La no calificación de la reorganización del holding como una Operación entre Partes Relacionadas emanada desde el regulador de valores permitió que el Comité de Directores de la empresa respaldara la operación sin el voto independiente real y no obliga a informe de perito clave. Fernández lo dejó claro, pero terminó siendo nada más que un saludo a la bandera.
Casi un calco de lo ocurrido hace tres años se vio en estos días en la reorganización del holding Enersis. En 2012, minoritarios y el controlador de la firma se enfrentaron por la propuesta de aumentar el capital de la compañía en US$ 8.000 millones, obligando solo a los primeros a poner efectivo.
La calificación, hecha por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) –liderada en ese momento por Fernando Coloma–, de Operación entre Partes Relacionadas (OPR) fue crucial para que al final del proceso Enersis tuviera que ceder y negociar la rebaja de la operación en casi US$ 2.000 millones, con el consiguiente ahorro para accionistas como las AFP, que representan los ahorros de los afiliados al sistema de pensiones.
Pero en 2015, la opinión del titular de la SVS, Carlos Pavez, cambió el rumbo de las cosas. Arguyendo la condición de fusión, declinó calificar como OPR la reorganización de Enersis propuesta por Enel y, aunque deslizó que la eléctrica debía actuar casi como si fuera una OPR, la semana pasada quedaron en evidencia las limitaciones de su decisión.
Rafael Fernández, el mismo director independiente que hizo hervir la mesa de Enersis hace tres años, cuando la presidía Pablo Yrarrázaval, esta vez tampoco guardó silencio y en el comité de directores dejó estampada su disconformidad con el proceso y con la decisión de la SVS.
Esta vez, sus compañeros del Comité eran Hernán Somerville, ex presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y que fue una de sus ácidas contrapartes en el proceso de 2012; y Herman Chadwick, el consejero de Sofofa y primo del ex Presidente Sebastián Piñera, quien llegó a la mesa este año luego que renunciara la también ex ministra de Piñera, Carolina Schmidt. Los últimos dos se declaran independientes, permitido por la ley, aunque ambos fueron elegidos con votos de Enel.
Fernández cuestionó el proceso desde el principio, como reveló el informe del Comité de Directores publicado la semana pasada.
Díscolo hasta el final
La SVS le había recomendado al directorio de Enersis en julio pasado que, si bien no era OPR, tomara medidas similares a las que exige el Título XVI de la ley de Sociedades Anónimas para dicho tipo de transacciones, entre ellas, “un pronunciamiento expreso por parte del Comité de Directores”.
Y así fue. No obstante, al no ser OPR, la opinión de Fernández fue un saludo a la bandera y el Comité terminó aprobando por mayoría –dos contra uno– el informe que declaraba el interés social de la reorganización propuesta por Enel, con algunos condicionamientos.
Fernández no estaba conforme con la propuesta de Enel y en agosto pasado pidió el espacio para presentar una propuesta alternativa a la mesa. Se le escuchó el 15 de septiembre pasado y su planteamiento quedó en condición de “archivado como documento oficial de acta de esa sesión”.
Fernández cuestionó también la designación, por parte del directorio, de Rafael Malla como perito independiente el 13 de agosto de este año y de IM Trust como asesor financiero del Comité de Directores el 15 de septiembre.
En todas fue minoría, en todas Enel usó la mayoría para imponer su posición y en todas, su opinión, al menos en lo que revelan los informes, quedó como voto de minoría.
Las discrepancias con Chadwick y Somerville fueron ácidas. Fernández, señala el informe del Comité, siempre consideró que la reorganización –incluyendo división de empresas y posterior fusión de las resultantes– debía ser analizada en su totalidad y, por ende, ser calificada como OPR. Catalogó como “sui generis” y particular la propuesta de Enel, y que no conoce “un grupo empresarial chileno ni internacional que opere de esta forma, con Chile separado del resto de los activos de Latinoamérica».
En sus alegatos, además, lanzó una granada al recuerdo del incumplido plan de inversiones anunciado en 2012 a propósito de aumento de capital. “El director reiteró su llamado a que Enel exprese cuáles son sus intenciones de largo plazo para con la forma de organizar Enersis”, recordando que la firma estatal italiana tiene 54.300 millones de euros en deuda frente a 39.500 millones de euros de valorización bursátil.
La alusión de Fernández apuntaba a la reiterada tesis de los minoritarios en cuanto a que Enel busca reordenar su patrimonio en la región para reducir sus ratios de deuda en Europa y en el tiempo ir licuando los dividendos que genera el grupo.
