CULTURA
En el libro «Doscientas mil voces», editado por el antropólogo Rodrigo Araya, varios autores reflexionan sobre los diálogos ciudadanos constitucionales durante el segundo mandato de la mandataria socialista. «Fue un importante aprendizaje. Llevó la discusión constitucional a las calles, barrios y hogares. No prosperó, no llegó a puerto, pero es un precedente directo del actual proceso de cambio constitucional. ¿Qué faltó entonces? Principalmente un acuerdo político amplio, como el que sí ocurrió la noche del 15 de noviembre a propósito del estallido social de octubre de 2019», afirma Araya.
Un libro sobre el proceso constituyente del gobierno de Michelle Bachelet ha editado el antropólogo Rodrigo Araya con «Doscientas mil voces» (Ediciones Abierta).
Su objetivo era «reflexionar sobre los aprendizajes que nos dejó el proceso constituyente de Bachelet. Convocamos a varios actores involucrados en su diseño e implementación para extraer aprendizajes para el desafío concreto que enfrenta Chile, así como para la democracia en general. También convocamos a destacados expertos internacionales para que nos aporten con una mirada más amplia, desde las discusiones contemporáneas sobre democracia y cambio constitucional».
Entre los participantes se cuentan Florencio Ceballos, Tom Ginsburg, Sumit Bisarya, Hernán Larraín, Salvador Millaleo, Patricio Fernández, Denisse Vega, Blanca Larraín, María Cristina Escudero, Ignacio Irarrázaval, Rodrigo Márquez y Tomás Jordán Díaz.
El propio Araya fue asesor en el diseño y aplicación de los diálogos ciudadanos en el Proceso Constituyente. Diseñar procesos de diálogo ha sido uno de sus principales ámbitos de especialización de este profesional, doctor en antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona, y antropólogo y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile.
El libro aborda varias preguntas vinculadas al proceso constituyente. Por ejemplo, ¿puede un ciudadano común y corriente dialogar, debatir y construir acuerdos sobre materias constitucionales? ¿O acaso es una irresponsabilidad propia de un impulso populista? ¿Cómo dialogar entre personas diversas, a veces con intereses y valores contrapuestos? ¿Cómo se construyen acuerdos en procesos abiertos de participación? ¿Cómo surge y se adopta el concepto de autogestión y autoconvocatoria?
«El proceso constituyente impulsado por Michel Bachelet no surge de la nada. Es una respuesta política a un diagnóstico de una sociedad molesta, distanciada del sistema político y que aspira a cambiar las reglas del juego. El proceso constituyente que propuso Bachelet al país fue un intento por encausar las tensiones que venía mostrando la democracia chilena. Fue una respuesta institucional a las demandas sociales y a la creciente desconexión entre sistema político y ciudadanía», comenta.
«Fue un importante aprendizaje. Llevó la discusión constitucional a las calles, barrios y hogares. No prosperó, no llegó a puerto, pero es un precedente directo del actual proceso de cambio constitucional. ¿Qué faltó entonces? Principalmente un acuerdo político amplio, como el que sí ocurrió la noche del 15 de noviembre a propósito del estallido social de octubre de 2019».
Araya recuerda que en el proceso de Bachelet participaron 220 mil personas en todas las regiones y comunas del país.
Asimismo, permitió la participación de mayores de 14 años, migrantes residentes en Chile y chilenos residentes en el exterior. Hubo una consulta indígena con otras 17.000 personas y una consulta complementaria con niños, niñas y adolescentes. Se consideró participación autoconvocada e institucionalizada, a nivel territorial, grupal e individual.
«¿Fue mucho? ¿Fue poco?; ¿fue sólo fue un saludo a la bandera? A la fecha es el proceso participativo más amplio y masivo que ha sucedido en Chile. Y fue legítimo. El Consejo Ciudadano de Observadores consideró que cumplió las exigencias de transparencia, participación, inclusión y ausencia de sesgo político», destaca.
También dice que su principal fracaso fue el vacío que hubo entre los resultados de la participación y la redacción del texto, «la propuesta de nueva Constitución que envió el ejecutivo al Congreso, justo antes del fin del gobierno. No hubo transparencia ni trazabilidad. Tampoco hubo una devolución a los participantes».
La asunción del segundo gobierno de Sebastián Piñera en 2017 además puso la lápida al proceso.
«Durante los primeros días del nuevo gobierno, el recién asumido ministro del Interior declaró que el gobierno descartaba avanzar en el proceso constituyente. Se bajó la cortina, se bajaron los sitios web, se dio vuelta la página y arrancó el segundo gobierno de Piñera», recuerda el antropólogo.
