En juego están millones de dólares en multas y compensaciones a los consumidores afectados
La empresa de los Matte se autodenunció diciendo que el cartel se inició el 2000, fecha que concuerda con el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, mientras la firma sueca se enfoca en demostrar que partió en 2006 y que fue La Papelera la que los coaccionó a coludirse. Existen correos que son parte de la investigación y que avalarían la posición de CMPC, pero hay quienes cuestionan la solidez de ese relato. La batalla legal y las inconsistencias de las partes que configuran un caso.
A estas alturas, el caso de colusión en los productos de papel tissue, higiénico, servilletas y pañuelos desechables, parece metido en un embrollo. Los medios abordaron profusamente su origen, divulgaron declaraciones, correos y todo lo que ha ido apareciendo en los expedientes de la investigación.
El escarnio fue generalizado y provocó drásticos cambios en la plana superior de CMPC, incluyendo la salida de la presidencia de su compañía del más influyente empresario del país, Eliodoro Matte. También ha puesto en duda al ex ministro Gabriel Ruiz-Tagle, quien formó parte del gobierno de Sebastián Piñera, por haber sido socio de Pisa (luego SCA) mientras se originó el cartel.
Sin embargo, pasado el oleaje inicial, la información se ha disipado. Y es que el juicio que lleva a cabo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Tdlc) a partir del requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en octubre de 2015, se encuentra de lleno en la absolución de posiciones, donde distintos ejecutivos acuden al tribunal para ser contrainterrogados por los abogados de las partes, incluyendo la Fiscalía.
El amor que según la FNE se prodigaban hasta 2011 o 2012 ambas compañías ya quedó atrás. CMPC, que se autodenunció en abril del año pasado, tiene sus fichas puestas en demostrar que el cartel partió en el 2000 –fecha que concuerda con el requerimiento de la FNE– y que fue un acuerdo, no un fruto de la presión suya para repartirse posiciones de mercado y fijar precios. SCA, en tanto, apuesta a demostrar que la colusión partió en 2006 y que fue justamente CMPC la que la coaccionó a cartelizarse.
En ese contexto es que ambas empresas juegan una partida de ajedrez jurídico, donde cuidan sus posiciones y cada paso que dan y al mismo tiempo.
La FNE está sentada en el medio, intentando demostrar que SCA (entonces Pisa) fue parte del cartel desde 2000, apoyada en el reconocimiento explícito que entregó CMPC en la información que allegó al autodelatarse y que llevó a la entidad liderada por Felipe Irarrázaval a otorgarle el beneficio aparejado a la autodenuncia y de solicitar al Tdlc que la exima de multa.
Los antecedentes surgidos del caso hasta ahora permiten abrir serias interrogantes sobre el resultado final, pero también abren cuestionamientos acerca del nivel de veracidad con que ambas compañías han documentado el caso y cuánta verdad terminará confirmándose al final del juicio.
Estimaciones iniciales indican que la parte final del juicio, los alegatos, ocurrirán hacia fines del tercer trimestre de este año, tras lo cual el tribunal podrá comenzar a elaborar su posición concluyente.
En su requerimiento, la FNE fijó una posición, fuertemente influida por el legajo de antecedentes entregados por CMPC. Sobre la base de ellos, incluidos correos internos de la papelera y testimonios de ejecutivos actuales y pasados, además del allanamiento a las oficinas de SCA, la Fiscalía determinó que el punto de partida del cartel ocurrió en el año 2000 luego de una guerra de precios desatada a partir de promociones efectuadas por la cadena de supermercados en ese momento de la familia Ibáñez, Líder, a través de su marca aCuenta, que elabora SCA.
Con ello, involucró a la compañía desde que era controlada por Ruiz-Tagle, aunque no la acusó. Pero lo más relevante: instaló ante el Tdlc que no hubo coacción de una empresa sobre otra, tesis que SCA rechaza, razón por la cual, de hecho, la firma sueca reclamó de la actuación de la Fiscalía y que además la tiene enfrentando una demanda colectiva presentada por el Sernac, tras negarse a negociar un acuerdo compensatorio como lo está haciendo la papelera.
El inicio del cartel tiene enfrentadas a las empresas. Fuentes que conocen el proceso afirman que CMPC se pregunta qué sentido tiene que hayan ampliado el plazo de colusión, considerando que aquello los afecta, pues eleva las compensaciones que tendrían que pagar a consumidores . Agregan que La Papelera pagaría más por este concepto que por la millonaria multa, por lo que esta última no sería el objeto de su posición.
