El 9 de diciembre de 2011, Marcelo Calderón Crispín, en ese momento co-controlador –junto a su hermano Alberto– de Ripley, concretó una decisión que venía postergando por años. Ese día informó de la suscripción de un acuerdo para vender el 85% de Johnson’s, la cadena de retail enfocada en la clase media baja, la que intentó mantener a flote pese al desangre financiero que venía experimentando en los últimos cinco años.
Horst Paulmann se empinaba ese día como el comprador a través de su holding Cencosud. El precio: $ 32.600 millones.
La dolorosa decisión de Calderón, eso sí, ocultaba la exitosa gestión que en esos días tramitaba ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para obtener la condonación de multas e intereses por US$ 120 millones, por impuestos adeudados al Estado.
El ‘perdonazo’ fue clave para vender la compañía, pues las contingencias tributarias lo transformaban en un activo difícil de tragar para potenciales compradores, aunque luego el SII presentaría la condonación como un triunfo para el Estado, debido al abultado saco de dólares que la firma acumulaba como pérdida tributaria y que podía haber sido usado como crédito ante el fisco en los años siguientes.
Pero lo cierto es que, al mismo tiempo que Calderón se veía beneficiado por el SII dada la condonación, se enfrentaba con la misma institución por la reorganización de sociedades que venía realizando desde hacía dos años.
El 2 de diciembre de 2011, una semana antes de que informara la venta de Johnson’s a Cencosud, Calderón y sus hijas Patricia, Débora y Esther revelaban ante el SII la parte final de la reorganización de su patrimonio vinculado a la multitienda
Ripley sería la que mostraría la punta del hilo que el Servicio luego iría tirando para detectar el caso de presunta evasión tributaria, por el cual la entidad los denunció ante el Ministerio Público el 28 de abril pasado.
Así, Marcelo Calderón, que se vio favorecido por la condonación del SII en 2011, hoy es perseguido por el mismo organismo e investigado por el Ministerio Público, acusado de evadir impuestos.
La investigación, además, revela una serie de actos que el SII describe como de “ocultamiento” por parte de la rama familiar que se desprende de Marcelo Calderón, para ocultar bienes e impedir que el fisco le cobre los impuestos que a nivel administrativo se están discutiendo en los tribunales tributarios.
La investigación del SII
El Servicio de Impuestos Internos viene investigando al ex controlador de Ripley desde hace casi tres años; curiosamente, para los críticos del ex titular del organismo, Julio Pereira, el mismo año en que el Servicio condonó multas e intereses a Johnson’s.
El más antiguo rastro de esa labor se encuentra en análisis internos realizados por el SII durante el año 2013 –cuando se iniciaron las liquidaciones de impuestos contra las sociedades ligadas al empresario– y a los cuales El Mostrador Mercados tuvo acceso.
Y es que aun cuando –según la denuncia del SII al Ministerio Público– las operaciones de reorganización de sociedades, que derivaron en dicha presentación ante la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente, fueron realizadas en la segunda parte del año 2008, sólo en diciembre de 2011 el SII se enteró de una que fue clave.
El 2 de diciembre de 2011, fue informada al SII la fusión de Inversiones R II en Comandita con Inversiones R III en Comandita, operación donde se incorporan a R III las acciones equivalentes al 20% de Ripley que venían en R II y que se había ejecutado el 26 de diciembre de 2008, es decir, tres años antes.
El 30 de diciembre de 2008, R III vendería las acciones de Ripley a Inversiones Bujorico –todas sociedades ligadas a Marcelo Calderón y sus hijas– y, en mayo de 2009, Bujorico acordaría la venta de los mismos al grupo Saieh (operaciones que terminaron concretándose entre agosto y noviembre del mismo año).
En esta cadena de operaciones se genera la presunta evasión tributaria que el SII denunció ante la Fiscalía y que ascendería a US$ 22 millones.
