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Propuesta de Nueva Constitución
Salud, pensiones, vivienda, agua y más: organizaciones sociales alistan presentación de iniciativas populares a la Convención Constitucional NUEVA CONSTITUCIÓN Créditos: Aton

Salud, pensiones, vivienda, agua y más: organizaciones sociales alistan presentación de iniciativas populares a la Convención Constitucional

La convencional Alondra Carrillo explicó que desde Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) propiciarán la presentación de iniciativas populares constituyentes “para que sean las organizaciones sociales con su experiencia y años de trabajo con la gente quienes levanten las propuestas de norma que serán discutidas al interior de la Convención”.


A partir del 22 de noviembre se habilitó la plataforma digital de la Convención Constitucional para recibir Iniciativas Populares Constituyentes (IPC), el cual busca la participación ciudadana en el proceso constituyente, con ideas y propuestas. Para que estas pasen a la discusión directa del debate constituyente deben contar con 15 mil firmas de respaldo.

Ante esto, distintas organizaciones sociales han estado articulándose para unificar el trabajo y presentar de forma conjunta iniciativas que garanticen derechos en los que han estado trabajando y luchando por años desde los movimientos sociales. 

Al menos ocho son las iniciativas en que ya se encuentran trabajando diversas organizaciones, de forma independiente a los partidos, para que sus propuestas sean discutidas directamente en la Convención Constitucional. 

La convencional Alondra Carrillo explicó que desde Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) propiciarán la presentación de iniciativas populares constituyentes “para que sean las organizaciones sociales con su experiencia y años de trabajo con la gente quienes levanten las propuestas de norma que serán discutidas al interior de la Convención”.

“Nos parece importante que las organizaciones sociales y territoriales sean las protagonistas de este proceso histórico. Nosotras estaremos apoyando ese trabajo y articulación desde nuestras bases”, afirmó la constituyente del Distrito 12.

1.Aborto y derechos sexuales y reproductivos 

La Asamblea Permanente por la legalización del Aborto, que reúne a distintas organizaciones que trabajan por los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, elaboró un calendario de trabajo que abarca desde la presentación en Audiencias Públicas en la Convención, hasta la recolección de firmas para la IPC. 

“Nuestro posicionamiento es el marco de derechos fundamentales, es decir, estamos convencidas que tanto la autonomía sexual como la reproductiva, es un derecho humano. 

De la articulación participan la Red Profesionales por el Derecho a Decidir, Corporación Humanas, Miles, Madre Hurtade, Colectivo Las Tesis, Red de Doulas, Coordinadora Feministas en Lucha, Coordinadora Feminista 8M Santiago, Afem-RM, Con las Amigas y en la Casa, entre otras.

2.Derecho a migrar

Desde Chile Migra, que reúne de forma virtual a las organizaciones más representativas de chilenas y chilenos en el exterior junto a asociaciones de migrantes en Chile, decidieron levantar una IPC por el derecho a migrar desde y hacia nuestro país.

La iniciativa incluye el concepto de refugio, afirmando que “El Estado chileno legisla e implementa políticas activas de inclusión y protección de las personas migrantes y refu­giadas, priorizando en esto a la población infantil y adolescente y favoreciendo la reunificación familiar”.

Además, aborda temáticas como plurinacionalidad, interculturalidad, ciudadanía y nacionalidad, junto con derechos cívicos y políticos.

3.Vivienda Digna

Otra temática que será abordada desde esta instancia de participación popular es el derecho a una Vivienda Digna, la que está siendo trabajada por la Articulación de pobladoras y pobladores Ley Maldita y el Colegio de Arquitectos/as.

La IPC que está siendo trabajada de cara al proceso constituyente aborda la integración de las viviendas con la ciudad y criterios acordes a una perspectiva feminista como la integración de equipamiento para evitar el aislamiento de los trabajos de cuidado y también, equipamiento comunitario de emergencia frente a la violencia de género.

Asimismo, también contempla una norma transitoria que impida el desalojo de las personas que hoy viven en campamentos.  

4.Derecho al trabajo digno y decente

El Eje Sindical, que agrupa a más de 40 sindicatos, federaciones y confederaciones a nivel nacional -incluyendo a organizaciones del mundo privado-  está trabajando en una IPC que recoge los lineamientos levantados en los encuentros nacionales de trabajadores y trabajadoras por un Nuevo Chile, que ya va en su tercera versión.

En la propuesta buscan que se establezca el valor del trabajo, considerando que “el trabajo está en el centro de la sociedad y el Estado garantizará su dignidad”. La IPC contempla la protección al trabajo decente, igualdad de trato, la irrenunciabilidad de derechos laborales, salud física y mental de las y los trabajadores, el reconocimiento al trabajo reproductivo, libertad sindical, el derecho a la huelga y el derecho a la seguridad social.

