NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: Agencia Uno
“La imparcialidad, la independencia y autonomía, la igualdad ante la ley, la sujeción a la ley, la exclusividad, la inamovilidad, la inexcusabilidad y la cosa juzgada, conforman elementos esenciales de la jurisdicción», dijo el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, en referencia a las discusiones de la Convención Constitucional sobre el Poder Judicial.
El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, en el marco de la ceremonia de inicio del año judicial y rendición de la cuenta pública de la institución, abordó las discusiones que está llevando la Convención Constitucional respecto al Poder Judicial.
“Con pleno respeto de los órganos existentes y del proceso de generación de normas de la más alta jerarquía que como República estamos experimentando, recalco la importancia de tener en consideración estos principios que permiten la real existencia de los tribunales de justicia”, dijo Fuentes.
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“La imparcialidad, la independencia y autonomía, la igualdad ante la ley, la sujeción a la ley, la exclusividad, la inamovilidad, la inexcusabilidad y la cosa juzgada, conforman elementos esenciales de la jurisdicción que de verse menoscabados, terminarían desnaturalizando dicha función y consecuencialmente afectando el estado de derecho y la paz social”, añadió el presidente del máximo tribunal.
Sobre la inamovilidad, que ha sido uno de los puntos álgidos de discusión en la Convención, sostuvo que «es una condición esencial en el desempeño del juez, sin la cual serían ilusorios los valores anteriores».
«Sin ella, la sujeción a influencias de todo tipo a que inevitablemente se expondría la magistratura, transformaría lo que hoy es una garantía para todas las personas, en una amenaza constante a la imparcialidad», agregó.
«También contribuye a la garantía ciudadana de un Poder Judicial independiente, el principio de legalidad o sujeción a la ley. El juez debe ser imparcial, justamente, porque su papel consiste en concretar, de ese modo, la voluntad soberana del constituyente y del legislador, de forma igualitaria y basada en el respeto de los derechos humanos de todas las personas», complementó.
En esa línea, sostuvo que «el magistrado ostenta un cargo que no se activa cuando inicia su jornada laboral ni se desactiva cuando dicha jornada termina».
«Los magistrados y magistradas se encuentran sometidos a exigentes deberes éticos cuyo núcleo se centra justamente en los deberes legales y constitucionales de independencia, imparcialidad y motivación, que son aquellos que resultan distintivos de su labor», agregó.
