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Columna de opinión

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Cayó un grande que intentó pasarse de listo

por 2 noviembre, 2015

Cayó un grande que intentó pasarse de listo
"Como consecuencia de la ingeniosa maniobra de la inmobiliaria, la comunidad puso el grito en el cielo porque entendía que con esa avivada del privado se perdían para siempre, entre otros, las áreas verdes de unos parques y el inmueble del jardín Pumpin, espacios que iban a ser declarados como Zona de Conservación Histórica en el Plan Regulador Comunal".
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A mediados del año 2013, acogiendo las demandas ciudadanas, la Municipalidad de Valparaíso tomó la decisión de aplicar el artículo 117º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) para proteger el valor patrimonial del barrio O´Higgins de esa ciudad y así fue como se congelaron los ingresos, tanto de las solicitudes de anteproyectos como de los permisos de edificación, en la Dirección de Obras Municipales (DOM).

La Inmobiliaria del Puerto SpA, del inversionista Nicolás Ibáñez, ex dueño de la cadena de supermercados D&S, conocida comercialmente como Lider, vendida tiempo atrás al gigante mundial Walmart, siendo propietaria de extensos terrenos en el sector, fue alertada por sus amiguis relacionados con dicha municipalidad y así fue como presentó en la DOM, el día siguiente de conocerse el Decreto Alcaldicio que fijaba el congelamiento, una solicitud de anteproyecto por 26 edificios en altura, aprovechando que la suspensión, por motivos burocráticos, todavía no se había publicado en el Diario Oficial.

Nicolás Ibáñez es un acérrimo pinochetista y junto con su hermano Felipe, son directores de la acreditada y muy privada Universidad Adolfo Ibáñez, continuadora a partir de 1988 de la Escuela de Negocios de Valparaíso creada el año 1953 en esa ciudad por el abuelo de ambos. Su casa central, excelente modelo de construcción, se localiza en la precordillera Santiago, sobre la cota mil en la comuna de Peñalolén y el ex contralor Ramiro Mendoza es el decano de la Facultad de Derecho.

Según crónicas de prensa en la actualidad estos hermanos administran, a través de su elegante family office, unos cuantos miles de millones de dólares y desde hace poco tiempo están incursionando en Europa para invertir, ya que tienen una pésima opinión del actual gobierno. En todo caso, no son los únicos empresarios que están en desacuerdo con las reformas que La Moneda está impulsando.

Pues bien, como consecuencia de la ingeniosa maniobra de la inmobiliaria, la comunidad puso el grito en el cielo porque entendía que con esa avivada del privado se perdían para siempre, entre otros, las áreas verdes de unos parques y el inmueble del jardín Pumpin, espacios que iban a ser declarados como Zona de Conservación Histórica en el Plan Regulador Comunal. Por ello los dirigentes vecinales, asistidos por un competente abogado, recurrieron ante la Contraloría General de la República para que investigara todo lo acontecido con la tramitación de esa solicitud de anteproyecto, pues la consideraban sumamente oportunista.

El ente fiscalizador hizo muy bien su trabajo y en dictámenes Nº 59.619 y Nº 16, de los años 2014 y 2015, respectivamente, firmados ambos por Ramiro Mendoza, llegó a la conclusión de que en la tramitación del anteproyecto se cometieron vicios que debían ser corregidos por la DOM, por cuanto esta oficina técnica municipal había aceptado el reemplazo de documentación en el anteproyecto, con lo cual se alteró el mismo, quedando en evidencia que la solicitud de ese acto preliminar solo perseguía burlar el congelamiento.

Pero la sagaz municipalidad, con un informe hecho a la medida por su director jurídico, en lugar de invalidar el proceso, utilizando el falaz argumento de que el privado por haber procedido de “buena fe” disponía de “derechos adquiridos”, muy suelta de cuerpo, desobedeciendo el mandato de la Contraloría, otorgó el 30 de mayo pasado a esa inmobiliaria el permiso de edificación Nº 301.

Como vemos, en lugar de aplicarse el artículo 53º de la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo para invalidar el anteproyecto trucho, el “ilustre” municipio tuvo la desfachatez de hacer todo lo contrario “olvidándose” que los dictámenes de la Contraloría tienen fuerza obligatoria para todos los órganos de la administración del Estado. Luego, observamos que los funcionarios municipales coordinadamente cometieron desacato, lo que aparentemente no les preocupa por la impunidad que hay en nuestro querido país.

Ahora bien, hemos tomado nota de un tercer dictamen de la Contraloría, Nº 18638, del 19 de octubre de 2015, ahora firmado por el titular de su sede regional de Valparaíso, mediante el cual reafirma con más fuerza los dos anteriores. En efecto, entre otras cosas, certifica que la DOM no se ajustó a derecho al autorizar el anteproyecto, pues en la tramitación de este se vulneraron disposiciones de la OGUC y que las solicitudes de reconsideración de la Municipalidad y de la Inmobiliaria del Puerto SpA ya habían sido desestimadas.

Con este tercer dictamen quedó sellada la controversia y ahora la inmobiliaria, si insiste en su negocio, tendrá que recurrir ante los tribunales de justicia expresando que actuó de buena fe (sic), aguda fórmula generalmente empleada por quienes consideran que sus intereses están sobre el interés público, manifestándoles a los magistrados que su cuantiosa inversión es necesaria para el país, sobre todo en estos tiempos de desaceleración económica. En todo caso, no hay que perder de vista que, según la jurisprudencia, los anteproyectos son simples expectativas por tratarse de actos trámite, los que no generan derechos firmes a sus poseedores.

Fue muy gracioso leer en un medio de prensa porteño que el alcalde Jorge Castro dijo que los 3 dictámenes en comento contenían errores y que, por ello, él como suprema autoridad municipal apelará a la sede central de la Contraloría, con lo cual se evidencia a todas luces su lamentable mala memoria, porque los 2 primeros fueron firmados por el ex contralor Mendoza.

Por lo tanto, si la inmobiliaria del Puerto SpA controlada por Ibáñez, insiste en desarrollar este lucrativo negocio inmobiliario, tendrá que interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y serán los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) quienes litigarán por cuenta de la Contraloría. Ahí veremos si la ley se cumple cabalmente o solo “en la medida de lo posible”.

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