MERCADOS
La Bolsa de Valores de Valparaíso suspendió las transacciones que Intervalores hace a través de ella. Además, hace un año, la Superintendencia de Valores y Seguros multó a la firma con $67 millones por entregar antecedentes falsos de liquidez, sanción por la que Intervalores interpuso un reclamo, el que en octubre del año pasado, la Corte de Apelaciones, rechazó. Ahora tendrían dificultades para devolver el dinero de sus clientes.
Le llueve sobre mojado a Intervalores Ltda, la corredora de Bolsa conducida por Gabriel Urenda, hijo del fallecido empresario Beltrán Urenda, familia ligada a Agunsa y al mundo naviero porteño.
A Invervalores, el pasado 8 de marzo, la Comisión para el Mercado Financiero le suspendió la inscripción en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores. ¿La razón? no cumplir con las condiciones de patrimonio mínimo, liquidez y solvencia que deben tener las corredoras.
A esto se suma que la Bolsa de Valores de Valparaíso suspendió las transacciones que Intervalores hace a través de ella. Además, hace un año, la Superintendencia de Valores y Seguros multó a la firma con $67 millones por entregar antecedentes falsos de liquidez, sanción por la que Intervalores interpuso un reclamo, el que en octubre del año pasado, la Corte de Apelaciones, rechazó.
Cabe destacar que Intervalores también posee suspendida sus transacciones en la Bolsa de Santiago.
Tras esta seguidilla de multas y sanciones. Los problemas de solvencia y patrimonio escalaron en Intervalores, luego que en abril recién pasado distintas firmas de factoring la demandaron por el no pago de deudas, las que alcanzan lo $543,6 millones y que deberían haber sido pagadas entre noviembre de 2017 y febrero 2018.
Ahora la corredora, además, no sería capaz ni estaría en las condiciones económicas de devolver el dinero de terceros, sus clientes, quienes estarían exigiendo lo invertido a través de Intervalores, firma que enfrenta la mayor crisis financiera de su historia.
Al cierre de esta nota el abogado de Intervalores no estuvo ubicable para recoger su versión.
Las autoridades en tanto están en medio de un proceso de fiscalización a la corredora, a raíz de algunos índices que estaban fuera de los rangos exigidos por la ley, como la liquidez, solvencia, y patrimonio de la corredora. De acuerdo a la normativa, si bajan estos indicadores se hace una revisión independiente y la corredora debe explicar por qué se están generando, para revisar si su suspensión se extiende o no.
Por ahora, los caminos están abiertos, y tomando en cuenta casos del pasado, el caso podría tener diversas resoluciones, entre ellas un nueva sanción por parte de la Comisión para el Mercado Financiero, una extensión de la suspensión o la normalización de sus actividades, esta última opción que parece estar volviéndose más lejana.
Los clientes afectados pueden acudir a la CMF para denunciar cualquier incumplimiento, pese a que ello no garantiza la devolución de sus dineros, sino más bien la fiscalización de sus operaciones.
