«En conjunto, el aspecto más oneroso del proceso de reformas ha sido el conflicto político y social que hemos vivido. Se trata de costos inevitables cuando se impulsan reformas de fondo, pero se han potenciado por serios problemas de la conducción gubernamental y por las dificultades que enfrenta el mundo empresarial para modernizarse y para adecuarse a condiciones institucionales propias de las democracias y las economías avanzadas del mundo».
En el mundo empresarial, en la oposición y en la propia Nueva Mayoría se discute vehementemente sobre los presuntos altos costos de las reformas emprendidas y por emprender. Se trata de una discusión necesaria y legítima, pero que en ciertos momentos incurre en una suerte de guerrilla mediática.
Para ir más allá, es indispensable ser riguroso en términos analíticos; en tal sentido, pueden distinguirse dos posiciones erróneas que han impregnado la discusión pública, y que son funcionales a determinados intereses económicos. En primer término, no incorporar en el análisis la evaluación de los costos que implicaba para el país seguir como estaba Chile antes del inicio del proceso de reformas. En segundo lugar, pretender estimar los costos de las reformas sin evaluar los potenciales beneficios.
Por el contrario, los eventuales costos de las reformas deben ser comparados con los que habría tenido el continuismo en varios ámbitos. Al menos cuatro elementos deben tomarse en cuenta.
La demanda por las reformas se expresó en una alta conflictividad social. Piénsese en las grandes movilizaciones estudiantiles, de actores regionales y medioambientales que tuvieron lugar bajo el Gobierno de Piñera. Postergarlas habría originado una conflictividad mayor a la actual. Los que se movilizan, principalmente, son los que quieren reformas más profundas.
Un segundo costo importante del inmovilismo deriva de que se habrían mantenido algunas condiciones cruciales que subyacen tras el estancamiento congénito de la productividad de los últimos 10 a 15 años. Nos referimos a la pésima calidad y desigualdad de la educación que trae consigo una mala formación de los recursos humanos que ingresan a la actividad productiva. También a que, si bien el país cuenta con numerosas universidades, pocas pasan la prueba de la blancura en cuanto a la investigación científica y tecnológica, en circunstancias que los países más avanzados y dinámicos tienen grandes universidades que son protagonistas de la innovación. Se requiere una actitud diferente respecto de la investigación y desarrollo, y los recursos públicos son claves al inicio del esfuerzo innovador para desencadenar la inversión privada en este campo. La falta de recursos públicos tiene que ver con el sensible rezago de un sector importante de la Pyme. Todo esto explica en buena medida la alta dependencia del país respecto del cobre y el bajo valor agregado con que se exporta.
Continuar haciendo caso omiso de estas asignaturas pendientes implica costos económicos que representan varios puntos del PIB
En este contexto, ¿cómo deben evaluarse los costos y beneficios de las reformas en marcha?
Las organizaciones empresariales y la oposición han vendido la idea, hasta ahora con bastante éxito, de que la reforma tributaria implicará graves costos al ahorro y la inversión. Personeros de la Nueva Mayoría que, no casualmente, desde fines de los 90 y durante los 2000 impulsaron una serie de reformas tributarias que bajaron la carga tributaria del capital, se han sumado a este coro, que es taxativo en sus afirmaciones condenatorias pero muy débil en la fundamentación, pero cuya eficacia política para enturbiar la discusión lamentablemente no debe subestimarse.
La reforma tributaria implica costos para los grupos situados entre el 5 y 10% de mayores ingresos; las grandes empresas van a tributar más de lo tradicional. De hecho, la recaudación del impuesto de Primera Categoría subió en cerca de un 10% respecto del año pasado. Más allá de que la implementación de la reforma tributaria sin duda requerirá importantes esfuerzos del SII en colaboración con los especialistas, las recurrentes demandas por “arreglar los problemas técnicos” expresan fundamentalmente la experiencia vivida por los grupos más poderosos –que hasta ahora han disfrutado de una participación en la renta nacional que es récord a nivel internacional–, de que están debiendo tributar más.
