MERCADOS
Crédito: Agencia UNO
La iniciativa presentada por parlamentarios de oposición, que comienza su trámite esta tarde en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, busca establecer un impuesto transitorio equivalente al 2,5 % del patrimonio de las personas más ricas, cuya recaudación será destinada a paliar los efectos de la crisis sanitaria para las familias más vulnerables. Pero la idea es rechazada de plano por el Gobierno, que ha optado por recurrir a una argumentación similar a la empleada para oponerse al retiro de fondos de la AFP. Para el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se trata de “una solución simplista a un problema complejo” y el secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, fue enfático en señalar que “el Gobierno no está de acuerdo ni en la forma ni en el fondo” con la propuesta. Por su parte, el diputado RD Giorgio Jackson recalcó que se podrían obtener recursos por más de US$6 mil millones, y añadió que el proyecto se sustenta en la idea de que “a los que les va mejor, que se pongan. Pareciera que discutir el impuesto a los súper ricos es una herejía».
Después de varios anuncios llegó el “Día D” y este miércoles comienza en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la discusión del proyecto de ley para establecer un impuesto transitorio al patrimonio a los “súper ricos”, una iniciativa presentada por parlamentarios de oposición y que nuevamente complica al Gobierno, como ocurrió con el proyecto del retiro del 10% de los fondos de la AFP.
La iniciativa, que está puesta en tabla para ser revisada en la sesión de las 16.30 horas, establece en términos específicos un impuesto transitorio equivalente al 2,5 % del patrimonio de las personas más ricas, para dotar de mayores recursos al Estado para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social.
Al debate han entrado empresarios como Andrónico Luksic, quien sostuvo que “no me opongo a ninguna idea que se discuta de forma seria», pero la idea es rechazada de plano por el Gobierno.
De hecho, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo que se trata de “una solución simplista a un problema complejo” y remarcó que la oposición busca “nuevamente obrar por un atajo constitucional», aludiendo al proyecto de retiro de los fondos de la AFP.
Asimismo, señaló que es una idea que no ha tenido réditos en el extranjero. “Afuera hay bastante evidencia que esta política pública no cumple con los objetivos que se plantean (…). Los pocos países que lo han tratado, la gran mayoría de ellos lo ha abandonado», aseveró Briones.
El tono del jefe de la billetera fiscal fue ratificado por el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, quien hoy fue enfático en manifestar que “el Gobierno no está de acuerdo ni en la forma ni en el fondo” con la propuesta.
En ese contexto, aseveró que espera “razonabilidad en el debate y en las decisiones que tomemos y que no sean decisiones única y exclusivamente pensando en el rating«, un argumento similar al empleado para tratar de desactivar el retiro de fondos previsionales.
A juicio de Monckeberg, para obtener “una mayor recaudación, un mayor esfuerzo fiscal, si se produce en este minuto tiene que ir de la mano con un esfuerzo distinto, y una reforma de pensiones es uno de ellos. La recuperación económica es un esfuerzo que se tiene que realizar también en esa línea”.
El proyecto es impulsado por los diputados Gabriel Ascencio (DC), Karol Cariola (PC), Giorgio Jackson (RD), Daniel Núñez (PC), Luis Rocafull (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Alexis Sepúlveda (PR), Raúl Soto (PPD), Camila Vallejo (PC) y Esteban Velásquez (FRVS).
Sus promotores apuestan a conseguir un apoyo transversal, tomando en cuenta que la Sala de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo por 85 votos a favor, 19 rechazos y 40 abstenciones, que pide al Presidente Piñera la creación de un impuesto del 2,5% a los más ricos, con el respaldo de diputados oficialistas como Jorge Durán (RN), Manuel René García (RN), Paulina Núñez (RN), Leonidas Romero (RN) y Virginia Troncoso (UDI).
En ese marco, la diputada Camila Vallejo destacó la importancia de avanzar en la Reforma Constitucional, pues “tenemos la convicción de que sectores económicos de mayores ingresos sean parte de las soluciones de quienes hoy están sufriendo la cesantía, el hambre y la incertidumbre”. Mientras, la diputada Alejandra Sepúlveda, jefa de la bancada del FRVS, sostuvo que es momento de que las grandes riquezas del país sean responsables con la difícil situación que está atravesando la población que sufre efectos del COVID-19.
En la misma línea, el diputado RD Giorgio Jackson dijo que el proyecto se sustenta en la idea de que “a los que les va mejor, que se pongan. Pareciera que discutir el impuesto a los súper ricos es una herejía». «Si el Gobierno no se involucra va a ser muy difícil que lo aprobemos, por alguna razón quiere protegerlos», añadió esta mañana en Radio Futuro.
Según los cálculos realizados por los parlamentarios que presentaron el proyecto, con la implementación de este tributo se podrían obtener recursos por más de US$6 mil millones, que permitirían entregar una Renta Básica de Emergencia por sobre la línea de la pobreza al 80% de los hogares más vulnerables.
Más en detalle, el diputado Jackson indicó que la iniciativa considera patrimonios que superan los US$ 22 millones, y ha sostenido que el proyecto busca “dar puntapié a un debate que es bien importante: si Chile está subiendo una deuda y vendiendo sus activos, la pregunta es ¿quién los paga? Con la estructura tributaria en general que tenemos, quien lo paga son las rentas más bajas a través del IVA”.
“Hoy día la carga tributaria del IVA, cuando la gente va a comprar pan, cuando va al supermercado, en general cuando compra los bienes y algunos servicios, está pagando la mayor parte de la recaudación (…). En Chile la recaudación del IVA reporta cerca del 45% de los ingresos por impuestos, mientras que el impuesto a la renta, que debiese ser progresivo para quienes más tienen, recauda tan solo un 40%”, precisó.
