Opinión
«Esta reforma, pura y simplemente, viene después de 40 años a corregir distorsiones que serían inaceptables en cualquier país que integre la OCDE y que fueron impuestas por una interpretación muy restringida de la Constitución que, irónicamente, quedaba sometida al Código de Aguas de 1981».
El próximo martes 22 de noviembre los legisladores y las legisladoras de todo el espectro político defenderemos en la Sala de la Cámara de Diputados un proyecto de Reforma al Código de Aguas, el cual, en términos simples, permitirá al Estado –ante el riesgo de una catástrofe inminente– tomar control real y efectivo de los escasos recursos hídricos con que actualmente cuenta el país.
Lo anterior, es de toda lógica, más aún si consideramos que en Chile el agua es un bien nacional de uso público, es decir, pertenece a la nación toda, así como su uso para todos los habitantes. Por lo tanto, dicha naturaleza jurídica no debiese dejar duda en cuanto a las atribuciones que tiene la Autoridad Pública para gobernar en función del interés público el agua de todos los chilenos.
Sin embargo, ha sido necesaria esta reforma que, pura y simplemente, viene después de 40 años a corregir distorsiones que serían inaceptables en cualquier país que integre la OCDE y que fueron impuestas por una interpretación muy restringida de la Constitución que, irónicamente, quedaba sometida al Código de Aguas de 1981.
Iniciada en una moción parlamentaria ciudadana durante la anterior administración y recogida como propia por la Presidenta Michelle Bachelet, tanto en su programa de gobierno como ante el Parlamento de la República, la reforma se inspira –correctamente–, en el claro mandato y deber constitucional que obliga al Estado a proceder a la reparación y recomposición del patrimonio ambiental de la República amenazada.
Se tratará en este caso de quizás el elemento más precioso del medio ambiente, el agua que da y permite la vida, y que hoy se encuentra capturada sobre la base de distintos resquicios legales por un puñado de personas y empresas. El debate nos sorprende en una hora desesperada y el triste recuerdo de ríos prácticamente extintos y que dieron nombre a regiones completas de nuestro país, como el Loa y el Copiapó, nos marca, hora con hora, la urgencia de terminar con ese estado de cosas, antes de que a dichos cursos de agua perdidos se sumen el Choapa, el Aconcagua o el Cachapoal, por solo nombrar algunos.
Mientras, la ofensiva empresarial y de la derecha económica se ha desatado en toda la magnitud de quienes defienden sus privilegios y pretenden perpetuar un estado de cosas que nos lleva por un camino de una sola vía hacia la extinción.
De manera que no cederemos y esperamos que el Ejecutivo apoye y ampare a sus legisladores y al pueblo que votó por ellos. La historia, que dicen los poetas estará de parte de los pequeños y de los humildes, será testigo de su actuar y sabrá juzgar dónde se han puesto las voluntades y apoyos frente a las amenazas y presiones de organizaciones gremiales de triste y oscura memoria para nuestro pueblo, particularmente para nuestros campesinos, crianceros y comunidades que hoy sobreviven en medio de sequías catastróficas y recurrentes, mientras ven que el recurso es acaparado por megaplantaciones de productos exóticos y agresivos con nuestra biodiversidad o simplemente se usa como vil mercancía en aras de la especulación y el negocio fácil y cortoplacista.
Muy por el contrario, un mínimo criterio de prudencia y justicia obliga a que les demos una oportunidad a nuestros ríos para recuperar su balance hidrobiológico. De esta manera y, una vez más en congruencia y consistencia con el mandato constitucional vigente, proponemos que se constituya, sin más trámite, una reserva ecológica de aguas, es decir, un porcentaje mínimo del caudal que deba ser conservado a todo evento, de manera de salvaguardar a nuestros ríos y cursos de agua, así como sus funciones ecosistémicas.
Finalmente, tal y como Andrés Bello impulsara hace ya casi dos siglos, consideramos necesario proceder a la inscripción de derechos jamás inscritos que actualmente se encuentran fuera de la competencia y sanción del Estado, así como poner fin a la especulación con el recurso, estableciendo plazos perentorios para concretar su uso: en ambos casos se sancionara el incumplimiento con la caducidad del derecho. La historia nos sorprende, una vez más, en desigualdad de condiciones frente al empresariado y los poderosos de siempre, pero tenemos y debemos prevalecer en el debate democrático.
Llamo a la unidad de todos quienes han levantado esta bandera y espero, humildemente, que las organizaciones, comunidades y, en general, todas aquellas personas de buena voluntad, llenen las tribunas del Congreso este 22 de noviembre. La razón y el más mínimo sentido común nos acompañarán en este enorme desafío, pero necesitamos caminar juntos, tal como lo hicimos al recuperar la democracia, cuando creamos un sistema de evaluación ambiental o cuando consensuamos una Ley de Bosque Nativo. La amenaza hoy, no es la tiranía, la opresión o la persecución, sino que nuestra aniquilación como especie y, en consecuencia, debemos defender, con todas las herramientas que el derecho y la democracia nos otorgan, la voluntad de vivir y existir, no solo de esta generación, sino de todas las que vendrán.
Luis Lemus
Diputado (PS)
