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La decisión de la ministra Rutherford podría abrir una contienda de competencia que deberá ser zanjada en la Corte Suprema, porque en caso de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique se niegue a la inhibición, deberá ser el máximo tribunal el que resuelva. Por este caso, el martes pasado, el comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, realizó una exposición ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Según el diputado socialista Leonardo Soto, las explicaciones del jefe castrense fueron una “vergüenza”.
La ministra en visita extraordinaria de la Corte Marcial, Romy Rutherford, accedió parcialmente a la solicitud de competencia inhibitoria formulada del Ministerio Público Militar y consideró que es competente para conocer parte de la investigación del denominado caso FAM (Fondo de Ayuda Mutua) de Coyhaique, también conocido como “megafraude en el Ejército”, en el cual 800 uniformados en retiro y activos podrían ser formalizados en la indagatoria que tiene en sus manos el Ministerio Público.
Rutherford se ha hecho conocida por su labor investigando los casos de corrupción al interior del Ejército de Chile, sentando en el banquillo de los acusados a reconocidas figuras de la institución castrense, como el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete o el exgeneral Humberto Oviedo por malversación de caudales públicos.
Ahora, podría sumar otra causa en sus manos, el caso FAM que actualmente tramita la Fiscalía Regional de Aysén, por lo que pidió al Juzgado de Garantía de Coyhaique inhibirse de seguir conociendo del proceso, en aquella parte que involucre a personal militar.
“Si bien es cierto que el Cuarto Juzgado Militar de Coyhaique, con fecha 26 de julio de 2018 se declaró incompetente para conocer de los hechos señalados en el Informe ya mencionado, tal determinación dispuso expresamente que la incompetencia decía relación solo con aquellos involucrados que no reunían los requisitos establecidos en el artículo 6° del Código de Justicia Militar para ser considerados militares, remitiendo en consecuencia los antecedentes pertinentes para que el Juzgado de Garantía de Coyhaique siguiera conociendo de los hechos denunciados e imputados a los civiles que individualizó en su resolución», afirma la resolución de la ministra.
La decisión de la ministra Rutherford podría abrir una contienda de competencia que deberá ser zanjada en la Corte Suprema, porque en caso de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique se niegue a la inhibición, deberá ser el máximo tribunal el que resuelva.
El caso Fondo de Ayuda Mutua (FAM) investiga el uso de dineros del Ejército para pagar deudas privadas a funcionarios en retiro, por un monto cercano a los $3.000 millones. El Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, alista la formalización de casi 800 funcionarios activos y en retiro por fraude al fisco, pero al interior de la institución castrense piden revisar caso a caso y que hay diferenciar “entre los servicios contratados y las comisiones de servicio efectivamente prestadas y realizadas, de aquellas apartadas de la legalidad”.
Por este caso, el martes pasado, el comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, realizó una exposición ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Según el diputado socialista Leonardo Soto, las explicaciones del jefe castrense fueron una “vergüenza”.
“Es impresentable que en el fraude más masivo del Ejército con cerca de 800 imputados, el Ejercito haya abierto varios sumarios administrativos y después de casi cuatro años aún no encuentra irregularidad alguna ni a ningún responsable”, recriminó el parlamentario.
Soto, quien presidió la comisión investigadora que indagó el caso del fraude del FAM, insistió en que «ya lo hemos visto otras veces, los comandantes en jefe cuando son citados a la Comisión de Defensa evitan por todos los medios responder las preguntas directas y hoy lamentablemente, siguieron el mismo libreto de impunidad de la cultura institucional. El comandante en jefe eludió una pregunta concreta respecto del presupuesto que debió haber fiscalizado para evitar que fuera parte del megafraude y, simplemente, se levantó de hombros diciendo ¨ejecuté un presupuesto que venía hecho´. Tenemos un alto mando de las Fuerzas Armadas irresponsable, donde no aparecen asumiendo nada”».
