Opinión
Si no existe una transferencia real de potestades por parte del actual gobierno a nosotros como regiones para que gestionemos presupuestos, cualquier otro cambio que se genere solo será una medida parche. Menciono esto porque actualmente a nivel regional nuestra incidencia en la toma de decisiones y gestión de los recursos es casi nula, incluso las de desarrollo regional.
De acuerdo a la información transmitida por el Centro de Estudios Públicos (CEP), las regiones tienen destinado un 1,18% del presupuesto anual para invertir libremente en sus propios proyectos. Este porcentaje equivale a solo 811 millones de dólares, lo que es evidentemente alarmante si hablamos de descentralización.
Lamentablemente una vez más el tema económico es uno de los mayores limitantes para que nuestras regiones puedan desarrollarse de manera sostenible en el tiempo, a través de elementos que garanticen sustentabilidad y calidad de vida, en condiciones de igualdad con otros territorios.
En instancias como estas en la que se debaten medidas de descentralización, tras la decisión del Senado de rechazar el proyecto de competencias que tendrían los gobernadores regionales, se entorpece todo el progreso establecido en la pasada Cuenta Pública de la Presidenta Michelle Bachelet. Medidas de descentralización que favorecían el fortalecimiento de los gobiernos locales con la promulgación de la ley de plantas municipales, la elección por parte de la ciudadanía de los gobiernos regionales y la oportunidad de que el Congreso apruebe las elecciones democráticas de estas autoridades, tendrán que esperar.
Necesitamos de manera preponderante la entrega de los recursos económicos necesarios para poder gobernar, y lograr de una vez por todas que nuestro país sea más igualitario, claramente teniendo en consideración las reformas administrativas y de gestión institucional que impone la realidad nacional. La idea es que podamos resolver una de las injusticias más duras, proveniente de lo territorial y que cada habitante tenga las mismas oportunidades de vida, sin estar condicionado por el territorio en el que habita.
Si no existe una transferencia real de potestades por parte del actual gobierno a nosotros como regiones para que gestionemos presupuestos, cualquier otro cambio que se genere solo será una medida parche. Menciono esto porque actualmente a nivel regional nuestra incidencia en la toma de decisiones y gestión de los recursos es casi nula, incluso las de desarrollo regional. De hecho, un análisis realizado por LyD, configurado con información del Sistema Nacional de Inversiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, da cuenta de que los gobiernos regionales solo resuelven un 25% de las decisiones de inversión pública.
Incluso, si consideramos los ingresos de emergencias naturales, los municipios de regiones tenemos menos recursos y herramientas para responder en situaciones de emergencias y catástrofes. No puede ser posible que ante algún suceso que sufra cualquiera de nuestros vecinos, no podamos ayudarlo como corresponde por la escasez de recursos.
Una buena idea para socavar esto, es el proyecto de ley que propuso el alcalde de La Granja y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Felipe Delpin, quien propone un fondo ante situaciones de emergencia para municipios.
Es por ello que la inyección del capital con el apoyo del Gobierno central, es el horizonte que debemos seguir para que, a nivel país, podamos tener como resultado un Chile territorialmente más justo e igualitario, que esté influenciado por la equidad territorial, y que realmente nos permita acercarnos al desarrollo, con acuerdos y políticas descentralizadoras seguidas por todos los gobiernos, ya que esa es la forma colaborativa en que se construye una nación.
Sergio Medel
Alcalde Mostazal