Pero la controversia gira en 180 grados cuando conocedores del tema advierten que la papelera lo que busca es fijar el proceso antes de 2006, para que los argumentos y pruebas de SCA (que se concentran después de 2005), de coacción por parte de la firma de los Matte, sean menos atendidos y la conversación cambie de foco.
La tesis de CMPC –según lo que evidencian las pruebas y testimonios hasta ahora recogidos en el proceso– es que SCA nunca ha tenido vocación de enfrentar la verdad, que ocultan antecedentes al tribunal y que esta no es una conducta nueva sino que es parte de su modus operandi, aludiendo con ello a lo ocurrido en Colombia, donde la empresa Familia, en la cual es socia SCA, fue acusada de colusión en productos similares.
En esta línea fue leído lo que ocurrió el viernes último, cuando acudió a absolver posiciones el actual gerente general de SCA, Gonzalo Díaz. En la diligencia, además de un ministro del Tdlc y abogados de la FNE, asistieron abogados de la papelera –liderados por Cristóbal Eyzaguirre– y de SCA, con Rodrigo Díaz de Valdés a la cabeza.
En la extensa prueba testimonial Díaz responde medio centenar de consultas de la FNE, además de aclaraciones y ampliaciones pedidas por CMPC y Conadecus. Las consultas se enfocan en la investigación interna realizada para SCA por la consultora Baker & Mackenzie a partir de abril de 2015, cuando se entera de la investigación de la fiscalía.
Las respuestas de Díaz hacen creer a CMPC que se está ocultando u omitiendo información. El ejecutivo responde en la diligencia que no conoce los detalles de la investigación, aunque en algunos momentos evidencia mayor convicción de lo que se investigó.
Sin embargo, algunas de sus respuestas abren interrogantes –según fuentes que conocen el caso–, en especial sobre el momento en que comenzó la colusión. Ese es el foco central para la empresa del Grupo Matte, pues su autodelación apuntó a que fue a comienzos de la década pasada el punto de partida del cartel y no en 2006 como sostiene SCA.
Conocidos son los antecedentes revelados a partir de testimonios de actuales y antiguos ejecutivos de CMPC: reuniones en secreto en hoteles de la zona oriente de la capital, en ‘bombas’ (cuarteles de bomberos) del mismo sector, correos falsos para comunicarse por fuera de las casillas institucionales, celulares de prepago ya eliminados y computadores con información de monitoreo del cartel lanzados al Canal San Carlos.
Como la propia CMPC ha dicho, la Fiscalía armó el caso sobre la base de lo que autodenunció la papelera de los Matte hace un año y, por defecto, en función de la tardía autodelación de SCA que llegó el 7 de octubre de 2015, días antes de que se presentara el requerimiento y con el foco puesto en que la colusión nació solo hace una década y no hace quince años, como sostiene CMPC.
Por ello, los abogados de CMPC preguntaron sobre la investigación interna de SCA. Pensando en que esta oculta información del período previo a 2006, preguntaron a Díaz –gerente de finanzas de Pisa entre 2006 y 2011 y luego gerente de operaciones de la fábrica (ya de SCA) hasta 2014, cuando asume la gerencia general–, en la investigación, por boletas o comprobantes de pago por el uso de hoteles donde se podrían haber reunido ejecutivos de ambas empresas previo al 2006, dado que hay numerosas referencias en los correos a reuniones en hoteles.
Díaz señala que no se le consultó sobre aquello y dijo no tener certeza respecto a si el ex gerente comercial de Pisa, Miguel González, fue entrevistado por Baker & Mackenzie, lo que llamó la atención, pues develaría que SCA se concentró en recabar antecedentes ad hoc a su tesis de que la colusión partió en 2006 y, además, una falta de rigurosidad en la investigación de la firma de abogados norteamericanos.
Este camino parece clave para CMPC: si confirman que la colusión partió antes del 2006, la tesis de los suecos de que hubo coacción desde 2006 en adelante “se cae”, afirman fuentes cercanas al tema.
No obstante, en el proceso hay visiones distintas sobre el punto. De acuerdo a fuentes bien informadas, la investigación de Baker & Mackenzie no solo consideró entrevista a Miguel González, sino que también incluyó la revisión de la posible existencia de boletas y reservas de hoteles en la capital, aunque solamente del periodo posterior al 2006. Las fuentes agregan que no podía consultársele en la investigación a Díaz sobre información del periodo previo a que fuera gerente de finanzas, pues eso le correspondía plantearlo al actual encargado de esa área.
