domingo, 28 de febrero de 2021 Actualizado a las 01:57

El inmovilismo del fiscal Carlos Gajardo en un caso de US$ 40 millones

El misterio detrás del abandono del millonario caso de evasión tributaria que denunció el SII contra Saieh y Calderón  

por 7 noviembre, 2016

El misterio detrás del abandono del millonario caso de evasión tributaria que denunció el SII contra Saieh y Calderón  
Desde hace dos años y medio que se abrió la investigación penal, y hace casi uno que el Servicio de Impuestos Internos se querelló para perseguir las responsabilidades penales. El caso yace “clínicamente muerto” en el Ministerio Público. En el mundo de los abogados y tribunales apuntan a la influencia de Saieh y la complejidad de la causa penal como factores que están afectando el avance del caso. Al empresario lo defiende el abogado Jorge Bofill. Los US$ 60 millones adicionales que tuvo que pagar Nicolás Ibáñez ante la presión del SII han gatillado los nuevos cuestionamientos.
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

El silencio es total en el Ministerio Público cuando se consulta por el caso de posible evasión tributaria denunciado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en marzo de 2014, contra los socios controladores de Ripley y del grupo Saieh (CorpBanca, Copesa y SMU). Los hechos relatados en la querella develarían los movimientos societarios realizados, los que, según el SII, son suficientes para demostrar el afán evasor de los Calderón y los Saieh.

Y no es por la reserva que formalmente involucra este tipo de investigaciones. Es que el caso está detenido en las oficinas de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, que dirige Carlos Gajardo, el mediático fiscal que logró la prisión preventiva de los dueños de Penta, pero que contra Saieh y los Calderón poco o nada ha hecho. Los US$ 60 millones adicionales que tuvo que pagar Nicolás Ibáñez ante la presión del SII han gatillado los nuevos cuestionamientos.

Al parecer, argumentos de sobra tiene para construir el caso. Así lo aseguran fuentes que conocen los hechos.

El SII, al menos formalmente, ha dado vida a la investigación con dos acciones oficiales concretas. En marzo de 2014 denunció el caso ante el Ministerio Público, acusando a los hermanos Marcelo (hoy fallecido) y Alberto Calderón Crispín, controladores de la multitienda Ripley, y a altos ejecutivos del grupo Saieh, entre ellos al presidente de CorpBanca y del grupo de medios Copesa, Jorge Andrés Saieh, de evadir impuestos a través de una serie de modificaciones societarias y realizar operaciones a precios fuera de mercado para el ingreso a la propiedad de Ripley por parte de Álvaro Saieh.

Según el SII, el perjuicio fiscal supera los $ 26 mil millones y corresponde a operaciones realizadas desde fines de 2008 y que se terminaron de concretar entre 2009 y 2010, con las compras de acciones del retailer, correspondientes al 20% del total, las que más tarde le permitieron generar una millonaria ganancia al venderlas a terceros.

Desde marzo de 2014 y hasta fines de 2015, el caso prácticamente durmió en el Ministerio Público, acotándose las gestiones principalmente a las declaraciones que se les tomaron a los hermanos Calderón en julio de 2014, y a los hermanos Jorge Andrés y María Catalina Saieh Guzmán, junto a la mano derecha de su familia, Pilar Dañobeitía, quien incluso presidió SMU y ha ocupado diversos cargos directivos en las empresas del grupo.

La presencia del también hoy presidente de CorpBanca y Copesa es relevante, considerando el precedente dejado por lo ocurrido con los controladores de Banco Penta, quienes debieron dejar la mesa de sus empresas, incluido el banco, al conocerse los antecedentes de su participación en el financiamiento ilegal a la política.

La situación de Saieh podría ser incluso más compleja que la de los dueños de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, los que dejaron sus cargos el 3 de diciembre de 2014, cuando incluso aún no eran formalizados y solo existían –además de la profusa información pública que circulaba sobre los delitos denunciados– dos denuncias criminales del SII.

