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Asesoró a CorpBanca, cuando su clasificadora ponía nota a las empresas de Saieh, y a LarrainVial durante las Cascadas

Los conflictos de interés del ex superintendente de Valores y Seguros Álvaro Clarke

por 4 julio, 2017

Los conflictos de interés del ex superintendente de Valores y Seguros Álvaro Clarke
Por Ley de Transparencia, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile reveló los trabajos hechos para CorpBanca, en julio de 2014, en conjunto con Dieter Linneberg y Hugo Caneo, al alero del Centro de Gobiernos Corporativos de la misma casa de estudios. En paralelo, la clasificadora ICR, de la cual Clarke es socio principal, calificaba la situación financiera de CorpBanca y SMU, habiendo evaluado también al holding de Álvaro Saieh, Corp Group Banking. La norma es laxa y objeto de posibles interpretaciones, pero en el mercado se dice que –al menos– fueron conductas imprudentes de uno de los actores más influyentes del mercado financiero chileno e histórico militante DC. Su rol en asesorar a LarrainVial también es cuestionado.
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En los últimos años el concepto de conflicto de interés está en boga. La arquitectura que sustenta la regulación de la gran empresa y del sector financiero asigna recursos acotados para fiscalizar y supervisar el comportamiento y funcionamiento de los actores relevantes. Y, en su defecto, se delega en entidades privadas roles de supervisión pública, o se hace fe en la autorregulación.

Tal es el caso de las empresas auditoras y las clasificadoras de riesgo. Aunque algunos casos todavía están en debate en los tribunales, lo cierto es que el escándalo de La Polar de 2011 fue un ejemplo del fracaso, al menos parcial, del sistema de supervisión, cuando los ejecutivos de la multitienda manipulaban la información que se entregaba a la autoridad y ningún actor –ni privado ni supervisor público– lo advirtió a tiempo y con claridad.

Desde entonces, en un rol reactivo, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) apostó a elevar el nivel de fiscalización de auditoras y clasificadoras de riesgo. Creó grupos de trabajo interno para seguirlas más de cerca e hizo modificaciones normativas para perfeccionar la supervisión.

Pero un problema subyace a la norma y es el conflicto de interés.

Un caso que ocurrió en julio de 2014 y que ahora se conoce, lo puede graficar. El ex superintendente de Valores y Seguros (2000 – 2003) y subsecretario de Hacienda en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Álvaro Clarke, es desde hace ya una década socio principal de la clasificadora de riesgo ICR Chile.

En 2012 consiguió la incorporación de la agencia canadiense DBR como minoritario y el segundo socio es el ex ejecutivo del grupo Security y gerente general de ICR Chile, Jorge Palomas.

A mediados de 2014, ICR clasificaba a SMU y CorpBanca. Hasta 2016, además, lo hizo con Corp Group Banking, el holding de empresas del grupo Saieh, a través del cual participa en el banco.

Durante el mismo periodo, o sea, entre julio y agosto de 2014, Clarke figura participando en una asesoría a CorpBanca, a propósito de la fusión que se negociaba en ese momento entre el grupo Saieh y los brasileños de Itaú.

Dicho documento fue clave para defender la posición de Saieh frente al cuestionamiento del fondo norteamericano Cartica respecto de privilegios indebidamente obtenidos por Saieh, que perjudicaban a los minoritarios, en la negociación para fusionar CorpBanca e Itaú Chile.

La SVS, que fiscaliza a las clasificadoras, no opinó del caso; la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), tampoco. La norma es laxa. La Ley de Mercado de Valores establece limitaciones, pero fundamentalmente delega en la propia clasificadora que establezca un reglamento que regule casos de conflictos de interés.

Álvaro Clarke dice que no fue tal la asesoría. Que solo figura con el pago por su rol como presidente del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile. Asegura que no existen los conflictos de interés de empresas sino solo de personas y que, no participando de los consejos de clasificación de las compañías aludidas, libera a ICR del potencial cruce de intereses.

Hombre público-privado

Un informe elaborado por el PNUD y llamado “la puerta giratoria” analizó, a fines de 2016, la situación de flujo de altos funcionarios desde el sector público al privado y viceversa y cómo ese microclima de ejecutivos puede perjudicar el interés público.