A esto se integrará una perspectiva feminista del trabajo, considerando las nociones levantadas en los “Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan”, donde participó el Comité de Trabajadores y Sindicalistas de la CF8M. En esa línea se busca el reconocimiento de los trabajos de cuidado y que estas labores no sean entendidas como una tarea exclusiva de las mujeres. 

5.Pensiones y Seguridad Social 

El pasado sábado 6 de noviembre, la Coordinadora Nacional de Trabajadoras/es NO+AFP efectuó en 14 ciudades del país – de Arica a Punta Arenas- una serie de cabildos participativos para construir la norma constitucional sobre Seguridad Social y Pensiones.

En lo principal, la IPC establece que “La constitución garantizará el derecho a la Seguridad Social”, la que “se implementará a través del sistema público, el que deberá asegurar el acceso y el goce de las prestaciones a que tienen derecho todos los habitantes”. Asimismo detalla que “lo ejecutará a través de un órgano público autónomo el que recaudará los aportes provenientes de trabajadores, empleadores y el estado, pagará los beneficios y administrará el fondo de pensiones”. 

Otro punto importante, es que “la institucionalidad proveedora de la seguridad social no tendrá fines de lucro” y que “las cotizaciones y aportes previsionales tendrán como finalidad, garantizar el financiamiento de las prestaciones del sistema”.

Desde la Coordinadora explicaron que “se deberá poner fin al decreto ley 3500 que creó las AFP. Nuestra idea, en principio, es que esto pueda ser a través de un artículo transitorio. Terminar con las AFP es central para avanzar a un país más justo”, enfatizaron.

6.Soberanía Alimentaria

La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) se encuentra trabajando por el derecho a la Soberanía Alimentaria, entendido -en palabras de la agrupación- como el “derecho de los pueblos a producir alimentos  nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles y producidos de forma sostenible y ecológica. El derecho a decidir su propio alimento y producirlo. 

“Es un derecho fundamental que no puede estar limitado ni controlado por los intereses de la agroindustria”, explican.

Desde Anamuri critican que “el neoliberalismo en Chile ha impuesto un sistema en que las exportaciones e importaciones de alimentos no tienen control. La producción de alimentos está controlada por la agroindustria y los supermercados; y las miles de trabas puestas a la producción y la comercialización campesina han provocado el debilitamiento y la pérdida de las agriculturas locales”.

7. Agua, derecho de los ecosistemas y los pueblos

Siguiendo sus demandas históricas de #AguaparalosPueblosylosEcosistemas y #GlaciaresLibres, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), junto a la Coordinadora por la Defensa de Glaciares están trabajando en forma participativa una propuesta conjunta de Iniciativa Popular de Norma Constituyente. 

En lo central, se busca traducir a lenguaje constitucional el considerar a la Naturaleza, Ñuke Mapu o Pacha Mama, como sujeta de derechos. Para velar por esos derechos, postulan que “en el caso que sus ciclos naturales sean interrumpidos y dañados, existirá un ente jurídico de carácter público y plurinacional”. 

“En ese marco, los cuerpos de agua son consideradas como un elemento natural inapropiable. El uso y gestión de las aguas será plurinacional, comunitario, territorial y sustentable, por cuencas y subcuencas hidrográficas. Postulamos la intocabilidad de los glaciares y todos los glaciosistemas, incluidos los glaciares de rocas, por su calidad de ser el origen de las aguas, así como  retardadores y amortiguadores del cambio climático. En todos los casos, se reconoce la interacción de los territorios, las comunidades y pueblos originarios con los cuerpos de agua y los glaciares, asociados a sus prácticas ancestrales y/o cosmovisión”, explicaron.

8. Salud

Otra de las iniciativas populares que se está trabajando y que tiene gran parte de sus lineamientos ya avanzados es sobre el derecho a la Salud, propuesta de norma que está siendo trabajada por el Comité de Salud de la CF8M, Salud para todxs y Confedeprus, entre otras organizaciones.

Entre sus principales ejes se encuentra el reconocimiento de la salud como el derecho fundamental al más alto nivel de bienestar físico, mental y social. También consagrar que “es deber del Estado garantizar el derecho a la salud a todas las personas que vivan en el territorio chileno”, por lo que le “corresponderá la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud”.

Esta IPC también establece que “Las instituciones privadas podrán participar de forma complementaria al deber del estado, pero sin fines de lucro y que la red integrada de salud pública “debe poseer centros de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación”. 

Desde la articulación que trabaja esta propuesta, explican que “se necesita un Sistema integrado que pueda asegurar el Derecho a la Salud a todos los cuerpos y en todos los territorios, con un enfoque comunitario, de prevención y promoción de la salud, que sea democrático, descentralizado y anticolonial, que reconozca plenamente nuestros derechos sexuales y reproductivos y que se articule con un Sistema Único Plurinacional de Cuidados”.

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