Opinión
«El tema es delicado. No se trata de que el consejero no pueda dar su opinión personal respecto de los temas políticos. El problema es que como miembro de un colectivo es fácil que su opinión sea recibida como la opinión del Consejo del Banco Central. Por otra parte, las declaraciones de Vial y del propio presidente de la entidad plantean dudas respecto de la posibilidad de realizar un diagnóstico de la situación económica y de tomar decisiones de política monetaria, separando las visiones valóricas e ideológicas de las concepciones estrictamente técnicas».
El domingo recién pasado el consejero del Banco Central Joaquín Vial dio una entrevista interesante, tanto por su análisis de la situación económica (cuestión que no analizamos en la presente columna) como por la incursión que realiza en temas políticos, poniendo en cuestión la idea de que la institución es un organismo meramente técnico y en consecuencia poniendo en tela de duda el mecanismo de selección de los consejeros que lo distancia en demasía de la decisión democrática de la población.
Ya el día lunes 28 de marzo el presidente del Banco Central había afirmado en el Senado, que en su opinión era autocomplaciente echarle la culpa de nuestros problemas solo al escenario externo más adverso, apuntando en cambio al clima de inversión, insinuando, así, que son las reformas las principales responsables de la desaceleración económica (olvidando los problemas estructurales que arrastra la economía nacional desde al menos 10 años). Vial retoma el argumento y toma posición respecto de dos de los principales temas políticos que ocupan al país: el cuestionamiento de que se haya priorizado el impulso de las reformas por sobre acuerdos con la oposición y la evaluación de la reforma laboral.
En relación con lo primero, Vial señala que se requiere un clima de discusión política que sea más conducente a forjar grandes acuerdos y crear certezas respecto del futuro que alienten el clima de negocios. Es claro que en la Nueva Mayoría ha estado permanentemente en discusión si lo que corresponde hacer es asegurar el avance de las reformas por encima de acuerdos con la oposición (más allá de la búsqueda natural de consensos que implica el debate político entre personas razonables) o si, por el contrario, cabe renunciar a las reformas en función de evitar la fuerte campaña que la oposición y el empresariado han puesto en operación en contra del gobierno.
Mientras que la primera posición parte del diagnóstico de que la situación de inequidad y desigualdad se hace insostenible desde el punto de vista de la cohesión social y que, además, no es posible recuperar un ritmo mayor de crecimientos sin introducir reformas sustantivas en el campo de la tributación y la educación (y en la economía, cuestión descuidada por el programa y la política del actual gobierno), la segunda posición no tiene mayores cuestionamientos respecto del modelo económico y social y considera que es suficiente dejar tranquilo al empresariado (olvidando e incluso revirtiendo las reformas) para retomar el crecimiento económico.
Respecto de la reforma laboral, Vial es aún más categórico: “Lo que hacen las reformas laborales es más bien aumentar la capacidad de negociación de los sindicatos dentro de empresas establecidas… Lo que echo de menos son reformas que faciliten más las posibilidades de tener mecanismos más flexibles de trabajo en términos de jornada y de tipo de empleo. Siento que las personas que están pensando las reformas laborales tienen en mente un mercado del trabajo estático, en un establecimiento fijo y horario de 9 am a 6 pm, que no es la realidad del siglo XXI. Me gustaría ver un poquito más de discusión sobre cuáles son las adecuaciones para adaptarse a las necesidades de trabajo del siglo XXI».
El análisis de Vial centra su atención, en los cambios que han traído consigo las fuertes transformaciones tecnológicas. Es claro que esos cambios afectan las relaciones laborales. El problema que olvida Vial es que, al mismo tiempo, se enfrenta una situación que ha traido consigo un fuerte proceso de concentración económica (cuestión sustentada en una amplia literatura, entre cuyos autores cabe destacar a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001 y el renombrado economista francés Thomas Piketty) y una pérdida significativa de la participación de los asalariados en el ingreso nacional.
La situación es tan preocupante en el mundo (y sin duda en Chile) que incluso Lawrence Summers, economista reconocido en el mainstream, al comentar la reedición del libro de Arthur Okun Equality and Efficiency, junto con destacar la importancia de la publicación indicaba que muchas cosas habían cambiado en los últimos 40 años y, por tanto, “cuando el salario mínimo es actualmente menor en términos reales que cuando Okun escribió el libro (1975) y cuando solo un 6,6% de los trabajadores del sector privado son cubiertos por los sindicatos, yo pienso que su análisis de costo beneficio lo inclinaría a favorecer aumentos del salario mínimo y hacia la relajación de las normas relativas a los derechos de negociación colectiva de los trabajadores del sector privado con la empresa”.
La situación no es diferente en Chile. Nada señala Vial tampoco respecto a la debilidad en que la reforma laboral de la dictadura sumió al movimiento sindical. Ello ayuda a explicar la persistencia de los alto índices de desigualdad que caracteriza a la distribución del ingreso.
El tema es delicado. No se trata de que el consejero no pueda dar su opinión personal respecto de los temas políticos. El problema es que como miembro de un colectivo es fácil que su opinión sea recibida como la opinión del Consejo del Banco Central. Por otra parte, las declaraciones de Vial y del propio presidente de la entidad (frente a cuyas declaraciones nos referimos en una columna de junio del 2015) plantean dudas respecto de la posibilidad de realizar un diagnóstico de la situación económica y de tomar decisiones de política monetaria separando las visiones valóricas e ideológicas de las concepciones estrictamente técnicas.
Si entonces las opiniones y las decisiones del Consejo del Banco Central reflejan concepciones técnicas, pero también políticas, valóricas e ideológicas, y si además se tiene en cuenta que las decisiones del banco implican transferencias de recursos entre los distintos agentes económicos, no parece adecuado un sistema de designación sujeto a un acuerdo político que diluye las opciones de las mayorías democráticas. Al mismo tiempo, representa un llamado de atención a las autoridades que no indagan con adecuado ahínco en las posiciones y puestos de trabajo que los candidatos han representado y ostentado en su carrera profesional, pues ello incidirá en sus decisiones sobre política económica.
Eugenio Rivera
Fundación Chile 21