Aunque Clarke no entraría en ese análisis, pues dejó el Estado en 2003, tras ser subsecretario de Hacienda, asesor de este mismo ministerio, superintendente de Pensiones y finalmente titular de la SVS. Una de las razones de su salida habría sido el impacto de las críticas por su rol en el caso Inverlink.

Su trayectoria muestra labores mixtas, como presidir una clasificadora que es de capitales privados pero que desempeña un rol público. O como presidente por cinco años, hasta el 2013, del Consejo Técnico de Inversiones por cinco años, entidad vinculada a la Superintendencia de Pensiones, que elabora propuestas para hacer eventuales modificaciones a la manera en que las AFP invierten los fondos de los trabajadores.

Además, es referente en materias de regulación de mercado de capitales y el funcionamiento de los gobiernos al interior de las empresas.

Ha sido integrante de los comités ‘público-privados’ que proponen cambios a la regulación del sector financiero, donde conviven ejecutivos y profesionales de grandes compañías y de la alta dirección de las instituciones de regulación financiera. Y también ha realizado asesorías a países de la región con el fin de mejorar la arquitectura institucional para regular y hacer crecer los mercados de capitales, incluyendo el impulso al sistema de pensiones.

Por ello no es poco común que, aun siendo militante de la Democracia Cristiana y parte de la coalición gobernante (NM), critique públicamente las propuestas del Gobierno en esta materia, siguiendo la línea del empresariado, y defendiendo que las cotizaciones continúen en las cuentas individuales que administran las AFP.

Y Clarke no es un militante pasivo. En enero de 2016 fue parte del grupo DC que cuestionaba duramente al Gobierno actual de Michelle Bachelet, con severas apreciaciones sobre las reformas que se han llevado adelante. Y en una de sus últimas apariciones públicas llevó la crítica al extremo, señalando que la Nueva Mayoría “no debe seguir gobernando”.

Entre los integrantes del grupo de la falange críticos del gobierno lo acompañaba Dieter Linneberg, socio en numerosas iniciativas público-privadas y asesorías a empresas y al Estado, fundamentalmente desde el referido Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile.

El vínculo de Clarke con Linneberg, de hecho, provoca un cruce de intereses por la intensa actividad de asesorías que lideró este último mientras estuvo en el Centro de Gobiernos Corporativos. A comienzos de la década pasada, ambos además trabajaron en la SVS, desarrollando la Ley de OPAS, que buscaba defender a los minoritarios tras el caso bullado Chispas.

Mientras ambos eran los líderes del Centro de Gobiernos Corporativos, la Facultad de Economía y Negocios de dicha casa de estudios realizó dos asesorías (uno y dos) a LarrainVial, como parte de su defensa en el caso Cascadas.

Y el 13 de agosto de 2014, Linneberg firmó un convenio con esta Universidad para ser “coordinador” en el estudio sobre operaciones de LarrainVial. Sus labores consisten en la revisión de análisis de valoración de líneas de crédito de la corredora y conclusiones del resultado final de control de calidad y valorización.

Junto con ello, LarrainVial también contrató a Clarke, por separado y fuera de la universidad, para un informe entregado en agosto de 2014, pero para el cual la corredora lo contactó antes de enero de 2014. Mientras, en paralelo, ICR clasificaba a varios fondos mutuos gestionados por LarrainVial, para elaborar un informe en el caso Cascadas, que tuvo rol destacado en la defensa del grupo financiero en los tribunales de justicia y ante la propia SVS en la contienda administrativa inicial.

En ese contexto, surge la asesoría que en 2014 realizó Clarke a CorpBanca, al alero de la Universidad de Chile. Allí trabaja, nuevamente, junto a Linneberg y Hugo Caneo, el primero cercano a Darío Calderón, Álvaro Saieh y también a Julio Ponce Lerou, controlador indirecto de las sociedades Cascada que manejan SQM. Caneo, además, figura en parte de 2015, todo 2016 y tramo inicial de 2017, utilizando algunas de las oficinas de Calderón, las que dejó hace unos meses.

En efecto, como publicó este medio, Linneberg y Caneo firmaron un convenio en julio de 2014 para asesorar a SQM, lo que finalmente no se realizó, según declaró la Universidad de Chile, en un capítulo no aclarado por esta casa de estudios ni por la SVS, dado que Caneo fiscalizó a SQM hasta mayo de 2014, cuando dejó dicha entidad. La Contraloría, al respecto, aún analiza el tema.