El impacto en el ahorro y la inversión está por verse y dependerá de dos elementos principales. El primer elemento es si los mayores tributos reducirán la inversión productiva o, como diversos estudios sugirieron que era el destino de los recursos registrados en el FUT, disminuirá el consumo de lujo y la inversión en los paraísos fiscales de los propietarios de las grandes empresas. El segundo aspecto implica un desafío analítico, en cuanto a determinar si la caída de la inversión en el 2014 y la leve mejora en el 2015 se debe a las reformas y las expectativas negativas que habrían generado o al fin del ciclo minero y los problemas que afectan a la economía internacional, y la magnitud de cada uno de estos factores determinantes.
Ahora bien, como contrapartida, el Estado tendrá a su disposición mayores recursos para financiar la solución de los problemas que venimos arrastrando, en educación, en investigación científica y tecnológica y para modernizar la Pyme, cuyo rezago afecta al crecimiento de la productividad. El impacto positivo, si los recursos públicos adicionales se utilizan de manera adecuada, debiera ser significativo. Cabe sumar, además, el efecto positivo sobre las Pymes de varias medidas tributarias introducidas al final del trámite legal de la reforma.
¿Cómo evaluar entonces los costos y beneficios de la reforma laboral?
La reforma laboral va a implicar un aumento de los salarios en el largo plazo. Eso implica un aumento de los costos laborales de las empresas. No coincido con quienes sostienen que, al subir los salarios, caerá el empleo, lo que finalmente irá en detrimento de los salarios y la actividad. Esa perspectiva economicista deja fuera una serie de elementos relevantes. En materia de beneficios, mejorará la disposición a trabajar y a constituirse en una fuente de iniciativas e innovación de los asalariados, lo que redundará positivamente en la productividad. La mejor distribución de los frutos del crecimiento que implica mejorará significativamente la paz social, clave para el crecimiento económico en el largo plazo. En el fondo, la reforma laboral posibilita incorporar positivamente al esfuerzo productivo a un actor que es clave en el dinamismo de la empresa.
Respecto a la reforma educacional, es indudable su importancia y los beneficios económicos y sociales que puede traer al país. El gran desafío es hacerla bien, por ejemplo, reconocer a los profesores el papel protagónico que tienen en la educación de calidad. Es equivocado, en este contexto, centrar en demasía la discusión en si los recursos que genera la reforma tributaria serán suficientes; crucial es la magnitud de los recursos que se obtendrán a partir del 2018, cuando estén vigentes todas las medidas y hasta entonces relevante es poner a disposición los recursos que se vayan requiriendo. Un incremento del gasto y la inversión pública similar al del año 2014 es necesario y posible.
Aumentar la inversión en educación, en salud, en infraestructura y en investigación y desarrollo amplía la capacidad productiva del país.
Para financiarlos el país dispone de una alta capacidad de endeudamiento, sin poner en riesgo los sanos equilibrios macroeconómicos. Las condiciones actuales son positivas, ya que el costo del crédito está más bajo que nunca y se ha generado una gran brecha entre lo que el país ha crecido en los últimos años y el producto potencial, el cual viene cayendo justamente porque no se ha invertido suficientemente en los campos indicados.
En conjunto, el aspecto más oneroso del proceso de reformas ha sido el conflicto político y social que hemos vivido. Se trata de costos inevitables cuando se impulsan reformas de fondo, pero se han potenciado por serios problemas de la conducción gubernamental y por las dificultades que enfrenta el mundo empresarial para modernizarse y adecuarse a condiciones institucionales propias de las democracias y las economías avanzadas del mundo.
El cambio ministerial puede ayudar a mejorar soluciones a la conducción política gubernamental. Para usar en época de la Copa América una analogía futbolística, quien finalmente sea nombrado en la Segpres, debe cumplir el rol del 6 u 8; esto es, ser armador de un juego de equipo. Clave es también el rol del ministro de Hacienda para inducir al empresariado a aceptar los cambios institucionales y para conversar y buscar convergencias respecto de los desafíos de la productividad, la inversión en infraestructura y el desarrollo de una economía innovadora. El mundo empresarial, por su parte, debe ser capaz de ser protagonista en un contexto democrático nacional dentro de una economía global, tal como sus congéneres en los países desarrollados.
Eugenio Rivera
Fundación Chile 21
