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Obispo Orrego 241: Ministerio de Bienes Nacionales decidirá el destino del ex centro de torturas de Ñuñoa

por 3 agosto, 2020

Obispo Orrego 241: Ministerio de Bienes Nacionales decidirá el destino del ex centro de torturas de Ñuñoa
Actualmente, la PDI pretende reformar el inmueble, una iniciativa rechazada por organismos de derechos humanos y organizaciones barriales que buscan que el Ministerio de las Culturas lo declare monumento nacional. El lugar es mencionado es un proceso judicial por el asesinato del estudiante de Periodismo José Jara, ocurrido en 1980, a manos de fuerzas de seguridad de la dictadura.
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El Ministerio de Bienes Nacionales, que encabeza Julio Isamit, deberá decidir el destino del inmueble de Obispo Orrego 241, comuna de Ñuñoa, donde ocurrieron violaciones a los derechos humanos en 1980, en plena dictadura militar.

Actualmente, la Policía de Investigaciones (PDI) pretende reformar el lugar, una cuestión que ha sido rechazada por la Red de Sitios de Memoria, que actualmente trabaja para pedir su declaratoria de monumento nacional al Ministerio de las Culturas.

El inmueble es mencionado como "casa de seguridad" en un fallo judicial del juez Mario Carroza, quien investigó las torturas que sufrieron en el lugar los estudiantes de Periodismo de la Universidad Católica, José Jara y Cecilia Alzamora, que estuvieron detenidos con una mujer de la tercera edad e incluso dos niños.

El primero, de 29 años y padre de un hijo, falleció a raíz de los tormentos. Ambos además estuvieron detenidos en el cuartel Borgoño de la comuna de Independencia, demolido y declarado monumento nacional en 2016.

Por este caso fueron condenados por torturas y homicidio los ex detectives Eduardo Rodríguez Zamora y Nelson Lillo Merodio a cinco años de presidio mayor en su grado mínimo.

Una "afrenta"

El pasado 28 de julio, la Red emitió una declaración donde señaló que la actuación de la PDI constituye un "hecho grave" y una "nueva afrenta contra la preservación y protección de los sitios de memoria en Chile".

Según el oficio Nº001804 del Departamento Jurídico del Gobierno Regional Metropolitano, la PDI solicitó al Ministerio de Bienes Nacionales la concesión gratuita del inmueble, con el objetivo de demoler la casa y habilitar allí un lugar para la vigilancia y seguridad de la ciudadanía.

"En este marco, la destrucción del inmueble de Obispo Orrego 241 significaría el triunfo de  la impunidad y un nuevo y grave retroceso para la verdad, la justicia y la memoria", señala el comunicado de la Red.

Por ello, la Red exigió "frenar la destrucción de este ex recinto de represión y con ello dar cumplimiento a las obligaciones y acuerdos del Estado de Chile en relación a la preservación de los sitios de memoria, como herramienta fundamental para avanzar en las garantías de no repetición".

"Asimismo hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto para sumarse a nuestra lucha y frenar el avance del negacionismo, la impunidad y todo tipo de ataques que pongan en riesgo a los sitios de memoria y pretendan mancillar la memoria de nuestras compañeras y compañeros", indica.

El hecho también fue rechazado por la Coordinadora Parque Julio Guerra Olivares por la Memoria y los Derechos Humanos y otras entidades de la comuna de Ñuñoa.

"Nuestra agrupación, que es residente de la comuna de Ñuñoa, y otras organizaciones adherentes, en memoria de quienes sufrieron tormentos y crímenes en ese lugar, hacemos pública nuestra protesta y hacemos un llamado urgente a la comunidad para movilizarse y detener toda acción de los que intentan demoler este emblemático inmueble", indica la declaración.

Esta declaración cuenta con la adhesión de juntas de vecinos de Ñuñoa, la Fundación Víctor Jara y Londres 38, entre otros, así como personalidades como los historiadores Sergio Grez y Jorge Magasich, y el cineasta Cristian Galaz.

Respuesta oficial

Al ser consultada la PDI al respecto, la entidad confirmó que el inmueble efectivamente es una edificación destinada al uso de la institución.

"Considerando la relevancia que la institución le da a los derechos humanos, es que en este momento estamos a la espera del pronunciamiento del Ministerio de Bienes Nacionales sobre las restricciones patrimoniales que tiene la propiedad para definir su uso", señaló la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la PDI.

"En el caso de presentar o no restricciones, la institución considerará el oportuno resguardo de un espacio que permita reconocer la memoria histórica de dicho inmueble y dar cumplimiento a las obligaciones y acuerdos del Estado de Chile en relación a la preservación de sitios de memoria", añadió.

El Ministerio, por su parte, indicó a este medio que "no ha tomado ninguna decisión respecto a la solicitud de Concesión Uso Gratuito de Largo Plazo por 50 años de este inmueble que presentó la Policía de Investigaciones, porque la cartera aún está en proceso de revisión de todos los antecedentes que a la fecha tiene a su disposición".

"El Ministerio de Bienes Nacionales tiene la misión de trabajar por mejorar la calidad de vida de los chilenos mediante la administración eficiente del territorio fiscal, con miras a ponerlo en valor y al servicio del desarrollo local, velando por la conservación del patrimonio con alta significación histórica, cultural y natural", añadió la secretaría de Estado.

Proceso judicial

Las víctimas de los hechos ocurridos en el lugar son mencionados en la causa 356-2010 del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, donde se indica que fueron secuestrados por detectives que integraban el autodenominado Comando de Vengadores de Mártires (COVEMA), en un caso que afectó a varias personas, entre otras al entonces director de prensa de Radio Chilena, el periodista Guillermo Hormazábal, donde Alzamora hacía su práctica.

Los policías indagaban a los autores del asesinato del entonces director de Inteligencia del Ejército, Roger Vergara, a manos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), al que pertenecía Jara, el 15 de julio.

Jara y Alzamora fueron secuestrados el 23 de julio de 1980, a mediodía, en la esquina de Eliodoro Yáñez con Los Leones, en la comuna de Providencia, al ser bajados de un colectivo.

Fueron trasladados a varios cuarteles. Sufrieron golpes, descargas eléctricas y quemaduras con cigarrillos.  Ambos fueron liberados el 2 de agosto en la comuna de La Reina y trasladados a la Posta 4, donde el estudiante falleció por una hemorragia interna y un TEC.

 

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