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En el documento firmado por el contralor Jorge Bermúdez, el ente regulador responde la denuncia hecha por el diputado DC Gabriel Ascencio y «diversas personas» que advertían una posible vulneración del protocolo en cuanto al número de asistentes permitidos, al distanciamiento que debía existir entre estos y la manipulación del ataúd.
No hubo incumplimiento de las medidas sanitarias. Eso dictaminó la Contraloría General de la República (CGR) tras analizar el funeral del arzobispo emérito Bernardino Piñera, realizado el 21 de junio pasado.
En el documento firmado por el contralor Jorge Bermúdez, el ente regulador responde la denuncia hecha por el diputado DC Gabriel Ascencio y «diversas personas» que advertían una posible vulneración del protocolo en cuanto al número de asistentes permitidos, al distanciamiento que debía existir entre estos y la manipulación del ataúd.
En su conclusión, Contraloría destaca que el Protocolo de Funerales indica que “el cadáver de un fallecido por COVID-19 no significa un riesgo sanitario mayor al que ya existe previamente por la enfermedad. El riesgo reside en la posibilidad de aglomeración de personas asistentes al funeral”.
«El cadáver se debe encontrar siempre en un ataúd sellado. No es necesario un ataúd especial, ya que estos siempre deben ser herméticos e impermeables”, añaden.
En esa línea, Contraloría señala que lo que manipularon los presentes fue la compuerta que está antes del cristal, una placa de vidrio sellada hermética, la que “impide el acceso al cadáver, de tal forma que la apertura de dicha compuerta no podría, bajo ninguna circunstancia, alterar la exigencia de hermetismo establecida por la normativa sanitaria”.
“En consecuencia, no se advierte un incumplimiento a las disposiciones protocolares antes indicadas“, determinó el contralor.
Sobre el aforo presente en el funeral, Contraloría dice que “la asistencia a la celebración queda restringida exclusivamente al núcleo directo del fallecido con un máximo de 20 personas”, y que “los asistentes deben cumplir con las medidas de distanciamiento social establecidas, es decir, mínimo un metro entre cada persona”.
Según lo manifestado en el documento, al evento asistieron “20 personas de su círculo directo, entre los que se encontraban parientes -entre ellos el presidente de la República- y dos sacerdotes”.
“Además, tal como lo reconocen el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República en sus informes, en dicha ceremonia también se hallaba presente personal de prensa dependiente de la última repartición mencionada, y músicos contratados como parte de los servicios funerarios“, agrega.
“En este orden de antecedentes, es posible consignar que, para efecto de verificar el cumplimiento del Protocolo de Funerales se ha debido considerar el número total de asistentes al funeral y la calidad en la que estos estaban presentes en el lugar, con independencia de quién haya gestionado la participación de aquellos”, explica el documento.
“En consecuencia, no se advierte un incumplimiento a las disposiciones protocolares antes indicadas”, se lee al final del texto.