Con sus colegas del Comité tuvo discrepancias sobre el rol del evaluador independiente y del nivel de protección de los accionistas. Según Chadwick y Somerville, la designación del asesor financiero se hizo en condiciones similares a la de un evaluador independiente; y también creen que los minoritarios están protegidos con el tratamiento de la operación, aunque no sea como OPR.
Fernández los refutó advirtiendo que la contratación del evaluador independiente “debe contar con el voto positivo del director independiente no involucrado y el asesor financiero con su voto en contra”, y junto con ello, les recordó que “las obligaciones legales de un evaluador independiente en una OPR son absolutamente diferentes de las asignadas al asesor financiero designado por el Comité”, en alusión a IM Trust.
Cuando el Comité los designó, Fernández advertiría que no estaba de acuerdo, pues IM Trust había “emitido opinión sobre esta operación a principios de año” y que incluso, 10 días antes de que se le contratara en el Comité, “un medio de prensa publicó que serían contratados por Enel como asesores financieros de Enersis”, algo que sus colegas del Comité refutaron citando dichos de ejecutivo de Enel e IM Trust, junto con asegurar que este último “está bajo la obligación y declaración de independencia formulada notarialmente”. Además, el díscolo director reclamó que el informe de IM Trust costó cuatro veces más que lo que pedía Econsult.
El costo de no ser OPR
El director de estudios del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile y ex jefe del área de cumplimiento de mercado de la SVS, Hugo Caneo, coincide con la visión de Fernández y cuestiona que la SVS no haya calificado de OPR la transacción, crítica que considera se está haciendo palpable con la revelación de los informes.
“Este tema debería haber pasado a la junta de accionistas. El directorio en el caso anterior no votó, pasó a la junta y se obligó a que se hicieran más informes que fueron los que terminaron reduciendo el aumento de capital en US$ 2.000 millones. Las operaciones del Título XVI no es que establezcan más requisitos de fondo, sino más bien de transparencia e información, porque los directores no tiene la posibilidad de votar, dado el conflicto de interés”.
En efecto, como apunta Caneo, si el actual plan de Enel hubiera sido OPR, el voto de Fernández contra el informe del Comité que la semana pasada calificó como de interés social el plan, habría sido clave. Ni Fernández ni Somerville podrían haber votado, pues fueron elegidos con votos del controlador, y el directorio, controlado a su vez por directores elegidos por Enel, tampoco se podría haber manifestado. Solo quedaría la posibilidad de pedir informes de peritos elegidos con el voto de Fernández y, finalmente, dichos informes habrían forzado a los controladores a negociar previo a la junta de accionistas con AFP y el resto de los minoritarios, tal como ocurrió en 2012.
“El perito tendría que opinar de la operación completa, no solo mirar los términos de intercambio y cuántas acciones le toca a cada uno. El problema en este caso es que las normas de fusión, a diferencia del tratamiento de las OPR, tienen grados de información que no están pensados para conflictos de interés. En su informe, por ejemplo, el perito independiente es responsable de la información que entrega, incluso se pueden ejercer acciones en su contra. Con esos informes se podía tomar la decisión de facilitar la negociación. Pero ahora al final el directorio vota y le da lo mismo”, explica Caneo.
El ex funcionario de la SVS se cuadra con otra postura del díscolo director. En el informe del Comité de Directores de Enersis, Fernández tampoco tuvo piedad con el perito independiente que designó la mesa de Enersis, Rafael Malla. Lo cuestionó por haber incorporado a su trabajo a la firma Deloitte Advisory, pese a que el contrato era con él, “comprometiendo así la debida independencia del perito, razón por la cual considera que tal informe no debe ser recepcionado conforme por el directorio ni puede ser usado por este Comité para analizar u emitir su recomendación”.
Advierte que “el informe no habría sido emitido por un perito independiente, dado que para sostener sus opiniones ha admitido intervención ajena”. Al final Fernández dice que no comparte “nada” del informe de Malla, quien hizo los cálculos para establecer el nivel de participación que les correspondería a los actuales accionistas del holding en las futuras firmas fusionadas.
Fernández termina haciendo un detallado apunte crítico a lo que suscribieron sus compañeros del Comité, advirtiendo que no apoya el plan, considerados los riesgos que implica y dado que los números de descuento por holding y eficiencias no son tan buenos como los presenta Malla, citando incluso al propio IM Trust.
Sin embargo, las negociaciones que en estas horas llevan adelante Enel con minoritarios no tendrán la espada de Damocles de haber recibido un informe elaborado por un perito nombrado por un director independiente de verdad –no elegido por el controlador–, que además se hiciera cargo de sus actuaciones y que analice la operación en su totalidad, no por partes.
