Opinión
Este documento no fue negociado y firmado solo por los representantes del Gobierno y de la Democracia Cristiana, como es el convencimiento general, sino que, además, fue suscrito e incentivado por el mundo Pyme, representado por los presidentes de la Confederación de Dueños de Camiones, de la Asociación de Emprendedores y de la Multigremial de las Pymes.
El pasado 20 de junio fue suscrito un protocolo de acuerdo “que representa la voluntad común de realizar algunas modificaciones al proyecto de modernización tributaria, para lograr un sistema impositivo duradero que permita a Chile alcanzar el desarrollo”.
Y este documento no fue negociado y firmado solo por los representantes del Gobierno y de la Democracia Cristiana, como es el convencimiento general, sino que, además, fue suscrito e incentivado por el mundo Pyme, representado por los presidentes de la Confederación de Dueños de Camiones, de la Asociación de Emprendedores y de la Multigremial de las Pymes.
En el documento, los firmantes declaran que es necesaria “una serie de modificaciones bajo los principios que señala la OCDE en una serie de informes y directivas, donde reconoce a la certeza tributaria como uno de los factores más relevantes tanto para incentivar la inversión (…)”. Una luz de esperanza en medio de un ambiente económico de incertidumbre y de consecuente desaceleración y de baja en las proyecciones de crecimiento (y, por ende, de bienestar social).
El gran avance que contiene este acuerdo, es la declaración expresa de los firmantes respecto a que, “con el objetivo de fomentar la reinversión, crecimiento y desarrollo económico del país, se reintegrará 100% el sistema de tributación en base a retiros, sujeto a medidas especiales de control y fiscalización efectiva que eviten un mal uso del sistema tributario.”
Acá es donde cobra real importancia hacer un zoom a los firmantes del documento. No lo suscribe ni la CPC, ni la Sofofa ni la Sonami. Son los gremios de las Pymes los que, tal como en la reforma de 2014 (en esa época a través de las redes sociales), canalizan el clamor de miles de empresas a las que esa reforma no solo afectó por haberles subido la tasa del 20% al 27%, sino que fundamentalmente por haberse creado un sistema ficticio, de tributación por dineros que no se habían retirado, e injusto, por la eliminación arbitraria de una parte del crédito por los impuestos efectivamente pagados.
Por todo lo anterior, es que resulta incomprensible leer declaraciones de senadores de la misma Democracia Cristiana, que ponen su foco en la tributación de los más ricos y, por tanto, en duda su apoyo al acuerdo firmado por su propio presidente.
El sueño del chileno no es ser mantenido por el Estado. Muy por el contrario. Su sueño es poder ver que el fruto de su trabajo y emprendimiento le generan una mejor calidad de vida. Por ello, colocar el foco en lo que tributan los más ricos y no en las condiciones de los empresarios emergentes, es de una miopía política y económica a la que, lamentablemente, nos estamos empezando a acostumbrar.
Son los representantes de las Pymes quienes tienen la autoridad moral de hacer ver a nuestra clase política que esta esquizofrenia tributaria, inaugurada por la Presidenta Bachelet y su ministro Alberto Arenas, debe terminar. Y es obligación de esa clase política despojarse de sus propios traumas y ver que el Chile del siglo XXI es distinto del que ellos añoran. En el mundo de hoy ya no es válido usar el pasado como predictor del futuro. Si no lo creemos, basta con preguntarles de eso a los taxistas, a los dueños de hoteles o a los que alguna vez fueron dueños de tiendas de música.
A fines del siglo XIX Chile se quedó en el subdesarrollo por no haber tenido la capacidad de subirse a la Revolución Industrial. Mientras acá unos pocos se hacían ricos con recursos naturales, esos eran ocupados en Europa en la industrialización de los procesos productivos, que parten por el desarrollo del conocimiento hasta el producto final.
Hoy estamos en medio de una Revolución Digital. Y nosotros llevamos años debatiendo políticas públicas propias del siglo XX, que se quieren construir sobre la base del resentimiento generado en el siglo XX y con discursos propios del siglo XX.
Si nuestros parlamentarios, cada uno desde su muy legítimo domicilio, no entienden esto, la luz de esperanza que generó el protocolo de acuerdo no será más que un “intervalo lúcido” en medio de una demencia política sin remedio visible.