Y aunque el proceso quedó congelado con el cambio de gobierno, «quedó una semilla que brotó dos años después. Los diálogos y cabildos espontáneos de octubre y noviembre de 2019 siguieron las orientaciones metodológicas básicas del proceso constituyente de 2016. Los mecanismos de autogestión y autoconvocatoria estaban en la memoria reciente y se activaron espontáneamente», en sus palabras.
«Cuando hicimos esto, suponíamos que su utilidad iba mas allá del propio proceso constituyente chileno 2016. Suponíamos que había allí lecciones, metodologías, herramientas que serian de utilidad general para procesos de dialogo deliberativo. Que eran un bien publico. Lo que no sabíamos eran 2 cosas. Uno, que esa urgencia volvería a ser en Chile, y en parte se relacionaba con el hecho de que el proceso anterior quedo trunco, y dos, que habían quedado instaladas en los ciudadanos que participaron de ese proceso, sobre todo de los diálogos autoconvocados, un conjunto de competencias y saberes que se activaron automáticamente frente a la crisis, sin superestructura que los gatille o controle».
Para Araya, el proceso de Bachelet dejó una serie de enseñanzas para el actual proceso constituyente.
«La metodología estableció un proceso de diálogo en etapas sucesivas e incidentes. Cada etapa incide en la siguiente, hasta llegar a las bases ciudadanas para la nueva constitución. Todo lo anterior bajo una gobernanza híbrida, el Concejo Ciudadano de Observadores, cuya principal función era establecer los marcos del debate para que fuera legítimo y diera garantías a los distintos sectores de la sociedad», explica.
Asimismo, ennumera una serie de aprendizajes, como la autogestión,
«Apoyados en el principio de autogestión, se favoreció el empoderamiento ciudadano. Desde un punto de vista metodológico, una de las mayores innovaciones de este proceso fue el empoderamiento de los participantes, transfiriendo a la ciudadanía la responsabilidad de dialogar materias muy complejas a través de sus propios recursos», señala.
De este modo, el gobierno propuso un marco de discusión y una reglas de participación, pero delegó en las personas interesadas una serie de funciones que habitualmente asume (convocatoria, locales de reunión, facilitadores, impresión de materiales, traslados, etc.). El empoderamiento de quienes participaron y la “apropiación” de esa instancia, fue el principal efecto de esta “cesión” de protagonismo a los ciudadanos y sus propias capacidades, agrega.
También destaca que la experiencia de participar adquirió un valor intrínseco.
«En la mayoría de las instancias de diálogo, los participantes expresaron su desconfianza de que este proceso fuera realmente tomado en consideración, por un lado, y que la hoja de ruta propuesta lleve efectivamente a una nueva Constitución. Sin embargo, hubo amplia coincidencia en el valor en sí mismo de la experiencia participativa. Los relatos de participantes coinciden en que lo pasaron bien, fue una experiencia significativa en términos de vinculación con lo público».
Los participantes también aprendieron que que complejizar la toma de decisiones es “hambre para hoy, pero pan para mañana”.
«Ceder voluntariamente poder a órganos autónomos y externos, como hizo el gobierno, es una complicación garantizada. El CCO fue una muestra de ello. Todo lo que se podía complicar, se complicó. Hizo difícil dar pasos pequeños y aparentemente simples. También obligó a ceder, negociar y acordar. Más complejo aún si la composición del Consejo consideraba personas diversas, portadoras de distintos saberes y con distintas posiciones políticas».
Araya cree, sin embargo, que esta gobernanza híbrida y abierta, sin embargo, dotó de legitimidad al proceso.
«Nadie logró decir que el proceso de participación fue manipulado, o que los resultados estaban prestablecidos. Los incentivos de izquierda y derecha para atacar la legitimidad de la participación fueron altos. Hubo múltiples y vanos intentos por revocar la legitimidad al proceso. Por el contrario, poco a poco se fueron sumando actores tan diversos y críticos al gobierno.
Entre ellos nombra el movimiento AC (mayoritariamente de Izquierda extra Nueva Mayoría) y el “movimiento cabilderos” (de derecha).
«Participaron críticamente, pero participaron. Respecto a los partidos políticos el rol de Evopoli se destacó. No sólo porque hizo el trabajo, sino también porque fue en contra de la actitud temerosa y desconfiada de la derecha. RD y el PC también participaron del proceso. El resto de los partidos políticos tomó distintos grados de distancia. Luego esta el variopinto mundo de las organizaciones ciudadanas. Se organizaron clubes de futbol, universidades, empresas, organizaciones de barrio. Hasta el fan club del cantante Chayanne organizó un encuentro autoconvocado».
