Inversión en Defensa y seguridad

Hace algunos días, Eduardo Santos ha publicado una columna de opinión titulada “La segunda Guerra Fría y el aumento del gasto en Defensa”, en la que insiste en uno de sus temas favoritos, a saber, una reducción masiva de la inversión en Defensa y la subsecuente disminución del tamaño y las capacidades de las Fuerzas Armadas. El estímulo a su columna proviene esta vez de la recientemente publicada National Defense Strategy of The United States of America-2022 y de los comentarios de un investigador del Royal United Service Institution del Reino Unido, vertidos en otro medio, cuya argumentación central, por lo demás muy plausible, es la necesidad de que Chile incremente su gasto militar, dadas las condiciones de seguridad propias del sistema internacional contemporáneo y sus efectos sobre el país.

Como algunos de los argumentos que esgrime ahora Eduardo Santos son diferentes y sus propuestas casi, diríase, novedosas, merecen algunos comentarios dentro del sano y necesario debate sobre la Función de Defensa, propio del quehacer académico.

Manifiesta en primer lugar el autor que el Tratado de Paz y Amistad con Argentina de 1984 y los fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 2014 –a propósito de la delimitación marítima con Perú y de 2018, referido a la demanda de Bolivia respecto de la obligación de Chile de negociar una salida soberana al océano Pacífico– habrían puesto fin de manera definitiva a cualquier disputa territorial que afecte los intereses nacionales y que, en consecuencia, el Libro de la Defensa Nacional 2017 habría acuñado una perspectiva de cooperación regional para la Defensa de Chile.

Ahora bien, las relaciones internacionales son esencialmente dinámicas, por lo que resulta temerario argumentar de modo tan categórico y definitivo respecto a su evolución, especialmente en el campo de la seguridad. Algo de eso aprendió Fukuyama. Por lo demás, el surgimiento del tema antártico y de la Plataforma Continental Extendida tal como lo ha planteado Argentina, sugiere una razonable prudencia al respecto. Situación similar ocurre respecto de Bolivia, donde el mandato constitucional en relación con la recuperación de su acceso soberano al Pacífico (artículo 267) mantiene plena vigencia, como, además, lo han planteado reiterativamente sus autoridades nacionales, lo que configura una disputa estratégica basal entre ambos países.

Es efectivo que el Libro de la Defensa 2017 contiene alusiones a una mirada regional de cooperación, pero lo hace como una suerte de afterthought, ya que su línea argumental básica está orientada, inequívocamente, a la disuasión como fundamento de la posición estratégica de Chile, sustentada en sus propias capacidades militares. A mayor abundamiento, las referencias regionales no se repiten en la Política de Defensa Nacional 2020 actualmente vigente, lo que plantea la inexistencia de consensos respecto a este tema, como sí se manifiestan respecto de la disuasión.

Enseguida, Eduardo Santos, luego de criticar la posición que adoptó Chile durante la Guerra Fría, plantea de manera un tanto perentoria que no deberá alinearse estratégicamente con Estados Unidos ante esta Segunda Guerra Fría y tampoco con China o Rusia. El estudio contrafactual de la historia siempre es interesante, por lo que sería atractivo especular si realmente hubo otra alternativa para el país en la atmósfera altamente polarizada de la confrontación Este-Oeste, con capacidades militares débiles y con una tradición de valores políticos democráticos y culturales propios de Occidente, además, por cierto, de su ubicación geográfica. En consecuencia, muy posiblemente el país no tenía otra opción, como, por lo demás, lo entendió la clase política al aprobar y luego ratificar el Pacto de Río y después el Tratado de Asistencia Recíproca con Estados Unidos.

En lo que respecta a su alineación actual, cabe mencionar que, como lo demuestra Schelling en su clásico Arms and Influence, las adquisiciones militares generan relaciones políticas y estratégicas profundas entre proveedor y Estado cliente, lo que se aplica en la especie a Chile respecto de Estados Unidos. Estas vinculaciones son de larga proyección y, por lo mismo, muy difíciles de modificar. Además, en este caso en particular, nuevamente se evidencia un sustrato de planteamientos doctrinarios comunes y valores e intereses compartidos en los esquemas y escenarios de seguridad de ambos países, por ejemplo, en el Indo-Pacífico.

Respecto a las alternativas que propone Eduardo Santos a la mantención de al menos los actuales niveles de inversión en Defensa, quizás la más discutible es su alusión a una responsabilidad compartida con otros actores regionales, lo que equivale a delegar la Función de Defensa en los demás, incluyendo los vecinos. Ahora bien, el Sistema Internacional (como lo argumentan Kenneth Waltz y otros) es básicamente un sistema de autoayuda, en el cual la responsabilidad primaria de la seguridad de cada Estado descansa en cada uno. Es una función primaria de toda sociedad organizada y, por lo mismo, no puede ser mandatada a otros países, salvo situaciones muy excepcionales, que en todo caso no se dan respecto de Chile.

Otro aspecto muy debatible de la argumentación de Eduardo Santos es su alusión a los weekend warriors (reservas). Es un planteamiento ingenioso y que tiene antecedentes en la historia militar chilena. Sin embargo, una reserva instruida, motivada y bien equipada requiere niveles de gasto considerables, lo que, objetivamente, contradice sus deseos de ahorro. Cualquiera que recuerde el comportamiento de los guardsmen en la película First Blood (Rambo), aunque un tanto estereotipado, podrá apreciar este punto.

En síntesis, los planteamientos de Eduardo Santos no parecen haber desvirtuado así, sin más, como él con gran entusiasmo argumenta, la necesidad de mantener al menos las actuales capacidades militares de Chile en un escenario de seguridad internacional altamente inestable, explosivo y muy polarizado y que, además, está socavando parte de las bases de su posicionamiento internacional basado en el Derecho Internacional. En este escenario, el país tiene intereses estratégicos relevantes tanto a nivel local cuanto en una perspectiva más global, lo que amerita no descuidar de ninguna manera sus capacidades de Defensa.