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Crédito: Agencia Uno
Por amplia mayoría, los integrantes del TC indicaron que todos los aspectos analizados del proyecto son constitucionales, por lo que no habría razón para modificar el texto que despachó el Congreso. Tras esta decisión, la iniciativa ahora quedó lista para ser promulgada oficialmente como ley, entrando en vigencia tal y como ingresó al Tribunal Constitucional. Los reclamos de la CPC no fueron analizados, ya que se determinó que no eran parte legitimada del proceso, aunque si fueron agregados al expediente.
Ignorando los requerimientos presentados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y por parlamentarios, el Tribunal Constitucional visó sin cambios el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y medioambientales.
De acuerdo a los integrantes del TC, todos los aspectos analizados del proyecto fueron considerados constitucionales, por lo que no habría razón para modificar el texto, según reportó el diario El Mercurio.
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El último de estos aspectos que estaba en revisión era la extinción de la personalidad jurídica de distintas entidades en caso de crímenes agravados o en caso de reiteración delictiva, el que fue analizado este martes. Con respecto a esta norma, seis ministros la consideraron constitucional, siempre que fuera entendido que las universidades estatales no estaban incluidas, mientras que otros dos optaron por la inconstitucionalidad.
Tras esta decisión, la iniciativa ahora quedó lista para ser promulgada oficialmente como ley, entrando en vigencia en los mismos términos en que fue despachada desde el Congreso tras el veto que introdujo el Gobierno. Ahora el tribunal tiene 30 días para sistematizar su decisión favorable, con la posibilidad de extenderlo otros 15 días.
De esta manera, los “téngase presente” de la CPC no fueron analizados, ya que la confederación de empresarios no era parte legitimada del proceso, aunque si fueron agregados al expediente. En cambio, en el caso de los parlamentarios, el TC determinó que no tenían relevancia al tema tratado.
Recordemos que las críticas desde el mundo empresarial se debían a la instalación de un estándar jurídico distinto para los directivos y gerentes de empresas respecto del resto de los ciudadanos, además de la creación de “figuras delictivas difusas” en esta materia.