No obstante, las dudas saltan de un lado a otro. Aunque SCA dice que la información obtenida por el trabajo de Baker & Mackenzie fue entregada a la FNE, lo cierto es que ni las presentaciones intermedias ni el ‘bruto’ de la documentación recabada por los abogados habría sido entregada por completo al Tdlc ni a la Fiscalía. Por ende, hoy ni el Tdlc ni la FNE tienen a su alcance el detalle de dicho trabajo y, en consecuencia, no existe constancia de si SCA o Baker ‘filtró’ parte de la información adjunta al ente público. Tampoco hasta ahora el Tdlc ni CMPC han pedido dichos antecedentes, aunque no se descarta que la papelera sueca termine agregando dichos archivos, pese a que no está obligada.
Pero como la autopista tiene dos vías, también hay dudas sobre el nivel profundidad y veracidad de la información entregada por CMPC.
La papelera ha relatado que cuando se enteró que se les investigaba fuera de Chile, a mediados de 2014, iniciaron una investigación, despidieron al entonces gerente general de la filial de Tissue, Jorge Morel y continuaron investigando hasta que en marzo de 2015, días antes de ser notificados de la investigación de la Fiscalía, descubrieron la colusión en Chile y se autodenunciaron.
La información entregada por la papelera y que es parte clave de su tesis de que la colusión partió en el 2000, consiste –además de las declaraciones de ejecutivos– en correos internos donde ejecutivos aluden a reuniones con Ruiz-Tagle y monitoreo del cartel. Uno de ellos está fechado el 1 de diciembre de 2003 a las 15:07, con el asunto “RE: reunión Bomba c/GRT”, donde abordan el “efecto mejora D&S” y “Canal supermercado/tradicional Hig. Economicos”.
Otro correo es del 13 de octubre de 2004 a las 16:40 horas, con el asunto “RE: informaciones varias”, donde se indica que “respecto de catálogos no PBS estamos alineados con MG”. Según CMPC –y de ahí la inclusión de esos mensajes en la información que entregaron a la Fiscalía– ambas comunicaciones confirman que existía la colusión antes de 2006. Otros testimonios y antecedentes podrían llegar al proceso para sustentar más su tesis.
Sin embargo, estos documentos podrían enfrentar terreno pedregoso. Fuentes cercanas al proceso dicen que tales correos no fueron presentados en alguna audiencia de percepción de documentos, donde se puede verificar la autenticidad de los mismos, incluso con peritajes ad hoc, por lo que correrían el riesgo de no ser aceptados en el caso. No obstante, quienes conocen del proceso formal iniciado a fines de 2014, recuerdan que esos correos son parte del expediente y no fueron cuestionados por la FNE, por lo que son válidos. Y si SCA quiera cuestionarlos, agregan, puede hacerlo y el Tdlc podría verificar su autenticidad en una audiencia de percepción de documentos.
Además las fuentes insisten en que resulta inverosímil creer que CMPC se autodelató apuntando al año 2000, pensando que SCA luego podría plantear su tesis de coacción a partir del 2006. Será labor del Tdlc y la FNE verificar estos antecedentes.
Pero CMPC no adjuntó todos los correos que se han conocido hasta hoy. En su autodelación del 7 de octubre de 2015, SCA presentó una docena de correos de casilla Gmail, entre ejecutivos de SCA y CMPC, que no había revelado CMPC.
Estos correos son los que se han conocido públicamente y que presentan ácidas recriminaciones –después del 2006– de ejecutivos de CMPC a los de SCA, a propósito del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la colusión. Estos antecedentes son claves para la sueca en la línea de demostrar que fueron coaccionados por CMPC y, conjuntamente, que el cartel partió en 2006.
“¿Por qué CMPC incluyó solo dos correos supuestamente internos de antes de 2006 y ninguno de los Gmails que intercambiaron ejecutivos de ambas empresas posteriores a esa fecha? ¿Será que no quieren que el caso se enfoque en el período que parte ese año y donde hay evidencias de coacción de su parte?”, se pregunta en voz alta una fuente del caso, cuestionando la validez de los documentos aportados por CMPC. Apunta también que los propios ejecutivos de CMPC, en sus declaraciones ante la FNE, confirmaron haber enviado esos correos, pero, sin embargo, la investigación interna de la papelera no los descubrió.
Otras fuentes explican que la investigación interna de CMPC solo abordó correos institucionales y por eso no detectó los Gmails que reveló SCA. No obstante, no creen que sea central el argumento, pues no sería lógico que se autodelaten por un periodo del doble de años de lo planteado por los suecos –ampliando el costo de las compensaciones– y porque rechazan la idea de que en marzo de 2015, cuando aún no eran notificados de la investigación, estuvieran planificando una estrategia destinada a enfrentar una potencial tesis de SCA sobre coacción de CMPC y, junto con ello, que esta firma de manera ulterior surgiera con la idea de que la colusión partió en 2006.
