Alta aprobación de las policías y las Fuerzas Armadas: confianza de la ciudadanía por cumplimiento del deber

En la reciente encuesta N° 460 de Plaza Pública Cadem, las dos policías y las Fuerzas Armadas lograron una importante aprobación y muestras de confianza de la ciudadanía, que las dejaron, como ha sido tradicional, en la parte alta de la tabla del sondeo que evalúa a instituciones nacionales y que lidera Bomberos. La encuesta incluye al menos 22 organizaciones, entre instituciones y partidos políticos. La PDI está en el segundo lugar general con un 81%, seguida por la Marina con un 74% (4° lugar), la FACH con un 73% (5° lugar), Carabineros con 73% (6° lugar) y el Ejército con un 67% (7° lugar).

Nunca ha estado muy claro cómo es que el público responde, o en qué basa la respuesta a la pregunta «¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo que está desempeñando…?». Lo que sí está claro, después del seguimiento de una serie de al menos 5 años de encuestas, es que las instituciones de la Defensa y las policías tienen resultados que generan confianza en la ciudadanía, muy por sobre las instituciones que conforman los poderes Ejecutivo y Legislativo, partidos políticos, sean de Gobierno u oposición, como también por sobre quienes componen el Sistema Judicial (Tribunales y Cortes de Justicia, Ministerio Público y Tribunal Constitucional).

Tener claro qué factores mueven los criterios de aprobación ayudaría a enfocar el esfuerzo de las instituciones, ya que su trabajo por definición requiere del apoyo y legitimidad de la sociedad. Pareciera que el diario y abnegado cumplimiento del deber, pese a todas las circunstancias que deben enfrentar y pensando solo en el bien del país, es una de las recetas del triunfo. En sentido contrario, sí se puede asumir que procesar a todos los excomandantes en Jefe y varios otros generales, sin llegar a acusar y menos fallar después de muchos años de juicios, sí afecta a la imagen de las instituciones y las desgasta. Asimismo, también afecta que haya políticos que acusan a generales y almirantes de no ser obedientes –y no deliberantes–, para después ser corregidos en su error por la Contraloría General de la República, como fue el reciente pronunciamiento, aunque muy tardío, en el caso del contraalmirante Parga, el cual pagó con el fin de su carrera una acusación incorrecta e infundada.

En el ambiente de inseguridad que vivimos en Chile, el aumento de 7 puntos en la aprobación de Carabineros ha sido algo muy celebrado y esperamos que se mantenga o bien siga incrementándose. El 5% adicional de la PDI pasó más inadvertido, pero no por ello es menos relevante en los tiempos actuales. Es importante destacar que estos aumentos de aprobación se dan fundamentalmente por su actuar firme y decidido en contra del crimen y no están vinculados con ningún tipo de refundación, reforma, plan de modernización o democratización.

Lamentablemente, el Ejecutivo –que es responsable por la seguridad pública y vigencia del Estado de derecho– no goza de alta aprobación y menos de confianza, lo que se suma negativamente al hecho de que no ha sido capaz de producir una estrategia clara, bien articulada y con objetivos medibles en esta materia. Tampoco tiene el Gobierno una trayectoria que lo avale en materias de orden público, delincuencia y vigencia del Estado de derecho, y el panorama se pone peor si agregamos que el Poder Judicial, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia son percibidos como parte del problema y no de la solución. Por esta razón, el tener policías con alta aprobación y legitimidad ciudadana es un tremendo capital. Por sí solo, este hecho no soluciona ningún problema, pero es un punto de partida muy sólido si se tiene la voluntad política para buscar soluciones.

Ante la realidad de los hechos y la presión de la opinión pública, el Gobierno ha cambiado su postura a lo menos en el discurso, pero falta moverse de las palabras a la acción decidida. Tal vez le falte entender que es el Gobierno, y no las policías, el responsable de la seguridad pública y la vigencia del Estado de derecho. Las policías solo son instrumentos especializados del Estado, que reportan al Ejecutivo, para que este último cumpla su mandato constitucional de dar paz y seguridad a los que habitamos en Chile.

Algo similar sucede con la Macrozona Sur, zona de Chile que va en su undécima prorroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, lo que implica que buena parte de ese territorio esté al mando de oficiales generales de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la mala definición estratégica de declararlo por mucho tiempo un problema policial, elevado a terrorismo en la visita del Presidente a Temuco, que debe ser atendido y dirigido por el Ministerio Público con el concurso de los Tribunales de Justicia, ha demostrado que no funciona y dudo que lo haga.

No funciona, no porque las Fuerzas Armadas no sean la solución adecuada o no tengan la aprobación y soporte de la opinión pública. No funciona porque el problema es mucho más que policial o policial/militar: es un problema de insurgencia armada, en donde a las FF.AA. se les esta usando para complementar respuestas policiales y no para hacerse cargo del hecho de que hay grupos armados subversivos que operan en esa zona y que no reconocen la soberanía del Estado de Chile, lo que queda más que claro en la zona de Temucuicui y otras más, en donde el Estado de derecho dejó de existir hace mucho tiempo y se habla de territorios liberados o recuperados, con leyes y autoridades propias.

En conclusión, le hace bien a Chile tener instituciones de la Defensa Nacional y a sus dos policías con altos niveles de aprobación, legitimidad y valoración ciudadana, pero ello, por sí solo, no es garantía de que las cosas vayan a estar mejor. El elemento irreemplazable es la decidida voluntad política de utilizar todo el poder del Estado para restablecer el Estado de derecho, la paz y la tranquilidad. Para ello, es urgente que el Gobierno haga los diagnósticos correctos, llame a las realidades por su nombre, sin eufemismos, y sobre esa base elabore las estrategias y soluciones adecuadas.