Este pequeño capital de confianza se fue construyendo entre otras cosas por el rol que cumplió el Consejo Ciudadano de Observadores, subraya.
Para Araya, el principal aprendizaje que dejó el proceso constituyente 2016 es que no existen áreas donde no pueda haber diálogo ciudadano.
«La complejidad de la discusión constitucional despeja cualquier duda. Los pretextos respecto a la complejidad técnica son sólo eso, pretextos para no debatir con ciudadanos corrientes, y así defender las cuotas de poder de los expertos, los que no creen en la participación del ciudadano raso, los que temen a la participación, los que sienten amenazadas su función intermediadora. Los que creen que hay temas demasiado complejos como para discutirlos abiertamente», señala.
«Otro aprendizaje valioso fue constatar que la ciudadanía es sensata. Los fantasmas de que la participación haría que surjan propuestas estrambóticas y radicales quedó fuera de juego. A medida que avanzaba el proceso se fueron disipando los temores de las elites y expertos. Hay mas en común de lo que se cree», semata.
Eso sí, Araya señala que la participación es cara. «Requiere técnica, metodología, comunicación y legitimidad. Y eso requiere recursos. La participación ciudadana en el proceso constituyente de Bachelet costó $3.500 millones. La actual Convención Constitucional tiene un presupuesto asignado de $500 millones. Suponemos que eso cambiará cuando la Convención defina los mecanismos de participación».
Finalmente, respecto a si hay o no vínculo entre ambos procesos constituyentes, Araya cree que hay continuidades que van incluso más atrás.
«El murmullo de la calle, a veces muy ruidoso, tiene trazabilidad directa con los escolares del 2006, los universitarios del 2001, los indignados con las AFP del 2016 y la ola feminista del 2018, por nombrar los fenómenos más masivos y sorprendentes. También hubo importantes movilizaciones regionales, Magallanes, Aysén y Calama. Emblemáticos fueron los movimientos ambientalistas de Valdivia y la Patagonia. Shockeante lo de Freirina y Quintero y Puchuncaví. Y traumático todo lo que ha sucedido con el pueblo mapuche», afirma.
«Sin duda alguna todos recordamos más el 2011. Quizás por que esa movilización cruzó el umbral de los propios manifestantes y se propagó por la sociedad completa. El 2011 fue un hito para una generación que se movilizó y encausó los diversos malestares en una bandera simple y contagiosa. El rechazo al lucro. Se cuestionó el sistema educacional, y se cuestionó el supuesto de que el crecimiento económico era sagrado respecto a las consideraciones sociales o ambientales. El movimiento del 2011 remeció el sistema, durante el primer gobierno de Piñera», recuerda.
«El segundo gobierno de Bachelet toma las banderas de los movimientos sociales y propone cambios estructurales en impuestos, educación y nueva constitución. Propone un camino de reformas alineadas con las demandas de la calle. Pero esas reformas tampoco fueron suficientes, o del gusto de los votantes y el país hace un nuevo giro a Piñera, quien promete crecimiento económico, seguridad y una agenda social acotada. Este último giro llevó a muchos a pensar que el problema de Bachelet era el diagnóstico. Apresurado, ideológicamente sesgado e irresponsable es lo menos que se dijo sobre la tesis del malestar. Y las urnas así lo expresaron en la elección de Piñera a comienzos del 2018».
Hasta que vino el «Big Bang» de «octubre y noviembre de 2019. Esta vez más amorfo que el 2011. Esta vez no hay líderes ni voceros. Una masa inorgánica que toma distintas formas. Cada cual protesta por algo distinto, hay más banderas que colores. Un enjambre de molestias diversas y de alguna manera coordinadas. Una masa indómita ante los partidos políticos y jabonosa ante los sociólogos. Una cascada que se propaga por el sistema completo. Y también muy contradictoria. Hechos de violencia combinados con la marcha más masiva, festiva y pacífica en la historia de Chile».
Para Araya, el proceso constituyente actual «es la nueva temporada de una serie que comenzó al menos el 2006 y tuvo temporadas destacadas el 2011 y, ciertamente, el 2016».
«Los acontecimientos de octubre de 2019 nos muestran que hay fisuras importantes en la sociedad chilena. No solo se trata de un distanciamiento entre elites y ciudadanía. Hay algo más, hay quiebres y rupturas que se acumularon por mucho tiempo. La participación, el diálogo, el co-diseño, la gobernanza abierta es donde debemos buscar respuestas para reparar las fisuras, para crear nuevas estructuras que respondan a los desafíos de la democracia de las próximas décadas», concluye.
