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La relevancia de la sociedad civil en las políticas nacionales e internacionales Opinión

La relevancia de la sociedad civil en las políticas nacionales e internacionales

Samuel Toro
Por : Samuel Toro Licenciado en Arte. Doctor en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad, UV.
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En el mundo, y en Chile, a pesar de las diferentes situaciones de las OSC y ONG, existe una importante cantidad que ayuda a tensionar, positivamente, las políticas de Estado –excepto las que no se vinculan directamente a él– para que este no se quede en las omisiones o privilegie, en la agenda, otras políticas, sin percatarse de la importancia de las comunidades, la sociedad y la cultura en materias de defensa, aceleramiento y ayudas vitales de millones de personas que, muchas veces, no se enteran de estas urgencias, al menos de forma inmediata.   


En la formación de lo cultural y las “consecuencias” de derivaciones en las estructuras sociales y políticas que ejecutan y “ponen a prueba” lo “real” de los sistemas de convivencia, en tanto contratos sociales, nunca estas estructuras y formaciones (instituciones) han logrado dar con, o responder a, las necesidades y demandas de las “sociedades globales” o “grupos particulares”. Para esto último, lo que suele denominarse como “la sociedad civil”, tanto organizada como no, es y ha sido determinante en la mayoría de los importantes cambios históricos en los distintos territorios.

A pesar de que la nominación de sociedad civil es moderna, ya en la antigua Grecia, Aristóteles, en tanto noción esencial, la usaba para designar a los ciudadanos libres que podían incidir en lo político. Pese a haber pasado por diferencias de designación y método, a través de la historia, en la mayoría de las ocasiones (sobre todo desde la modernidad) se relaciona con lo civil desvinculado del Estado y la economía, esto, aunque en Chile, por ejemplo, el 70% de los presupuestos de las organizaciones de sociedad civil (OSC) reciben financiamiento del Estado (como lo menciona Lucía Santa Cruz), lo que ha generado algunas restricciones en la autonomía de las decisiones y en el monopolio de las organizaciones en relación con su supuesta “contractualidad” estatal.

Muchas de las OSC son ONG; en el mundo hay más de 10 millones. Según investigaciones de Jorge Balbis del 2019, el 10% de las OSC serían ONG, pues, en general, las ONG son grupos pequeños de ayudas directas y la búsqueda de soluciones fuera y dentro de las políticas estatales de cada país. En Chile existen cerca de 250 mil OSC, donde el porcentaje de ONG podría rondar más de 20 mil.

Si bien existen no pocas críticas a las ONG, muchas de ellas han prestado servicios de relevancia en el mundo entero y ayudado a mejorar condiciones de vida, particularmente en los territorios más vulnerables del planeta. A pesar de esto último, es necesario mencionar que no pocas han elevado los problemas más que disminuirlos. Esto se da en las organizaciones que, con intereses económicos o no (porque hay las que lo realizan por lucro propio), no conocen fuertemente la realidad donde se encuentran actuando, lo que hace que existan serios errores a la hora de disponer de ayuda en países del tercer mundo y segregar, o no considerar situaciones que no se enmarcan en el modelo preestablecido que la organización ya lleva de antemano como herencia conceptual de la historia de las conquistas, donde la imposición de la mezcla de intereses personalistas y las de ayuda, por ejemplo religiosa, han provocado mayor daño que beneficio en variados territorios.

Algo análogo ocurre con grandes ONG como Greenpeace, pues las negociaciones que realizan hace muchos decenios no han conllevado un mayor impacto en los problemas ecológicos de cada país; es tanto el nivel de negociación con Estados y empresarios que sus principios terminan enmarcándose en “soluciones” a la medida del control de daños de corporaciones, aun cuando el compromiso sea la reducción, por ejemplo, de emisiones contaminantes. Hoy, esto no soluciona el problema en las magnitudes que lo estamos viviendo. Bueno, esta última es solo un ejemplo de las perspectivas reformistas a las que no les alcanza el tiempo para los cambios que realmente se requieren. Muchas veces terminan siendo casi solamente negocios con una imagen corporativa de ayuda, y donde millones de voluntarios y voluntarias participan de ese error reformista.

A pesar de lo mencionado anteriormente, también existen las que, en el trabajo más pequeño, como organizaciones incorporan o logran soluciones para grupos, poblaciones y países enteros. En Chile, por ejemplo, el Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales (OPIP) logra “fiscalizar” o mantenernos informados sobre las prácticas policiales, para que estas tengan mayor transparencia civil. La Asociación de Víctimas de Violencia Rural da cuenta y trabaja directamente en los intentos de soluciones a una población muy dejada por el Estado hace más de 50 años, sin tener soluciones sustanciales hasta el día de hoy. MovidosxChile genera un importante aporte en la información expedita y eficiente a la ciudadanía frente a desastres y emergencias en Chile, colaborando con empresas y la sociedad civil frente a contingencias urgentes para la rápida ayuda frente a catástrofes.

Innovarte ONG, desde hace un buen tiempo defiende e impulsa políticas para los accesos vitales de variados temas para la ciudadanía en que no tienen acceso, como la salud por la sobreprotección de los derechos de propiedad con los que abusan grandes corporaciones multinacionales. Un ejemplo de esto último es una situación que la gran mayoría de la población chilena no conoce, y es el acceso a importantes medicinas de alto costo, las cuales bajarían, considerablemente (incluso llegando a ser gratis), si el país aplicara, por ejemplo, las licencias obligatorias, las cuales no transgreden los tratados internacionales, sino solo el bolsillo de grandes empresas, como Pfizer, la cual no ha permitido amparada en su derecho de propiedad intelectual el acceso a un importante medicamento para el COVID, el cual ya no es una vacuna, sino un medicamento oral.

En esta última ONG donde participan, en su mayoría, expertos abogados y abogadas en propiedad intelectual también trabajan para el acceso de la cultura y los conocimientos para toda la población, por ejemplo, a través de las importantes excepciones al derecho de autor que brindan mejoras en los accesos y participación de instituciones, particulares y toda persona que quiera o necesite de la información y los conocimientos para el fortalecimiento del bien común y público.

En resumen, en el mundo, y en Chile, a pesar de las diferentes situaciones de las OSC y ONG, existe una importante cantidad que ayuda a tensionar, positivamente, las políticas de Estado excepto las que no se vinculan directamente a él para que este no se quede en las omisiones o privilegie, en la agenda, otras políticas, sin percatarse de la importancia de las comunidades, la sociedad y la cultura en materias de defensa, aceleramiento y ayudas vitales de millones de personas que, muchas veces, no se enteran de estas urgencias, al menos de forma inmediata.   

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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