La Corporación Nacional Forestal demandó ayer por indemnización de perjuicios al abogado Juan Ignacio Lihn Ovalle, contratado a honorarios por tres meses para asesorarle en la licitación del seguro de un helicóptero de combate de incendios, quien, a su vez, es vendedor a comisión de la empresa Willis, ganadora del proceso que, más tarde, debió declararse desierto.
“Nos vamos a reservar la determinación del monto. La Corporación va a tener que incurrir en gastos para resguardar el helicóptero que se encuentra sin seguro”, sostiene el fiscal Fernando Llona.
Dicho costo, sin embargo, es responsabilidad de la Conaf desde el momento en que declaró desierta la licitación el 11 de octubre. Una resolución que no se originó al quedar al descubierto el conflicto de interés del asesor, quien fue despedido, sino porque las empresas con las negoció en forma directa —la aseguradora Chartis y la corredora Willis— no cumplieron con el requisito de presentar el 100 % del “soporte” o respaldo para cubrir el valor total del helicóptero (US$5 millones) dentro del plazo estipulado.
Tal exigencia busca garantizar que, en caso de siniestro, exista el dinero para pagar el valor del bien asegurado.
A juicio de un abogado con 25 años de experiencia en materia civil, la acción legal no tiene destino. “No está claro cuál es el daño ni que la conducta del asesor haya causado un perjuicio. Tienen que probarlo. Hay una liviandad inexcusable. Parece ser una acción para proteger su imagen”.
Al interior del organismo no se chequeó el currículum del asesor que se tituló como abogado en marzo, a los 50 años, en la Universidad de Desarrollo.
“Él llegó a ofrecerse y cuando me reuní con él conocía lo que licitábamos”, explica el jefe de administración de la Conaf, Gabriel Cogollor.
Tuvo el currículum en sus manos, pero no le hizo consultas, pese a contener detalles llamativos como su extenso período de estudios en la Universidad North Texas (1981 y 1993) que, además, se superpone con su licenciatura en administración de empresas en la Usach (1984 y 1990).
Mientras, el director ejecutivo de la Conaf, declaró a este medio la semana pasada que “él mandó su currículum donde decía que tenía experiencia, había asesorado a otras empresas, estaba inscrito en el Colegio de Abogados e hizo su tesis en seguros; fue sumamente transparente la contratación”. Aunque no recordó los nombres de las compañías para las cuales prestó servicios.
Para la senadora PS, Isabel Allende, “no resiste análisis decir que no sabían (el vínculo laboral), quiere decir que son muy ineficientes y que faltó fiscalización”.
La parlamentaria manifestó en febrero sus reparos a otra contratación de la Conaf. En representación de los trabajadores de la Corporación, solicitó a la Contraloría que investigara la contratación de brigadas de incendios sudafricanas de la empresa Timeo, en las temporadas 2010/2011 y 2011/2012.
La empresa, según detalla, no había realizado un trabajo satisfactorio, arrastraba conflictos laborales, “era más cara que el propio servicio de la Conaf y se le volvió a asignar un contrato a dedo”. Aún no recibe respuesta del órgano contralor.
A raíz del incumplimiento de Chartis y Willis, la Conaf llamó a una nueva licitación, cuyo cierre es el 31 de octubre.
Consultado el fiscal Llona si la corredora Willis, para la cual Lihn sigue prestando servicios, será excluida del proceso debido a que su empleado asesoraba al mismo tiempo a la Conaf, afirmó que “las bases de licitación son abiertas, no queremos dejar a nadie fuera”.
Argumenta que no existe certeza si Willis conocía el rol de su vendedor en la Conaf, por lo cual no está impedida de participar en el nuevo proceso.
Sus palabras discrepan con las del director ejecutivo, Eduardo Vial. El jueves pasado cuando reconoció a este medio la vinculación del asesor, fue requerido acerca de si Willis engañó a la Conaf, a lo cual respondió: “no cabe duda si es empleado de ellos, al menos debieron habernos dicho”.
Willis no respondió los llamados de este medio.
La accidentada licitación del seguro del helicóptero polaco PZL, que al momento de ser adquirido, en 2008, ningún piloto chileno podía operar, porque no hay otro modelo en Chile ni en Sudamérica, se inició en septiembre pasado.
Las dos oferentes, Magallanes y Mapfre, quedaron fuera del proceso. La primera porque cobró un deducible muy alto por el casco del aparato, y a la segunda, cuya oferta fue aceptada, se le formuló una pregunta que debía responder en 24 horas, plazo que no pudo cumplir.
La empresa reclamó que ese breve período transgredía el reglamento de la licitación, lo que no fue acogido por la Conaf que declaró desierto el proceso e inició las negociaciones directas con Chartis y Willis. Ambas presentaron una oferta más baja, por US$ 252 mil, frente a los US$ 298 mil de Mapfre y US$ 350 mil de Magallanes.
Cogollor recuerda que al declararse desierto el proceso, el asesor Lihn “trajo la cotización de Chartis; me dijo oye, Gabriel, las condiciones son más favorables”. La propuesta incluía como intermediaria a Willis que cobraba un 12,5 % de comisión, “el doble de lo que se aplica en el negocio de la aviación que es alrededor de un 6 %, afirma un corredor de seguros. Era tanto más favorable que se consideró que valía esperar (a que consiguieran la cobertura o soporte del 100 % del valor de la aeronave)”, precisa Cogollor.
Otro factor que se consideró es que la oferta abarcaba la isla Juan Fernández, lo que no incluía la de Mapfre, que tenía el seguro desde que el helicóptero inició sus operaciones en septiembre de 2010 y que alegó que en las licitaciones anteriores nunca se contempló ese territorio.
Las bases sostienen que la cobertura es Chile continental e insular, excluyendo la Isla de Pascua y la Antártica. “Nosotros queríamos Juan Fernández. Eso se podía inferir, porque al excluir la Isla de Pascua y la Antártica implica que hay que cubrir el resto de las islas”.
Chartis no respondió los correos y llamados de este medio.