En el caso que involucra a Saieh por la compra y venta de acciones de Ripley tampoco hay formalización, pero las acciones del SII vienen, como se sabe, desde abril de 2014, incluyendo la querella criminal de diciembre de 2015. Es decir, con menos actuaciones del Ministerio Público en contra, Saieh sigue en su cargo, además de mantenerse como presidente de Copesa y director de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif).

La causa solo sufrió un remezón cuando el SII sorpresivamente presentó una querella contra Saieh –y su ya mencionada mano derecha Pilar Dañobeitía– y Alberto Calderón, a fines de diciembre de 2015, a pocos días de que prescribieran las acciones y cuando la investigación ya había sido desformalizada, es decir, estaba pronta a cerrarse. La acción judicial no incluyó a Marcelo, que un mes antes había fallecido, afectando el rumbo del caso, pues era él quien tenía más participación en los cambios societarios previos a la venta de los papeles.

Desde entonces, el fiscal Carlos Gajardo casi no ha movido el caso.

Según fuentes bien informadas, apenas ha requerido un informe de precios a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), para verificar si las compras de Saieh se hicieron a precios de mercado. Además, dio a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), de la PDI, una nueva orden de investigar, la cual, a casi un año de presentada la querella, aún no es evacuada.

Fuera de eso, amén de los interrogatorios a los involucrados, realizados en 2014, poco o nada se ha realizado. La causa además no tiene terceras partes, pues están el querellante (SII) y las personas querelladas, lo que impide que otros actores puedan pedir gestiones a la Fiscalía para agilizar la investigación.

La inmovilidad del Ministerio Público ha generado suspicacias en torno al caso por las redes de influencia que tiene el grupo.

Saieh es propietario del grupo de medios Copesa, que incluye al diario La Tercera, Radio Duna y a la revista Qué Pasa, que han tenido un activo rol en divulgar información de las investigaciones sobre platas políticas que lleva adelante el Ministerio Público.

Dicha influencia mediática y el rol que los medios juegan actualmente en la contienda política nacional, han llevado a pensar a muchos –según distintos abogados y personeros conocedores del caso– que la Fiscalía posiblemente no ha querido ahondar en la investigación por mantener las buenas relaciones con los medios de Copesa, a través de los cuales se han dado a conocer a la opinión pública antecedentes de los casos criminales que lleva adelante el Ministerio Público.

Incluso fuentes vinculadas a dicha entidad y el propio SII advierten que desde el Gobierno ha habido señales para enfriar el caso y no generar tensión con el grupo de Saieh, con el cual también están enfrascados en una mediática pelea a través del regulador bancario (Sbif).

De hecho, la posición de Saieh en la propiedad de medios influyentes ha generado otras fricciones con el Ejecutivo. Periodistas de su revista Qué Pasa enfrentaron recientemente una querella de la Presidenta Bachelet, a propósito de un artículo donde se involucraba a esta en el caso Caval, a partir de dichos por teléfono de uno de los implicados. Y además, autoridades como el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), Eric Parrado, ha sentido presión por la influencia de Saieh a través de sus medios .

La inmovilidad del caso se suma a la inexistente atención del Ministerio Público al financiamiento a la política realizada por CorpBanca, el banco que estuvo controlado hasta hace pocos meses por Saieh y que hoy maneja el gigante brasileño Itaú. Esto, no obstante que el propio CorpBanca concurriese al SII en 2015 a rectificar una serie de facturas por servicios realmente no prestados en el marco del caso de financiamiento ilegal a la política. Incluso, algunos emisores de boletas nombraron al banco como una de las empresas que entregaron dinero a políticos a través de boletas y facturas por servicios no entregados.

Fuentes cercanas al Ministerio Público justifican la inmovilidad del caso Ripley-Saieh advirtiendo que la muerte de Marcelo Calderón, el imputado más comprometido en las operaciones –pues fue quien vendió sus acciones a Saieh–, le resta efectividad a la investigación, al ser él quien se quedó con la sociedad que traspasó las acciones de la multitienda a Saieh.

