La Corporación se refirió en términos generales al papel que tendrá el ex Contralor en su equipo jurídico. Lo concreto es que su función aún no se conoce en detalle. Es un hecho que no trabajará al compás del CDE. La estatal sostiene que hará labores de perito de informes en derecho para el fiscal Pablo Lagos, aunque su pasado como ex contralor le cae de cajón a Bitran en su causa contra Rafael Guilisasti.
La pugna legal entre Corfo y SQM por los contratos de arriendo de pertenencias mineras del Salar de Atacama parece ser una interesante guerra de estrategias.
Las cascadas de Julio Ponce –a través de las cuales es dueño del 32% de la minera– remecieron al mundo empresarial y político tras conocerse que Rafael Guilisasti renunciaba a su condición de consejero de la Corporación para asumir como presidente de las sociedades cascada. La movida causó polémica, considerando un conflicto de interés que parece evidente y que motivó a la Corporación a recurrir a la Contraloría para que se pronuncie al respecto y revise si el ex CPC vulneró sus deberes de probidad.
De hecho, esta semana Eduardo Bitran –actual vicepresidente de Corfo– recurrió al organismo contralor, ya que a su juicio “tales deberes han sido gravemente vulnerados, en particular el deber de probidad, lo que nos motiva a requerir a Contraloría un urgente pronunciamiento en relación al tema”. Esto porque, sobre la base de su presentación, “el ex consejero posee información privilegiada y de carácter confidencial, respecto de la cual tiene un deber de reserva. Esta situación y su renuncia para asumir las denominadas ‘Cascadas’, a nuestro entender, lo ha puesto en un evidente conflicto de interés. Se trata de intereses absolutamente irreconciliables. ¿Cómo responder a los deberes de lealtad que asumió para con las Cascadas sino renunciando a los deberes previamente comprometidos con Corfo?”.
Ahora, en cosa de días, Bitran volvió a dar un nuevo golpe, anunciando el fichaje del ex contralor Ramiro Mendoza, abogado de amplio conocimiento respecto de cómo funciona dicha institución fiscalizadora. En la Corfo descartan que este anuncio obedezca a la capacidad que tenga Mendoza de influir en el pronunciamiento que se espera de la Contraloría; sin embargo, el detalle de su función como abogado de la Corporación todavía es difuso.
Es un hecho que Mendoza no trabajará al compás del Consejo de Defensa del Estado, entidad que representa los intereses de la estatal en el marco del litigio con SQM, otra de las interpretaciones que causó su fichaje. Actuarán como agentes independientes, precisan en el entorno de Corfo.
Eduardo Bitran, sin embargo, da algunas luces al respecto: “Ramiro Mendoza actuará como perito en el caso. Se ha solicitado el estudio e informes en derecho, atendidas sus competencias, conocimientos y expertise a fin de entregar al Tribunal Arbitral mayores y mejores antecedentes para resolver”.
Mendoza estaría en posición de participar en los informes en derecho que solicite Pablo Lagos Puccio, fiscal de la Corfo. A eso se limitaría su función. Sin embargo, la materia de estos informes es todavía desconocida, si serán estrictamente legales o incluso económicos, algo difícil, considerado el perfil jurista de Mendoza.
“Ramiro Mendoza es un abogado muy destacado y con gran sentido del interés público, que se sumará al equipo que defiende los intereses de la Corfo”, añadió Bitran, recordando que la “Corfo demandó en mayo de 2014 ante el tribunal arbitral el término del contrato por incumplimiento grave de SQM y continuará defendiendo el interés público con estricto apego al marco legal y contractual vigente», al tiempo que agregó que «los contratos se deben cumplir y de buena fe y el socio privado debe ser idóneo para asociarse con el Estado”.
Lo que defina la Contraloría será motivo de análisis de Corfo y el Consejo de Defensa del Estado. Ahí, la experiencia de Mendoza podría ser clave para definir qué acciones es posible ejercer contra Guilisasti, más allá de que difícilmente haya consecuencias en tribunales.
Fueron cuatro los puntos sobre los cuales Bitran pidió la definición de la Contraloría: “i) Que el Sr. Guilisasti, en tanto Consejero de Corfo, ejerció una función pública; ii) Que, en tanto autoridad de un órgano integrante de la Administración del Estado, le son aplicables las normas sobre probidad administrativa; o actuación exenta de conflictos de interés; y de reserva consagradas en la normativa ya comentada, en especial en sus artículos 52, 53 y 62; iii) Si las conductas del señor Guilisasti son constitutivas de un conflicto de interés y si ellas pugnan con los deberes de probidad que le son exigibles; y iv) Si la renuncia al Consejero de Corfo e inmediata asunción en las Sociedades Cascadas, a través de las cuales se ejerce el control de SQM Salar S.A. y SQM S.A., constituye una infracción a los deberes que contrajo como Consejero”.
