Opinión
Crédito: Agencia Uno
A pesar de que el nombre asignado al museo es un pleonasmo (pues todo museo, de una forma u otra, es una institución vinculada a la o las memorias), parte de las relevancias de este, en tanto trabajo de asignación de dispositivos técnicos del horror, se presenta como una importante instancia pedagógica de un período catastrófico nacional, y esto no puede atenderse, solamente, como un “capricho” político de contemporaneidad, o incluso coetaneidad de provecho coyuntural por parte de las organizadoras y los organizadores, y la conveniencia cultural que siempre es aprovechada por la “política profesional”.
Después de más de 21 horas de sesión, finalmente, la Cámara de Diputados aprobó parte del proyecto de ley del Presupuesto 2023 para Chile. La sesión no fue solo extensa, sino también polémica en la convocatoria, o espera de los votos de algunas y algunos diputados, así como también en las decisiones que se tomaron con respecto al resultado de la Cámara, resultado que ahora tendrá su última tramitación en el Senado.
En resumen, parte de las decisiones relevantes fueron el rechazo del aumento de $10.000 per cápita de la atención primaria en salud (rechazado solo por un problema técnico); rechazo de recursos destinados para enfrentar el crimen organizado y la política de migraciones; rechazo de la Pensión Garantizada Universal de 250 mil pesos; rechazo a la continuación del financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el rechazo al Programa de Patrimonio Cultural, en el cual se desarrollan organizaciones tales como la Fundación Salvador Allende, el programa Villa Grimaldi, Londres 38, Fundación Frei y el Museo de la Memoria. Me concentraré, particularmente, en el tema de este último museo.
El anuncio de la creación del Museo de la Memoria se da en la primera Presidencia de Michelle Bachelet en el 2007, siendo inaugurado a comienzos del 2010. Parte de los archivos que se integraron pertenecían a organizaciones de familiares y de organismos de defensa de los derechos humanos, los cuales fueron declarados como Memoria del Mundo” por la UNESCO. El Museo es una Fundación de derecho privado con un directorio de académicas y académicos con trayectoria en los temas vinculados a los derechos humanos.
A pesar de que el nombre asignado al museo es un pleonasmo (pues todo museo, de una forma u otra, es una institución vinculada a la o las memorias), parte de las relevancias de este, en tanto trabajo de asignación de dispositivos técnicos del horror, se presenta como una importante instancia pedagógica de un período catastrófico nacional, y esto no puede atenderse, solamente, como un “capricho” político de contemporaneidad, o incluso coetaneidad de provecho coyuntural por parte de las organizadoras y los organizadores, y la conveniencia cultural que siempre es aprovechada por la “política profesional”, la cual, por lo general, no ha mostrado, en los últimos 40 años, un real interés de base por la cultura, siendo esta usada como un artefacto simbólico de propaganda y no como inversión sensible para el potenciamiento sociocultural del país.
Sin embargo, parte importante de los procesos coyunturales e históricos se dan en los alcances pedagógicos, y es así como, más allá de los logros relativamente inmediatos de las oportunidades coyunturales por parte de muchos agentes y sistemas, el museo, en este caso se encuentra para responder a las constantes “nuevas” generaciones, las cuales, sin institucionalidad en el tema, pueden olvidar un pasado significante y significativo (esto es, para toda organización de la preservación de las memorias). Las interpretaciones archivísticas serán siempre inevitables, pero la base de momentos que se ha generado en un territorio funciona análoga a las teorías de ficciones en el sentido de que los dispositivos de dependencia deben conservarse constantemente para que las creaciones (en el caso ficcional) y las acciones (en este caso del horror de Estado) no queden remitidas, en un futuro no lejano, a estudiosos en el tema.
Es aquí donde la conjunción social y cultural, de todos los estratos posibles, son las que interactúan con la imaginería de los artefactos de memoria que “evidenciarán”, a través del tiempo, una estética de la catástrofe. De hecho, lo que planteo aquí lo dijo, con más claridad y simpleza, Bachelet en el discurso de inauguración del museo (2010), donde menciona que “… debemos aprender de lo vivido, pues es una oportunidad y un desafío que sólo es posible a partir de la memoria. Es decir, mediante el recuerdo de los contemporáneos y su transmisión a las nuevas generaciones”.
A pesar de que este museo y organizaciones vinculadas, y sincronizadas a lo mismo (Villa Grimaldi, Londres 38, Fundación Frei y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, al cual se le suprimió un presupuesto de cerca de 15 mil millones de pesos), reciben aportes no solo estatales (exceptuando posibles concursos que, al parecer, el 2023 tendrán que aumentarlos), el hecho político del rechazo presupuestario nos está mostrando un momento país, donde la capitalización de la fuerza (momentánea) de la derecha se ha estado haciendo transversal a los acuerdos y debilidades del oficialismo, donde este último, en su proceder, “estilo DC 2.0”, se encuentra en las mismas posiciones discursivas de lugares comunes de todos los gobiernos anteriores posdictadura, donde la relevancia patrimonial de las culturas sigue siendo un aparato de soluciones estéticas de conveniencia plebiscitaria.
La relevancia sobre los conocimientos (investigaciones culturales, científicas, artísticas, filosóficas, etc.) continúa siendo parte de los últimos eslabones en la cadena de inversiones, un error que, por ejemplo, Estados Unidos y parte de Europa solucionaron hace más de 80 años.