Asimismo, advierten que el nivel de tardanza en la querella del SII es una evidencia de los pocos elementos de juicio que tenía para cuestionar a Calderón y Saieh. Efectivamente, el SII ingresó la denuncia el 28 de abril de 2014, apenas tres días antes de que prescribieran los delitos denunciados (los cinco años se cumplían a fines de ese mes, contados desde abril de 2009). Y como es sabido, la querella llegó en diciembre de 2015, un mes después que el Ministerio Público estuviera ad portas de echar abajo definitivamente el caso, al tener desformalizada la causa.

En particular, señalan, la tardanza con que el SII denunció los hechos en abril de 2014 y aún más la tardía querella de diciembre de 2015, tornan difícil que la Fiscalía requiera diligencias más invasivas, como requisar computadores o documentación de cinco años atrás de las oficinas de las empresas y directivos involucrados, los que incluso pudieran no existir o haber sido cambiados o eliminados.

Pero los hechos relatados y la construcción del Servicio develan que, al menos según el SII, los movimientos societarios hechos por los Calderón son suficientes para demostrar el afán evasor de los controladores de Ripley. Esto, sumado a los precios fuera de mercado a los que los Saieh y Marcelo Calderón acordaron la venta, a comienzos de mayo de 2009, y la posterior reventa por parte de Saieh de las acciones, completan el panorama a investigar.

Sin embargo, también hay más elementos para analizar la situación.

Por un lado, los delitos penales implican responsabilidades personales, de modo que, ante la muerte de Marcelo Calderón, el actor principal en la preparación de la venta de las acciones de Ripley, las posibilidades de Gajardo de demostrar culpabilidades se ven desmejoradas.

Eso sí, en las modificaciones societarias lideradas por el fundador de Johnson’s también tuvieron participación, al menos formal, sus hijas Ester, Susana y Débora Calderón Kohon. Por ello, justamente el SII pidió que se les interrogara, ya que las hermanas Calderón figuran como representantes legales de la sociedad Las Tres Limitada, que fue parte de la reorganización y posterior venta de los mentados papeles de Ripley. Por ende, si el Ministerio Público se convenciera de los ilícitos, podría formalizarlas.

Un segundo punto es la situación del otro hermano Calderón involucrado: Alberto. El aún accionista de Ripley, y que hasta ahora –según confidencian cercanos al caso– nunca ha vendido un papel de la compañía, fue parte de los querellados en diciembre de 2015, cuando el nombre de su hermano ya había desaparecido del caso por su deceso.

No obstante, las fuentes plantean que no tiene justificación que siga involucrado, dado que Alberto solo participó en la primera etapa de la reorganización de las sociedades, en particular en la separación de la sociedad donde ambos hermanos mantenían el 80% de Ripley, Inversiones R. Dicha división es la última etapa en la que participa y, en consecuencia,dicen las fuentes, su responsabilidad no es extensible a las acciones realizadas por su hermano posteriormente.

Un dato adicional parece consolidar esta mirada: según revelan las fuentes, el Ministerio Público pidió al SII que informara si se ha girado el cobro de impuestos contra algunos de los involucrados. Mientras, a Marcelo Caderón, el Servicio le había cobrado los impuestos adeudados y que son parte del caso, Alberto no figura con dichos cobros. De acuerdo a las mismas fuentes consultadas, el SII mantiene a Alberto en el caso solo porque fue parte de la investigación inicial y no pueden marginarlo mientras no se cierre la causa.

Adicionalmente, un abogado que conoce el caso señala que para el Ministerio Público el caso es complejo, pues el cuestionamiento del SII apunta a reestructuraciones tributarias comunes en el mundo empresarial, donde se opta por el modelo societario que permita pagar menos tributos y, en esa línea, lo que hace Impuestos Internos es una interpretación del uso de las normas que torna difícil demostrar responsabilidades penales.

Serie programada de actos

Pese a la inactividad del Ministerio Público en la causa, la querella del SII es tajante en señalar el dolo con que actuaron las familias Calderón y Saieh para evadir impuestos, aprovechándose mañosamente de la normativa vigente al momento de realizar las operaciones.