Clarke refuta la crítica por su rol ante CorpBanca. “No he hecho ninguna asesoría. Los autores del informe son públicos, dicho estudio menciona expresamente quiénes participaron en él. Como presidente del Centro tenía que cumplir muchas veces actividades que son de apoyo, pero que no implican participar del estudio ni sus conclusiones”, afirma.

Agrega que “como ocurre siempre, los presupuestos que tiene una institución alcanzan mucho más allá de quienes participaron directamente del estudio”.

Aunque en el contenido del convenio firmado con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el 14 de julio de 2014, el rol de Clarke es claro y no es pasivo: “Apoyo en asesoría a CorpBanca sobre evaluación Operación Itaú Chile-CorpBanca”, detallando sus tres labores en este trabajo: Análisis de documentos sociales del cliente, actas y contratos; elaborar informe respecto del proceso de fusión entre Itaú Chile y CorpBanca, y la presentación de los resultados de las opiniones”.

Por esa labor recibió 8 millones de pesos, un millón menos que Linneberg, quien queda a cargo –según el convenio de Clarke (aprobado solo en noviembre de 2014) – de supervisar su labor y, además, debía coordinar actividades para realizar el estudio, revisar y aprobar los textos, preparar informe de resultados y conclusiones del análisis, y presentar el informe final.

Clarke, además, recibió la misma cifra que Caneo, quien tras dejar la SVS en mayo de 2014, elaboró parte de los estudios, en particular el dirigido a sustentar la posición de CorpBanca, a saber, que la fusión no requería OPA de Itaú, informe que nunca se reveló ni por CorpBanca ni por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

¿Influyó este vínculo laboral de Clarke como persona –en rigor a través de su sociedad Clarke y Asociados– en la labor de ICR clasificando a las empresas del grupo Saieh?

ICR sigue una línea parecida a Humphreys y Feller Rate en sus clasificaciones en 2014, el periodo que podría afectarlo. Aunque, si se considera una trayectoria más larga de la clasificación a CorpBanca, SMU y Corp Group Banking, se presentan algunas diferencias, particularmente con la cadena supermercadista, el gran dolor de cabeza de Saieh en los últimos años. Con SMU, ICR muestra clasificaciones menos agresivas en 2013 y el timing hace ruido.

Notas rezagadas

En febrero de 2013 el holding de Saieh emitió US$ 500 millones en bonos, parte importante para prepagar deuda. También para recargar las arcas de SMU, que tenía por su lado una asfixiante mochila de pasivos financieros. CorpBanca, mientras, era evaluado por el mercado debido al enorme compromiso financiero que involucraban sus anuncios de comprar dos bancos en Colombia en US$ 2.500 millones. Y en paralelo la cadena supermercadista acumulaba cientos de millones de dólares de pérdidas.

El 11 de julio de 2013 y luego de meses de zozobra y en peligro de caer en default, SMU revela errores contables en sus estados financieros.

Las dudas campean y, el 12 de julio, Feller Rate decide bajarle la nota a la supermercadista, quitándole el grado de inversión de BBB a BB+. En la misma jornada, Humphreys la imita. Esto de inmediato provoca el incumplimiento de covenants en bonos y créditos de la empresa, que la obligaban a tener una nota al menos BBB-. SMU detalla los errores a la SVS y reconoce el quiebre en los señalados covenants.

Una semana antes, el 2 de julio, la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR) le pedía una tercera nota a SMU, cuando aún Humphreys y Feller la tenían en BBB-.

Tras 10 días de negociaciones, donde Saieh retoma el manejo de la compañía y comienza a zanjar las disputas con Raúl Sotomayor, el 23 de julio los acreedores le perdonan la mano y le dan hasta marzo de 2014 para meter US$ 300 millones a la empresa, extendiéndole mes a mes los waivers que le permitieron no cumplir la exigencia de clasificación mínima.

En el intertanto, y recién 5 días después que su competencia tirara la cadena de los bonos de SMU, ICR baja a BB+ el 17 de julio, el mismo día en que se revelan las triangulaciones de Álvaro Saieh para inyectar fondos y dos días después que la firma detallara los números de los errores en la contabilización de arriendos, en gran parte vinculados con propiedades del señalado empresario.

ICR también había llegado tarde en la rebaja de nota en los meses anteriores, en particular desde fines de 2011, cuando se sintieron duramente los efectos de la fusión de mediados de ese año con Supermercados del Sur.

