Opinión
El futuro se ve incierto, una baja en la clasificación crediticia, menores recursos para el desarrollo de políticas públicas y la persistencia de un sector político que no entiende o, peor aún, desea ir socavando las bases construidas, nos puede llevar a un largo período de frustración social de insospechadas consecuencias.
Desde la tramitación de la Reforma Tributaria que se ha discutido el impacto que esta y otras medidas impulsadas por el actual Gobierno tendrían en la economía. El entonces ministro de Hacienda aseguraba que estos cambios no provocarían repercusiones en la actividad económica, afirmación que muchos de sus colegas, sin distingo político, refutaban, planteando preocupaciones concretas respecto de los efectos que estas medidas podrían llegar a tener en el país.
A la luz de la Operación Renta 2017, que muestra los resultados de empresas y personas obtenidos durante el año anterior, no cabe duda que esta ha sido negativa.
Los efectos de una menor recaudación hay que buscarlos en el ánimo que ha primado en estos años, donde el Gobierno ha desestimado la importancia del crecimiento; a tal efecto, cabe confirmar que las reformas no han sido inocuas para la economía.
La revisión a la baja de la actividad económica ha sido una constante en estos años. Tanto el Banco Central en su IPoM como distintos agentes privados han reducido la proyección de crecimiento del PIB consistentemente.
¿Y por qué nos ha de importar esta menor recaudación? Frente a un Estado que pretende gastar más y se compromete por más actividades, es necesario mayores recursos, claramente la ecuación no calza y el país se debe endeudar para cumplir con sus compromisos presentes y futuros. Esto que hoy es aún tratable, se puede tornar crónico y hacer que nuestro país se encamine por la senda de la mediocridad permanente.
Ya el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a quien le ha correspondido enmendar muchos de los errores de “apreciación” de su antecesor, ha señalado la necesidad de considerar esta baja en la recaudación de impuestos y ser prudente frente a la formulación presupuestaria del próximo año y las restricciones con que se deberá elaborar el mismo.
Lo anterior es el mejor ejemplo para considerar la necesidad de volver a contar con cuentas macroeconómicas equilibradas, establecidas en el marco de la regla de equilibrio estructural como base fundamental para una política fiscal sostenible en el largo plazo.
El futuro se ve incierto, una baja en la clasificación crediticia, menores recursos para el desarrollo de políticas públicas y la persistencia de un sector político que no entiende o, peor aún, desea ir socavando las bases construidas, nos puede llevar a un largo período de frustración social de insospechadas consecuencias.
En efecto, los inconvenientes generados por esta situación no son pocos, la búsqueda de soluciones deberá poner a muchos en la misma senda, lo que en parte pasa por corregir algunos de los problemas de la reforma tributaria implementada por este Gobierno.
Pensando en algunas ideas básicas, el principal factor a considerar es establecer mecanismos que vuelvan a poner los incentivos en la inversión. Esta variable es fundamental para proyectar mejoras significativas en el crecimiento de mediano y largo plazo. Como ya hay una serie de compromisos asumidos por el Estado, los cambios deben ser capaces de alterar las decisiones de inversión y gasto, sin impactar negativamente la recaudación impositiva, ya que de lo contrario el desequilibrio fiscal, que ya es complejo, se puede ir tornando aún más contraproducente.
Mayores recursos para inversión, más empleo y mejores trabajos, sumados a políticas públicas focalizadas en quienes lo necesitan, son fundamentales para avanzar en un marco de compromiso para dar seguridad a las personas, dignidad en el trato y no detener el proceso de movilidad social ascendente iniciado hace décadas en el país.
Aldo Cassinelli Capurro
Director Ejecutivo Instituto Libertad