Marcelo Calderón, además de ser accionista controlador de Ripley, en igualdad de participación con su hermano Alberto, era dueño de Johnson’s, la cadena enfocada en segmentos de ingresos medios bajos. En 2008 la compañía pasaba por su peor momento y Marcelo Calderón debía inyectarle recursos.

Como no disponía de caja, decidió vender el 20% de Ripley, la mitad de su participación en dicha compañía. En su afán por desprenderse de ese paquete accionario, Marcelo y Alberto inician a fines de 2008 lo que el SII llama “una serie programada de actos” para evadir tributos.

El 23 de diciembre de 2008, como socios de Inversiones R, acuerdan dividir esa sociedad –que tenía los 387 millones de acciones de Ripley Corp, representativas del 20% de la compañía– y crean Inversiones R II, siendo designada esta última como socia gestora y quedándose, además, con los papeles referidos.

Un mes antes se había constituido la sociedad Inversiones R III, controlada por dos sociedades ligadas a los Calderón –Kingsdale Trading Co. Inc. Agencia en Chile y Compañía Limitada (45,4466%) e Inversiones Las Tres Limitada (54,554%)– y cuya gestora designada fue Inversiones R Limitada.

Tres días después de crear R II, se acuerda la fusión de esta con R III, absorbiendo esta última a la primera. Es decir, R II se acaba tres días después de ser creada y el patrimonio queda en R III. El trasvase de las acciones, a juicio del SII, apuntaba a evitar el pago de impuestos y eso queda en evidencia, dice el organismo, por el hecho de que R III “solicitó para sí, a sabiendas de no cumplir con los requisitos que la ley establecía al efecto, la aplicación del régimen simplificado de tributación contenido en el artículo 14 bis del DL 824 de 1974, el cual, entre otros efectos, permitía a sus beneficiarios pagar impuestos sólo si retiran o distribuyen utilidades”.

Según el SII, la jugada de los Calderón en 2008 buscó acceder a un beneficio que estaba solo reservado para facilitar el cumplimiento tributario de pequeños contribuyentes y que a ello se accedía por medio de ciertos requisitos formales. De esta manera, se da una discusión sobre el espíritu de la norma.

Porque desde el 1 de enero de 2009 el 14 bis, en lo relativo al impuesto a la renta, cambiaba, elevando los requisitos de capital y ventas máximos que podían tener las sociedades que quisieran obtener el beneficio tributario. Así, sube de 200 a 1.000 UTM el capital propio inicial máximo y de 3.000 a 7.000 UTM como límite máximo de ventas.

El SII señala en su querella de fines de 2015, aludiendo a esta primera parte de los hechos y que ya habían sido descritos en la denuncia de abril de 2014, que es “palmario” que al crear R II y luego fusionarla con R III, traspasándole a esta las acciones de Ripley, lo que se buscaba era que la venta de las acciones no pagaran impuestos por el mayor valor obtenido, pues en el nuevo régimen solo se pagaba por utilidades retiradas.

Y también porque desde el 1 de enero el cambio al 14 bis excluía de uso de dicho régimen a los contribuyentes que tuvieran acciones de sociedades anónimas.

Por eso, colige el SII, los Calderón hacen las operaciones de traspaso de las acciones el 30 de diciembre de 2008, buscando solamente aprovechar el beneficio tributario, pero sin una real “razón de negocios” para hacer esas modificaciones societarias. A partir de aquello, el Servicio señala que lo que hicieron los Calderón fue ‘reventar’ intencionalmente Inversiones R III, acogida al artículo 14 bis, solo para no pagar impuestos por la venta de las acciones.

Y es lo que ocurre, pues el 30 de diciembre de 2008 R III vende las acciones a Inversiones Bujorico, también de Calderón, sin pagar impuestos, “al encontrarse la vendedora de manera maliciosa y antijurídica (afecta) al régimen del art. 14 bis del DL de 1974”.

