta de la Guerra Fría impuesta por una dictadura militar. O, bien, mucho más astuto, emular a los australianos, quienes –libres de cualquier atadura ideológica– tratan al litio como una oportunidad productiva como cualquier otra. Se han zambullido con todo en el boom, conscientes de que a la vuelta de la esquina una nueva tecnología cierra esta ventana de oportunidad. De producir menos que nosotros en 2012, hoy más que nos duplican. No solo Australia: ni en Argentina, ni en Canadá, ni en Estados Unidos existe esta rareza. El litio es siempre un mineral como cualquier otro. Somos bichos raros a nivel mundial no solo por echarle palta al sushi y melón al vino, sino también por nuestro excéntrico tratamiento jurídico del litio.

¿No será hora ya de caducar este yugo que nos calzó Pinochet, allá por la lejana década de Fiebre de sábado por la noche?