Con los resultados de SMU a septiembre de 2011, Feller y Humphreys comenzaron a presionar la evaluación de la supermercadista. La segunda clasifica en A- en diciembre de 2011 y mantiene la nota hasta enero de 2013. Feller se pone a su nivel en enero de 2012, clasificándola también en A-.

En tanto, ICR, que había mantenido A+ en septiembre de 2011, se mantuvo sin cambios hasta abril de 2012, cuando reduce a A (g), pero sin equiparar a Feller y Humphreys. Desde ese momento, la clasificadora que preside Clarke no movió la nota sino hasta el 24 de abril de 2013.

Justamente, un día antes, el 23 de abril, Feller vuelve a la carga y pone por primera vez los bonos de SMU en BBB. Al día siguiente, entonces, ICR acompaña la señal reduciendo a A-, el mismo nivel de Humphreys. Pero esta última también ajusta a BBB+ una semana después de Feller, dejando a ICR como la única con nota A-. Recién el 2 de junio de ese año, más de un mes después de Humphreys y seis semanas posterior a Feller, ICR también asigna BBB.

La última etapa clave es la que se desata a comienzos de julio, cuando –con la intervención de la Comisión Clasificadora de Riesgo sobre las notas de SMU, y luego el día del mismo mes, con el hecho esencial de la empresa reconociendo irregularidades en su contabilidad– viene la baja a BB+ de la nota por parte de Feller y Humphreys el 12 de julio y el incumplimiento de convenant.

Paradójicamente, es ICR la que en agosto toma la delantera y es la primera en llevar la nota a B, aunque la señal principal era con la nota cayendo de BBB.

Pasado el temporal de 2014, incluidas las tratativas producto del anuncio a fines de enero de ese año de la fusión de CorpBanca con Itaú, que incluyeron importantes líneas de crédito de más de US$ 1.000 millones a Saieh, ICR, el 29 de octubre de dicho año, es la primera en modificar perspectivas de la nota que en ese momento en todos era de B, subiéndola a “en observación” y luego, el 12 de mayo de 2015, cambiando otra vez a perspectivas positivas. Humphreys modificó a favorable su perspectiva recién el 2 de noviembre de 2015.

Y en las notas, ICR es la primera en elevar la nota de SMU el 3 de septiembre de 2015 de B a B+, cambio que Humphreys solo efectuó el 2 de noviembre de 2016. Feller, en tanto, hizo su primera alza el 4 de diciembre de 2015, cuando sube la nota de los bonos de B- a B+.

¿Norma laxa?

Los trabajos de Clarke, Linneberg y Caneo no pasaron inadvertidos para la Contraloría, que supervigila a los organismos públicos, entre ellos, la Universidad de Chile.

En un informe de octubre de 2015, la entidad contralora cuestiona la falta de informes de actividades, asociados a distintos trabajos hechos por Dieter Linneberg y, si bien no plantea dudas acerca de los otros participantes en la asesoría a CorpBanca, sí indica que la labor de coordinación que debía ejercer Linneberg al trabajo de Caneo y Clarke no presenta informe de actividades, como lo requiere la normativa.

Sin embargo, las mayores críticas a los conflictos de interés de Clarke, como socio de ICR Chile, vienen de quienes participan en el mercado. Aunque todos optan por el anonimato, eludiendo una disputa en público con el cuestionado, y, además, como señaló uno de ellos, porque “no me acomoda andar dando pautas éticas”.

Un ex superintendente de Valores y Seguros (SVS) cuestiona con dureza el caso. “Me parece que si soy el socio principal y si no me meto a los equipos pero estoy asesorando a una empresa que está clasificando mi entidad, me parece que claramente hay un conflicto. Podría estar asesorando en cosas que después, como clasificador, uno tiene que pronunciarse, donde el mismo que recomendó algo tuvo un efecto tal, que la clasificadora tiene que juzgar o evaluar… es una línea compleja”, plantea la ex autoridad.

Pero Clarke descarta conflictos de interés. Asegura que estos no son de la empresa. “Los conflictos de interés son siempre personales. Ejemplo: un director en común no invalida una relación entre empresas. El director solo debe abstenerse de votar en transacciones entre ellas”, sostiene.

La argumentación de Clarke tiene lógica. Las clasificadoras de riesgo, como en el caso de ICR Chile, tienen Consejos de Clasificación, los que son integrados por socios y funcionarios de la clasificadora.