Lo cierto es que ambas empresas tienen argumentos diversos para sustentar su tesis.
Sobre los dos correos aludidos por CMPC en su presentación a la FNE, fuentes críticas de esta línea creen que el foco del debate no estará en esas evidencias, sino en el análisis de antecedentes que –piensan– harían caer las evidencias respecto del inicio de la colusión.
Justamente el correo de 2003, dicen las fuentes, apunta a que SCA habría influido en Lider para bajar precios, lo que consideran inverosímil.
Y respecto del correo de 2004 –donde se apunta que CMPC tendría una ‘deuda’ de 650 toneladas con SCA– advierten que un análisis “riguroso” demostrará que esa cifra es falsa, pero que, en todo caso, para verificar si había esos acuerdos, se pueden revisar los informes de la consultora Nielsen, donde se evidenciaría si CMPC había ganado o no participación de mercado que generaría la obligación de toneladas con SCA, lo que –afirman– no es efectivo.
Añaden, asimismo, que es imposible económicamente, lo cual sería en el futuro ratificado con informes y testigos independientes, pues en 2005 Pisa tuvo pérdidas millonarias y en 2004 ocurrió algo similar, con menor intensidad. “¿Qué colusión puede traer como consecuencia ese nivel de pérdidas? En ese caso más valía tener la plata en un banco”, dicen.
Con todo, al igual que con el informe de Baker & Mackenzie, existen dudas de fuentes del proceso respecto del informe forense elaborado para CMPC por la estadounidense especialista en delitos cibernéticos Kroll, que no es hasta ahora conocido en detalle.
Las fuentes que discrepan de estas dudas advierten que Kroll aportó una plataforma para buscar información en los computadores de la empresa y que CMPC acordó con la FNE la metodología para el rastreo y presentación de la información que surgiera de dicha investigación y que fue entregada a la Fiscalía toda la información ligada al caso, pudiendo esta haber revisado los discos duros para ver si se omitió información por parte de la empresa. Pero como era la empresa la que entregaba la información recabada con Kroll y la FNE confiaba en lo que le llegaba, no existe certeza de si la Fiscalía tuvo acceso a todos los discos duros.
Otro aderezo al guiso de la colusión fue el informe enviado en las últimas semanas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, a propósito de la colusión detectada en dicho país, en que uno de los involucrados es Productos La Familia, donde SCA tiene el 50% del grupo, según la información del sitio web de la firma colombiana. Hace dos semanas la Superintendencia de Protección de la Competencia confirmó la colusión y pidió multas de US$ 23 millones para los involucrados, lo que deberá ser zanjado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
En el documento allegado al país, este organismo hace un detallado análisis del caso en dicha nación y describe el comportamiento de cada uno de los intervinientes. En dicho escrito, dedica algunas líneas críticas para con La Familia, advirtiendo que en algunos casos omitió información y en otros, lisa y llanamente, mintió, buscando favorecer su defensa.
Las fuentes críticas de SCA destacan especialmente el párrafo en que la autoridad colombiana acusa a La Familia de mentir. “Familia afirmó que su participación se dio hasta el mes de diciembre de 2010 y, de manera coherente con esa falsedad, se abstuvo de aportar las pruebas que la desmentirían en la medida en que se demostrarían su vinculación posterior”, dice el escrito, aludiendo al hecho que La Familia estimó el fin de la colusión en 2010, cuando la investigación confirmó que el cartel se extendió más tiempo.
La conducta de la compañía con la que se asoció SCA en los 70, pero a cuya propiedad entró con fuerza en 1997, hace atar cabos a quienes cuestionan la actuación de la firma en Chile, elucubrando que la misma conducta dilatoria o de ocultamiento de información podría ser repetida en nuestro país.
No obstante, quienes refutan esa tesis advierten que SCA no controla a La Familia (en rigor tiene el 50%, como ya se dijo) y que en particular los ejecutivos involucrados en el caso son colombianos, son de confianza de la familia Gómez (líder de grupo) y que tampoco el gerente general fue nombrado por SCA, por lo que la firma no puede hacerse cargo de lo ocurrido en ese país. De igual forma, agregan que cuando se inició dicha colusión a comienzos de la década pasada, no tenían influencia sobre la administración de la compañía.
