Gonzalo Delaveau renunció a la presidencia de Chile Transparente luego que se revelara que actuaba como intermediario de algunos clientes. Según él mismo informó, decidió «dar un paso al costado» en el cargo al que dedicaba tiempo no remunerado, para evitar «el daño que se le hizo a la institución». El SII se sumó a la decisión de gobiernos de todo el mundo y anunció que profundizará seguimiento a chilenos implicados. Los antecedentes publicados ayer por Ciper vinculan a Luis Enrique Yarur, a los empresarios de las apuestas y juegos de azar, Luis y Lientur Fuentealba Meier, y a la familia Calderón a una lista de millonarios chilenos con cuentas sospechosas “offshore”. La filtración de documentos del estudio de abogados panameños Mossak Fonseca también complementa investigaciones que el El Mostrador Mercados publicó en los últimos tres años y que apuntaban a operaciones sospechosas.
Este lunes, Ciper Chile publicó un extenso reportaje donde revela los nombres de las figuras políticas, deportivas y empresariales chilenas que salieron salpicadas a través de la filtración más grande de la historia y que vincula a centenares de políticos, empresarios y celebridades de todo el mundo a cuentas sospechosas en paraísos fiscales.
Y la investigación ya cobró su primera víctima: el abogado Gonzalo Delaveau.
Ayer por la tarde, Delaveau dejó su cargo como presidente de Chile Transparente, el capítulo local de la ONG Transparencia Internacional, luego de revelarse que actuó de intermediario de algunos clientes en los denominados paraísos fiscales.
«Me acaban de informar que la aceptan con dolor y todas estas cosas que se dicen, y por el bien de la institución, que es lo que a mí me importa, ha sido aceptada», señaló.
Durante la tarde el presidente de la instancia a nivel mundial había confirmado a El Mostrador que la situación de Delaveau motivó una reunión de urgencia en la sede chilena.
La filtración, de acuerdo al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, incluye 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214.000 empresas «offshore» en más de 200 países y territorios.
La investigación, que se realizó en conjunto con 109 medios de todo el mundo, «dejó al descubierto los nexos ocultos que el bufete panameño ha mantenido históricamente con gobernantes, políticos, celebridades y empresarios en distintos países. También con un sinnúmero de ‘clientes’ incluidos en listas negras internacionales, entre los que se cuentan estafadores, sospechosos de financiar el terrorismo, traficar drogas y proveer de armas a países azotados por guerras internas», detalla Ciper.
En lo que se refiere al capítulo chileno, se menciona que Mossack Fonseca abrió oficinas en Chile en diciembre de 2012, de la mano del abogado Juan Cristóbal Recart Salas. Desde fines de los 70 a la fecha, la firma ha sido vehículo para la creación de cerca de 200 entidades offshore vinculadas a chilenos o a extranjeros con inversiones en Chile, en jurisdicciones como Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles y Nevada (USA).
Según el reportaje, en algunos casos son sociedades instrumentales con un directorio de pantalla, conformado por ejecutivos de la misma firma Mossack Fonseca o testaferros. La idea es una sola: resguardar la identidad de los reales propietarios de los dineros que administran.
Al respecto, Ciper consigna que en el caso chileno «no se sabe con certeza el total de capitales invertidos en paraísos fiscales. La única aproximación posible es a partir de las declaraciones realizadas por contribuyentes chilenos con dineros alojados en esas jurisdicciones».
El Servicio de Impuestos Internos (SII) reportó en 2015 la existencia de US$11.200 millones, declarados por 408 contribuyentes con inversiones en Panamá, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
Entre los beneficiarios chilenos de las sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca aún activas, figuran el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y socio del ex jefe financiero de la DINA, el abogado Alfredo Ovalle Rodríguez; el empresario Isidoro Quiroga Moreno,quien ha hecho millonarios negocios con la venta de derechos de agua entregados por el Estado; el dueño de la empresa El Mercurio S.A.P., Agustín Edwards Eastman; el ex ministro de Hacienda, candidato presidencial y hasta hace poco director de Soquimich, Hernán Büchi Buc; los empresarios de las apuestas y juegos de azar, Luis y Lientur Fuentealba Meier; así como el controlador del Banco BCI, Luis Enrique Yarur; y la familia Calderón Volochinsky, controladora del retailer Ripley.
Precisamente sobre los últimos dos mencionados, El Mostrador Mercados realizó una serie de reportajes que daban cuenta de las maniobras tanto de la familia Calderón como los movimientos de Luis Enrique Yarur dentro de su familia, que terminan por profundizarse con los datos revelados en la investigación.
Ya en 2014, el SII se querelló contra Alberto Calderón Crispín, uno de los fundadores y accionistas principales de Ripley, por una serie de operaciones que tuvieron lugar en 2008 por maniobras que los Calderón habrían hecho para evadir US$ 22 millones en impuestos, y que además salpicaba a Jorge Andrés Saieh (hijo de Álvaro Saieh, principal financista de Ciper) y Pilar Dañoboitía, ambos directivos del Grupo Saieh, que fue el que compró las acciones de Ripley Corp.
En los registros de Mossack Fonseca también aparece, con una sociedad inactiva desde 2008, Luis Enrique Yarur, presidente y controlador del Banco de Crédito e Inversiones (BCI). Yarur fue el beneficiario de la sociedad Westhill Investment, creada en agosto de 1994 en Panamá. En los archivos de Mossfon hay registros que dan cuenta de una serie de millonarios préstamos realizados en 1996 (uno por US$6 millones y otro por US$59,5 millones) por el Chase Manhattan Bank (hoy JP Morgan Chase Bank) a Westhill Investment y en los que actuó como aval Inversiones Petro S.A., el brazo a través del cual históricamente los Yarur han controlado su holding familiar.
Dos años antes, coincidentemente con la creación de Westhill, Luis Enrique Yarur había iniciado la toma de control del BCI comprando acciones, según versiones de prensa, a un precio 50% inferior al valor de su transacción en Bolsa.
Con estas operaciones, que incluyeron una serie de líos familiares en el clan Yarur, Luis Enrique pasó en solo cuatro años de ser accionista minoritario a controlador del tercer mayor banco privado del país.
De acuerdo a Ciper, los hermanos Luis y Lientur Fuentealba Meier, controladores del Casino de Talca a través de la Corporación Meier SAC, aparecen vinculados en los archivos, como propietarios o representantes de seis sociedades offshore.
Uno de los accionistas minoritarios del Casino de Talca impugnó los estados financieros de la compañía por tres años seguidos. Acusó a los controladores de arrendar tragamonedas a precios fuera de mercado, que se habían pagado asesorías sin aprobación del directorio y que existían deudas por pagar que no correspondían al casino, sino a sus socios mayoritarios, o sea, los hermanos Fuentealba Meier.
