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Crédito: Aton
El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, sentenció que «en nuestro país nadie se puede saltar la fila en esta materia”, mientras la senadora Carolina Goic (DC) llamó al Minsal a aplicar las “máximas sanciones” y diputados UDI calificaron el hecho “como un verdadero abuso de poder”. El presidente de Clínica las Condes recibió una tercera dosis de Pfizer y la Seremi de Salud de la RM abrió un sumario sanitario.
Desde el Gobierno y distintos sectores de la oposición expresaron su rechazo luego de la denuncia al presidente de la Clínica Las Condes (CLC), Alejandro Gil, quien se saltó la fila y fue vacunado con una tercera dosis de Pfizer, tras haber cumplido con su esquema de vacunación con Sinovac.
La clínica notificó al Programa Nacional de Inmunizaciones que había una persona que había recibido una tercera dosis de la vacuna Pfizer, tras el aviso la Seremi concurrió al establecimiento para hacer una investigación sumaria. El hecho también develó un claro abusos de poder, porque generó el despido de la enfermera Carla Garrido, quien hizo la denuncia, la renuncia de Leticia Ortiz, jefa de servicios ambulatorios, tras 15 años en el recinto.
El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, sentenció que «en nuestro país nadie se puede saltar la fila en esta materia”. Luego recalcó que «existe un calendario» e insistió en que aún el Gobierno está esperando “mayor evidencia científica, a ver si es necesario” una eventual tercera dosis.
La senadora Carolina Goic (DC), por su parte llamó al Minsal a aplicar las “máximas sanciones” porque calificó al hecho como un abuso de poder “que le da a un cargo a una persona en una clínica privada”. Añadió que la situación “es inaceptable e indignante, son justamente estas las cosas que no queremos como país”.
Por su parte, el diputado Juan Luis Castro (PS) sostuvo que en la CLC se ha producido un «verdadero abuso de poder». De paso, emplazó al Estado por falta de fiscalización: «¿Qué es lo que falta en todo esto? Falta un Estado de verdad y que se cumplan las reglas y no existan privilegios, que no el que tiene más dinero pueda hacer lo que quiera, como ponerse las vacunas que están en sus propios refrigeradores”, indicó.
En el oficialismo, los diputados UDI, Gustavo Sanhueza y Juan Manuel Fuenzalida, señalaron que “estamos frente a una situación bastante inaceptable y que sería un verdadero abuso en caso de comprobarse”, agregando que “no podemos tolerar que una persona, por tener un alto cargo en una clínica privada, se sienta con el derecho de saltarse las normas”.
Incluso, llamaron al Ministerio de Salud a abrir una investigación sumaria a nivel nacional “para aclarar si algún otro funcionario de alguna institución privada de salud, en especial con algún cargo de relevancia, se saltó la fila, dejando a un chileno sin una dosis”.
