La Corte Suprema de EE.UU. desestimó revisar un fallo que ordenó a Argentina pagar 1.300 millones de dólares a los fondos de inversión que no aceptaron los canjes de su deuda soberana tras el cese de pagos de 2001, lo que prácticamente agota las posibilidades legales del país para evitar ese desembolso.
Es un fallo que pone al gobierno entre la espada y la pared.
La decisión golpeó con fuerza los activos argentinos. Los bonos de dólares que se emitieron bajo la ley de Nueva York cayeron casi un 9% y la tasa que pagan tuvo el mayor aumento de todos los bonos de mercados emergentes, de acuerdo a JP Morgan.
Los papeles de YPF, la petrolera que el gobierno argentino expropió hace dos años, se desplomaron en Wall Street, cerrando con pérdidas de 15%. El índice Merval se desplomó 10,09% y los papeles argentinos que se cotizan en la Bolsa de Nueva York sufrieron.
De acuerdo a diferentes análisis, el fallo del juez Griesa que la Corte no quiso revisar, obliga a pagar US$ 1.330 a los fondos buitre liderados por NML, pero entre todos los holdouts la deuda con los intereses acumulados podría llegar a US$ 18.000 millones.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, aseguró que pagará a los acreedores que aceptaron los canjes de deuda y agregó que Argentina siempre ha demostrado en forma "clara" su voluntad de negociación y de pago, pero afirmó que no se someterá a la "extorsión" de los denominados fondos "buitres".
No aclaró qué hará frente a la decisión de la Corte Suprema
En un mensaje transmitido por cadena nacional, Fernández aseguró que el próximo día 30 Argentina, arbitrando "todos los instrumentos y estrategias necesarios", pagará 900 millones de dólares al 92% de los acreedores que adhirieron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.
La presidenta no despejó sin embargo las dudas sobre la estrategia legal a seguir ante el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que resolvió este lunes rechazar la apelación presentada por Argentina en un litigio entablado en Nueva York por fondos de inversión que reclaman a Buenos Aires el pago de bonos por unos 1.500 millones de dólares.
Con esta decisión del Supremo, quedó en pie un fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, confirmado luego por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que obliga a Argentina a pagar en efectivo la deuda reclamada.
Fernández sostuvo que la decisión de la Corte no sólo es "contraria" a los intereses de Argentina y del 92% de los acreedores que aceptaron los canjes sino a los del sistema financiero global, razón que explica por qué el país suramericano recibió el apoyo de naciones como Francia, México y Brasil.
"El fallo no me sorprendió. Yo esperaba este fallo (…). No estoy ni siquiera enojada. Estoy muy preocupada", dijo la mandataria.
Según Fernández, este no es un problema financiero o legal, sino la "convalidación de un modelo de negocios a escala global que, si se sigue produciendo, va a generar tragedias inimaginables".
Afirmó que los litigantes compraron los bonos en mora, en 2008, mucho después del cese de pagos de ese año, a precio de "basura", acumulando hasta ahora una tasa de retorno del 1.600% "que ni el crimen organizado tiene".
"Queremos honrar nuestras deudas y lo vamos a hacer, pero no queremos ser cómplices de esta manera de hacer negocios", afirmó.
Argentina asegura que a finales de este mes le pagará al 92% de los acreedores que aceptaron los canjes, pero los fondos litigantes, con el fallo de la Corte a su favor, pueden pedir el embargo de los giros que Argentina haga a Estados Unidos para hacer los pagos en esa jurisdicción.
Si los querellantes lograran embargar esos fondos para cobrarse en parte lo que demandan, los acreedores que sí aceptaron los canjes se quedarían sin cobrar y Argentina entraría así en "default" (cese de pagos) técnico.
En su discurso, Fernández no precisó cómo logrará evitar un embargo, pero analistas coincidieron hoy en que es probable que Argentina pida a la Corte una revisión de su decisión, lo que le daría tiempo suficiente como para concretar el pago sin sobresaltos.
El subsiguiente pago deberá afrontarlo en septiembre.
Llegado el caso de una negativa del Supremo estadounidense a revisar su decisión de hoy, el Gobierno aún tiene la alternativa de pedir a Griesa la apertura de una negociación con los querellantes para determinar el modo de pago de lo adeudado.
Esta opción también le permitiría ganar tiempo, al menos con el objetivo de llegar al 31 de diciembre, fecha en que vencerá la cláusula de "mejor acreedor" inserta en las ofertas de reestructuración y que impide pagarles a quienes no aceptaron los canjes en mejores condiciones que a quienes sí adhirieron a las refinanciaciones y aceptaron fuertes quitas sobre el capital original adeudado.
Antes de esa fecha, un pago en efectivo a los querellantes habilitaría a los acreedores que aceptaron los canjes a realizar reclamos judiciales contra Argentina.
Fernández alegó que no puede pagar "ya" a los querellantes porque de ese modo el resto de los acreedores que no aceptaron los canjes podrían exigir el pago de 15.000 millones de dólares, suma equivalente a la mitad de las reservas monetarias argentinas.
Incluso, advirtió, todos los acreedores podrían demandar el pago total de la deuda original, 102.000 millones de dólares, y entonces la reestructuración "se caería como un castillo de naipes y con ella la República Argentina".
