Opinión
Si el Ejecutivo no se involucra, los proyectos de ley seguirán avanzando con las imperfecciones y limitantes propias de las restricciones de las mociones parlamentarias, sin informes financieros para la implementación de las nuevas leyes, y sin dar o ampliar las atribuciones a los servicios públicos con más y mejores competencias en las materias que se regulan.
El 21 de marzo del 2018, la entonces ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, presentó las prioridades legislativas en materia ambiental de la administración de Sebastián Piñera derivadas de su programa de Gobierno: la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el perfeccionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la regulación de las bolsas plásticas de un solo uso y la implementación de la Ley de Fomento al Reciclaje con énfasis en materias reglamentarias, descartando alguna modificación de esta última norma.
No obstante, la demanda parlamentaria excedió por mucho el propósito del Ejecutivo y su capacidad de intervenir o ser parte del quehacer legislativo. El interés parlamentario y ciudadano se ha manifestado en diversos ámbitos, desde la creación de nuevos servicios públicos de nuestra institucionalidad ambiental, nuevos instrumentos de protección directa para elementos del patrimonio ambiental, hasta el perfeccionamiento de instrumentos de regulación ambiental existentes, como lo es el SEIA.
Lo llamativo es la ausencia del Poder Ejecutivo en la discusión de la agenda legislativa ambiental –impulsada desde hace varios años por distintos parlamentarios– y que no se tenga la capacidad de persuadir a las comisiones de Medio Ambiente del Senado o la Cámara para dar orden, prioridades y estrategias para un diseño mayor, que nos permita pasar a un estadio superior de instituciones y políticas públicas para la protección del medio ambiente en nuestro país. Dicho entusiasmo puede pasar sin mayores frutos.
[cita tipo=»destaque»]Para tener procesos legislativos más eficientes y con mayor transparencia, en los cuales se expongan las legítimas diferencias entre sectores políticos, urge una actitud más proactiva del Ejecutivo, buscando puntos de encuentro o diseñando, con el Poder Legislativo, estrategias de Estado para mejorar nuestra legislación ambiental.[/cita]
En lo concreto, si el Ejecutivo no se involucra, los proyectos de ley seguirán avanzando con las imperfecciones y limitantes propias de las restricciones de las mociones parlamentarias, sin informes financieros para la implementación de las nuevas leyes, y sin dar o ampliar las atribuciones a los servicios públicos con más y mejores competencias en las materias que se regulan.
Vamos por parte con los ejemplos más conspicuos. El cambio institucional más significativo en trámite legislativo es la creación del SBAP. Desde el 2014 está en conocimiento del Parlamento, se ha aprobado en dos comisiones y en Sala, se han resuelto más de 1.200 indicaciones, ha tenido consulta indígena y, sin indicación alguna del actual Gobierno, ha concluido recientemente el primer trámite constitucional.
Curiosa fue su votación, todos los votos en contra de los artículos votados provinieron de senadores oficialistas y el principal defensor del proyecto fue el senador PPD, Guido Girardi, conocedor como pocos de la estructura de nuestro actual sistema de áreas protegidas. De lo anterior, se puede deducir que el Ejecutivo incorporará –lo más probable, a no ser que renuncie a su visión de las áreas protegidas del país– en el segundo trámite legislativo sus indicaciones, lo que nos llevará a un tercer trámite legislativo o a un incordio mayor que dilate la creación del nuevo servicio.
Segundo, el Gobierno siempre manifestó como prioridad la modificación del SEIA para dar mayor celeridad a la evaluación y mayor certeza jurídica a lo que se resuelve. Se dijo, incluso, que la modificación que se presentó en junio del 2018 era “la modificación más ambiciosa que se ha hecho desde que el SEIA existe”.
No obstante, luego de un año y medio –sin ninguna votación de por medio– el proyecto fue retirado y se presentó una indicación sustitutiva, reducida a temas menos relevantes y controvertidos, que probablemente no solucionan los temas diagnosticados en el mensaje presidencial. Solo basta analizar las indicaciones parlamentarias que se están votando, que no son parte del proyecto original del Gobierno y que responden a las materias más estructurales del SEIA.
El tercer proyecto de ley significativo, en la actual legislatura, es la ley que sanciona delitos contra el medio ambiente y daño ambiental, cuyo texto de origen presidencial fue reemplazado por completo por el de una comisión ad hoc de expertos externos, creada al alero de la comisión de Medio Ambiente del Senado.
Lo mismo puede suceder, con algunas variaciones, con la ley de protección de humedales que está en tercer trámite constitucional, también con la ley de protección de glaciares o, incluso, con la Ley Marco de Cambio Climático que está pronto a ingresar a trámite legislativo.
Para tener procesos legislativos más eficientes y con mayor transparencia, en los cuales se expongan las legítimas diferencias entre sectores políticos, urge una actitud más proactiva del Ejecutivo, buscando puntos de encuentro o diseñando, con el Poder Legislativo, estrategias de Estado para mejorar nuestra legislación ambiental.
