Opinión
Las revisiones de las Cuentas Anuales presidenciales desde 1990 reflejan que es una institución sin finalidades claras, campo de acción variable e impreciso, organización anómala, personal inestable y presupuestos desequilibrados. No ha definido su rol en la sociedad y ha sido reactivo, sin tener iniciativas estables y claras en el tiempo.
Hasta la dictadura fue el principal actor del sector económico. Fijaba los precios relativos del país mediante su determinación y control de las cotizaciones, aranceles y, por lo tanto, los estímulos sobre qué, cómo y cuándo producir en un sistema muy reglamentado oficialmente. Si bien el ministro de Economía era el jefe, el de Hacienda era una suerte de Tesorero del Estado.
Con la dictadura todo cambió. Con la libertad de los mercados que empezaron a fijar autónomamente sus cotizaciones, se estableció un comercio exterior con decrecientes restricciones hasta llegar al arancel único sobre las importaciones y sin trabas para exportar. El sistema crediticio se hizo competitivo y con escasas normas oficiales. El poder económico se trasladó desde Economía, sin pega, hacia la dupla Hacienda-Banco Central.
En democracia la tendencia anterior se acentuó. Los ministros terminaron negociando sus tareas y la compañía de otro ministerio como trabajo adicional, dependiendo de las prioridades que determinaba cada gobierno y las urgencias del momento.
Las revisiones de las Cuentas Anuales presidenciales desde 1990 reflejan que es una institución sin finalidades claras, campo de acción variable e impreciso, organización anómala, personal inestable y presupuestos desequilibrados. No ha definido su rol en la sociedad y ha sido reactivo, sin tener iniciativas estables y claras en el tiempo.
La inestabilidad tiene muchos reflejos, como el cambio de nombre. En la actualidad es Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, así como las subsecretarías, que también se modifican.
En el actual Gobierno la tendencia anterior se ha mantenido y el ministro acaba de anunciar que la agenda de productividad se presentará en enero, después de 10 meses, lo cual dará origen a un importante intercambio de opiniones porque se ha carecido de antecedentes previos sobre ese tema, uno de los centrales para esta administración y el futuro del país.
Hay varios temas centrales en que el Ministerio debiera centrar su acción: a) las políticas de fomento productivo; b) las políticas sectoriales; c) la regulación de los mercados y el fomento de la competitividad, considerando la concentración existente; d) la protección de los consumidores.
Definir los objetivos centrales no solo es indispensable sino urgente, en la situación angustiosa que se encuentra Chile y su futuro: aguda inflación; más de una década sin crecimiento económico y próxima caída del PIB; baja inversión pública y privada; lento crecimiento de las exportaciones, que fue uno de los motores del progreso en los años de la Concertación.
En ese cuadro complejo, el Gobierno necesita definir con claridad sus prioridades en política económica, concentrando sus esfuerzos en aquellas y postergando otras de menor importancia. Para ello se requiere un esfuerzo en buscar acuerdos en los fines y los medios que se utilizarían, incorporando los nuevos temas propios de la modernidad actual, como son el medio ambiente, la transformación tecnológica, la innovación, el emprendimiento, el mundo indígena y otros.
En tal sentido, debiera estar clara la necesidad de diferenciar las tareas que le corresponden al ministerio –que son la formulación de políticas y el control de su realización–, de la ejecución de ellas, que deberían estar en entidades dependientes. En la actualidad esta separación no ocurre principalmente por la relación entre el Minecon y la Corfo, en que realizan ambas tareas sin la coordinación suficiente y las responsabilidades propias de cada una. No es la única anomalía, ya que de cada una dependen numerosas entidades y programas que deberían revisarse en una reestructuración del ministerio que debería enfrentarse con celeridad.
En la Ley de Presupuestos de 2022, la Corfo participa con el 47,6% de los recursos del Ministerio de Economía; Pesca y Acuicultura, el 10,8%; el Instituto Nacional de Estadísticas, el 10,5%; el Turismo, 5,3%; el Servicio de Cooperación Técnica, el 4,1%; y el Servicio Nacional del Consumidor, solo 2,8%.
Si se define que la tarea primordial del Ministerio de Economía es el Fomento Productivo, se necesita una difícil tarea de coordinación con otros ministerios que también cumplen esta función de fomento productivo en su sector, como son Minería, Agricultura, Obras Públicas, Telecomunicaciones y varias entidades con diferentes grados de autonomía.
Otro aspecto que requiere de importantes definiciones son las empresas públicas, en que la situación, si bien no es desordenada, es que trabajan con diferentes sistemas. Está el conjunto de las que operan con leyes orgánicas propias, como Codelco, ENAP, BancoEstado, TNC, Enami, Ferrocarriles, Metro y otras; a diferencia del conjunto que son dependientes de la Corfo en su Sistema de Empresas Públicas, de menores tamaños. Se trataría de establecer directrices centrales sobre sus sistemas de gobierno, la designación de los directorios y ejecutivos superiores, las formas de control y sus presupuestos.
La materia tiene importancia por los deseos de algunos dirigentes del Ejecutivo de crear más empresas públicas, sin mucha claridad acerca de qué producir, excepto el caso del litio y de la propuesta de crear un Banco del Desarrollo en un mundo donde no habría carencias de recursos, a pesar de que se podría entregar esta tarea a la Corfo y al BancoEstado, que cumplen parte de esta función y tienen la estructura legal, personal, recursos financieros y la clientela. Pero, en fin, hay que dejar que estos creativos traten de mejorar lo que se hace hoy, aunque para ello tengan que vender el sofá.