Todos los que conocen el caso de colusión saben que la madeja a disolver por el Tdlc es compleja. Y la FNE se juega una carta polémica, como es su decisión de conceder la delación a CMPC, sin tener certeza de si hubo coacción de la papelera y sin saber si la empresa entregó toda la información disponible.
Pero resulta aún más incierto si se podrá verificar en algún momento el detalle de los hechos ocurridos desde hace 15 años y el nivel de honestidad con que ambas compañías han actuado en este caso.
Los hechos dejan dudas de lado y lado. La sentida entrevista de Eliodoro Matte a El Mercurio, el 1 de noviembre de 2015, mostró al empresario profundamente afectado por la situación que se destapó días antes con la denuncia de la FNE, con duras críticas a los ejecutivos que participaron del cartel.
Sin embargo, sus dichos hoy generan controversia. Afirmó que en junio de 2014 iniciaron la investigación interna luego de detectar que en otro país se les investigaba por colusión y que semanas después informaron a la FNE de aquello y que no había evidencias de algo similar en Santiago.
Ello solo fue informado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a fines de 2015. Los críticos que conocen del proceso en el Tdlc afirman que hay contradicciones en Matte.
Una de ellas es que, si no sabían de nada en el país a mediados de 2014, cómo es que despidieron a Felipe Alamos. Además, hubo ejecutivos que recibieron indemnizaciones pese a haber sido partícipes de la colusión. Esto fue explicado en la papelera por el hecho de que estaban en medio de la investigación y que era mejor mantenerlos dentro de la empresa para que aportaran al proceso. También se cuestiona el que no hayan conocido de los correos que SCA develó, con intercambios entre ejecutivos de ambas firmas.
Por el lado de SCA las dudas son abiertas.
El 27 de marzo de 2015 CMPC se autodelata y pocos días después la FNE notifica a SCA de la investigación. Lo que parece difícil de entender –dicen sus críticos– es que dijeran haber iniciado una investigación interna –con Baker & Mackenzie- y que esta no haya tenido efecto sino hasta el 7 de octubre, tres semanas antes del requerimiento.
Pero lo más llamativo es que el 29 de septiembre de ese año –menos de una semana después que sus oficinas fueron allanadas–, el ex gerente comercial de SCA, Eduardo Hola, declarara ante la FNE que no sabía de ninguna colusión ni de reuniones para estos fines con ejecutivos de CMPC en el Hotel Intercontinental, como evidencian correos allegados a la investigación. Peor aún, el 7 de octubre de ese año, pasadas las 14 horas, acudió el ex gerente general, Felipe Baraona, a declarar y negó la colusión, pero, sorpresivamente, tres minutos antes de las 00 horas de mismo día, la firma de capitales suecos presentó su autodelación compensada.
Fuentes que creen en la posición de SCA sostienen que no hay relación directa entre los dichos de Baraona el 7 de octubre y la presentación de la autodenuncia esa noche. Una referencia al respecto que podría evidenciar que Baraona no estaría coordinado con SCA es que el ex ejecutivo, que es hombre de confianza del ex controlador de Pisa, Gabriel Ruiz-Tagle –de hecho, lo asesoraba en sus inversiones– concurrió a declarar con su abogado personal, Rodrigo Guzmán, y sin la presencia de asesores de SCA.
Las actuaciones de ambas compañías, dicen sus críticos, tienen que ver con el ajedrez legal que conducen. En el juicio, la carga de la prueba está en los que acusan o quieren demostrar algo y no en quienes se defienden de dichas tesis jurídicas. Por ello, aun no es claro, por ejemplo, si SCA o CMPC citarán a absolver posiciones a Ruiz-Tagle, hombre clave en el caso y que hasta ahora niega haber acordado cualquier colusión en hoteles caros de Santiago.
Dicen fuentes del proceso que SCA está de acuerdo con el ex ministro de Piñera, aunque otros refutan dicha tesis, advirtiendo que CMPC, hasta ahora, no ha puesto más que un par de emails como única evidencia de la existencia de colusión antes del 2006 y que, por ende, la presencia de Ruiz-Tagle para esos efectos sería poco relevante. Más criticable, añaden estos últimos, es que la FNE haya permitido la tacha de información clave en las declaraciones a la Fiscalía por parte de ejecutivos de CMPC, lo que impediría tener más antecedentes que aporten a su causa.
Las innumerables aristas del caso, el oscurantismo con que aún parece estar envuelto el proceso y la talla de la empresa de capitales chilenos involucrada, obligan a esperar los próximos meses para confirmar si el ajedrez de SCA y CMPC terminará en tablas o si el reloj zanjará la partida.