Hasta aquí la primera parte del caso y que fue lo denunciado por el SII en abril de 2014.

Maxo y Saieh

La segunda parte de la historia también abarca a los Calderón pero ahora, además, a Jorge Andrés Saieh y a la mano derecha del grupo, Pilar Dañobeitía, que ha presidido SMU y es una clásica directora en las sociedades de la familia Saieh. Se refiere a la venta de las acciones de Ripley al grupo Saieh desde Inversiones Bujorico, a través de un contrato firmado con Inversiones Conca S.A. (que luego pasaría a llamarse Corp Group Inversiones Limitada), parte del grupo Saieh.

Según la querella de diciembre de 2015, la venta de los papeles de Ripley a Saieh, el precio al que se vendieron, es bajo el valor de mercado, lo que produciría una pérdida para los efectos de impuesto de primera categoría, generando impacto en contra del fisco, según el Servicio.

El cuestionamiento apunta a que la promesa de venta que firma Bujorico (Marcelo Calderón) y Corp Group Inversiones Limitada, el 6 de mayo de 2009, fija un precio muy por debajo de la cotización bursátil. La operación desde los Saieh se hace a través de otra sociedad, un fondo de inversión privado –RCC– en cinco transacciones entre agosto y noviembre de 2009 y luego fueron revendidas mediante cuatro transacciones a distintas firmas, tres de ellas controladas por Saieh. Dado que se hace a precios bajo el valor de mercado, se genera una ganancia, pero esta utilidad no es declarada por el grupo Saieh en 2010 ni 2011.

La excusa de los Saieh para esto es que se hizo por medio de un fondo de inversión (RCC) –que por una regulación tributaria especial no son contribuyentes de la ley de rentas sino solo un patrimonio de afectación y sus utilidades solamente tributan cuando son percibidas por las personas naturales o jurídicas que aportaron los fondos–, por lo que las acciones nunca fueron parte del patrimonio de Corp Group Inversiones Limitada.

El caso es peliagudo, pues en privado Saieh acostumbraba a vanagloriarse de la “pasada” de casi US$ 300 millones que logró con su entrada y salida exprés de Ripley, después que no lograra ingresar al pacto controlador.

En las declaraciones que dio el hoy fallecido Marcelo (Maxo) Calderón al SII, dijo que el precio acordado con Saieh se negoció entre este grupo y su empresa Johnson's (apuntaban a fusionar esta última, Ripley y Unimarc) entre enero y abril de 2009 y que, cuando se firmó el acuerdo en mayo de 2009, el precio de Ripley había subido porque se habían filtrado dichas conversaciones (“privadas”) y que no podían cobrarle el sobreprecio al causante del mismo, Johnson’s. Algo llamativo, considerando que el propio Maxo señala en una entrevista a Qué Pasa (del grupo de medios de Saieh, Copesa), el 2 de enero de 2009 (previo al inicio de las negociaciones fijado por Calderón en febrero de 2009), donde se alude al grupo Luksic como interesado, a fondos de inversión y “otros actores de mercado del retail”, sin mencionar a Saieh.

En total, el SII estimó en $ 26.844 millones el perjuicio fiscal del total de operaciones involucradas en el caso. De esta cifra, $ 21.292 millones los adjudica a la operación de venta de las acciones de Ripley desde R III a Bujorico; otros $ 3.858 millones por la venta desde Bujorico (Maxo) a Inversiones Conca (Saieh) y otros $ 10.693 millones por la venta de las acciones desde Corp Group Inversiones Limitada a las dos compañías de seguro que, en ese momento, el dueño de Copesa controlaba (hoy en manos de ILC, brazo inversor de la Cámara Chilena de la Construcción), a un fondo de inversión de Saieh (Omega FIP) y una venta pública en bolsa.

Cabe mencionar que este medio intentó contactarse en varias ocasiones con Jorge Bofill, el abogado de los Saieh en este caso, pero sin éxito.

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director
Cartas al Director

Noticias del día

TV