Han sido notorios, en días recientes, los grandes esfuerzos de algunos por cuestionar las cifras económicas; sin embargo, es indesmentible que el Gobierno de Piñera logró una importante mejoría en esta materia. No se trata de “frías cifras que nadie entiende”, ya que casi un millón de chilenos encontró un empleo que no tenía hace cuatro años y, además, en promedio los salarios aumentaron un 14% real en el período. No son sólo los ingresos de los ricos, el salario mínimo aumentó un 16% real, exactamente el doble de lo que subió en la Administración anterior. El número de chilenos que este año salió de vacaciones duplica el registrado en 2009, y así ocurre en general con las cifras de actividad disponibles. Sin duda, estos “fríos números” constituyen una mejoría evidente de nuestra calidad de vida.
¿Qué cambios estructurales o refundacionales implementados por el Gobierno permitieron esta mejoría? Lo cierto es que no se implementaron grandes y profundas reformas estructurales. La mejoría es producto del esfuerzo y el trabajo de todos los habitantes, en un contexto en que las políticas públicas tienen el gran mérito de haber generado confianza y expectativas favorables en los inversionistas y en los consumidores (a pesar de un terremoto que destruyó una parte significativa del stock de capital), de introducir más competencia en los mercados y de mejorar la gestión del aparato estatal. Esto en un marco en que además se recuperaba, con un esfuerzo no menor, la disciplina fiscal, sin que el impulso de gasto generado por el terremoto se tradujera en presiones inflacionarias.
Este manejo prudente y responsable de las finanzas públicas permitió que, durante todo el período, la política monetaria pudiera contribuir al dinamismo de la economía a través de tasas de interés bajas y una relativa estabilidad del tipo de cambio real, elemento clave en el buen desempeño del sector privado. ¿Parece poco esta contribución de las políticas públicas al desarrollo nacional? Si miramos nuestra historia de país independiente, e incluso la situación de algunos Estados vecinos, claramente no lo es, y no solamente eso, sino que además nos confirma que el progreso de los países se produce con instituciones estables, que resguarden el derecho de propiedad, con responsabilidad en el manejo de las políticas macroeconómicas y con la profundización de la competencia. Son estas condiciones las que permiten que trabajadores y empresarios puedan desarrollar sus potencialidades. Desde luego, no son condiciones suficientes, ya que el Estado tiene un rol clave en la educación y la capacitación de los sectores vulnerables, vía fundamental para disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso.
¿Podrá el próximo Gobierno lograr una mejoría equivalente? Parece difícil, porque las reformas estructurales que se han planteado son contrarias a la inversión, o atentan contra la estabilidad de las instituciones, lo que inevitablemente termina castigando la creación de empleo y generando incertidumbres poco convenientes para la buena marcha de la economía.
Cecilia Cifuentes, Economista Senior de LyD