Para liberarse del conflicto –puntualiza Clarke–, desde hace años no participa en el consejo de clasificación de SMU y CorpBanca. “Por principios de buenas prácticas no participo en Consejo de Clasificación (excepto algunos muy puntuales). En los emisores que mencionas no he participado en consejos desde muchos antes del contrato que te preocupa”, señala, aludiendo a la asesoría hecha a CorpBanca y por la que, solo considerándolos a él, Linneberg y Caneo, recibieron un total de 25 millones de pesos entre julio y agosto de 2014. Así lo refleja también el reglamento interno de ICR, documento que deben tener a disposición de la autoridad y el público. Este tiene un capítulo destinado, como le exige la normativa, al tratamiento de conflictos de interés en la entidad clasificadora.

En él, en efecto, dispone una especie de protocolo para que los integrantes de los Consejos de Clasificación no vulneren la normativa. Sin embargo, no alude directamente a los socios sino solo en su calidad de integrantes de los consejos de clasificación.

Los abogados consultados cuestionan la explicación de Clarke respecto de la separación del conflicto de interés por no participar de los consejos de clasificación de empresas del grupo.

Aún más, el reglamento que tiene ICR obedece a la NCG 361, emitida por Fernando Coloma, cuando lideraba la SVS el 6 de marzo de 2014, pocos días antes de dejar la entidad.

Dicha norma, en su punto 3, indica que la clasificadora debe disponer un reglamento interno donde aborde distintas materias, entre ellas, las normas de confidencialidad, manejo de información privilegiada y solución de conflictos de interés, “especificando la forma en que actuará la clasificadora ante un caso en que se presente un conflicto de interés con alguno de sus socios o demás personal de la empresa”.

Y agrega que estas normas del reglamento deberán considerar inhabilidades, prohibiciones o incompatibilidades, complementarias a las establecidas en la ley del Mercado de Valores, “que serán aplicables a todos quienes desempeñen funciones en el proceso de clasificación de riesgo”.

Es decir, a quienes participen de los consejos de clasificación o en sus procesos. Como Clarke no participa de dichos consejos, se considera ajeno al conflicto de interés.

Según reconoce otro conocido abogado de la plaza que ha tenido procesos administrativos con la SVS en el pasado, hay un vacío legal que parece no apuntar explícitamente al socio sino al que participa de la clasificación.

Y es que la Ley del Mercado de Valores sugiere matices sobre lo dicho por Clarke, como revela el artículo 81. “Cuando la sociedad clasificadora o alguno de sus socios principales sea considerado persona con interés en un emisor determinado, no podrá clasificar los valores de este último. Asimismo, no podrá encomendársele la dirección de una clasificación a personas consideradas con interés en el emisor de esos valores”, señala la disposición.

Según el articulado, no puede participar en un proceso de clasificación de un emisor de oferta pública una clasificadora cuando la entidad (o su socio) sea considerada con interés en un emisor determinado.

Así, en el artículo 82 se define qué casos se consideran en esa categoría de interés. En su letra e) identifica como personas con interés a “quienes tengan o hayan tenido durante los últimos 6 meses, directamente o a través de otras personas, una relación profesional o de negocios importante con la entidad, sus coligantes o con las entidades del grupo empresarial del que forma parte, distinta de la clasificación misma”.

Si es o no importante el pago de 8 millones que le hizo CorpBanca cuando requirió el informe para la fusión con Itaú, por menos de dos meses de trabajo, como para entender que existió conflicto de interés, es responsabilidad de la SVS determinarlo. El Mostrador Mercados consultó a esta superintendencia pero no recibió respuesta.

Pasos adelante

Aunque algunos pasos se dieron desde la crisis de La Polar en 2011.

En 2012, tras el estallido del caso de la multitienda, la SVS creó la División de Supervisión a Empresas de Auditoría Externa, a cargo de Andrea Valdivia, y la División de Fortalecimiento del Análisis Financiero Sectorial –que incluía en su labor la supervisión a clasificadoras de riesgo–, liderada por Cristián Ross.

En 2015, ya con Pavez a la cabeza de esta superintendencia, se creó la División de Control de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo, uniendo ambas divisiones. Valdivia dejó su cargo y quien lidera la división es Ross. Esta es la entidad que fiscaliza a las clasificadoras y auditoras.

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