Si la Fiscalía termina formalizando a Calderón y luego los tribunales lo condenan, el empresario podría pagar una multa que va desde el 50% de la evasión (US$ 11 millones) hasta el triple de ella (US$ 66 millones). Junto con ello, la ley establece una posible sanción de presidio menor en su grado medio a máximo, esto es, hasta 3 años.
Las “maniobras” de Calderón
El SII tiene entre ceja y ceja a Calderón. A juicio de la entidad, la reorganización que llevaron a cabo en 2008, antes de vender las acciones al grupo Saieh en 2009, no tuvo otro objetivo que generar una utilidad mediante el no pago de los impuestos correspondientes a la Ley de Impuesto a la Renta (LIR).
Según un análisis hecho en el área de casos especiales del SII, en los meses previos a la denuncia ante la Fiscalía, el trasvasije de acciones de Ripley entre sociedades creadas por Marcelo Calderón y sus hijas es sólo la primera evidencia de que buscaban evadir impuestos.
Otra evidencia –indica el documento– que “reafirmaría la intencionalidad de defraudar el interés fiscal (en) el actuar posterior de Inversiones R III”, luego de la fusión con RII, es que dicha sociedad “presumiblemente con la intención de que en la figura elusiva no fuese detectada a tiempo por este Servicio” realiza diversas acciones.
La primera es el referido aviso de la fusión de R II y R III al SII “a petición de los funcionarios revisores” el 2 de diciembre de 2011, tres años después que se realizó.
Luego, detalla que el contribuyente presenta su Formulario 22 del año tributario 2010 sin información de la Renta Líquida Imponible ni constitución del FUT (Fondo de Utilidades Tributables), pese a que en dicho periodo “ya no se entendía acogida al régimen especial del artículo 14 bis”, por el cual habían hecho la operación original en 2008 que les permitió el ahorro de impuestos.
Posteriormente –continúa el Servicio–, para el Año Tributario 2011, la sociedad presenta su Formulario 22 con información del FUT, pero sin reconocer la utilidad sin crédito por el reconocimiento del mayor valor en la venta de las acciones de Ripley.
Las alarmas tras la venta a Saieh
Las “maniobras” de Calderón no concluyen ahí. Luego de la reorganización al interior de las sociedades de Marcelo Calderón y sus hijas, las acciones son vendidas por Inversiones Bujorico Limitada a Inversiones Conca, del grupo Saieh.
La promesa de compraventa se firma el 6 de mayo de 2009 a un precio de $ 250 por papel, cuando ese día la acción se transaba a $ 355. Finalmente, Saieh compra el paquete de 20% de Ripley entre agosto y noviembre de 2009 a casi US$ 170 millones, acciones que luego vendería a sociedades relacionadas y, con posterioridad, enajenaría definitivamente en 2010, generando una ganancia de casi US$ 300 millones.
Estas operaciones derivaron en que Álvaro Saieh, sus hijos Jorge Andrés y Catalina y la representante de RCC FIP, Pilar Dañobeitía, concurrieran a declarar el Ministerio Público en calidad de imputados, lo que provocó la reacción airada del abogado del empresario, Jorge Bofill.
Pero aunque la venta de Bujorico a Saieh terminó involucrando al dueño de CorpBanca y Copesa en el caso, dicha operación abrió un segundo flanco para Calderón, por el bajo precio al que vendió su 20% en Ripley.
Por ello, el 21 de agosto de 2013 y luego de recibir los alegatos de Calderón, el SII decidió tasar el precio de venta en $ 335 y no en $ 250, como vendió el socio de Ripley a Saieh. Frente a esta acción del Servicio, Bujorico acude al tribunal tributario reclamando contra dicha liquidación el 13 de diciembre del mismo 2013.
Sin embargo, en la evaluación del caso realizada al interior del Servicio de Impuestos Internos a comienzos de enero de 2014, se detecta que entre la liquidación y la fecha en que Calderón recurre a los tribunales tributarios, el empresario y su familia han estado reorganizando nuevamente sus sociedades.
Concretamente, dice el SII, los socios de Inversiones Bujorico Limitada acordaron dividir la sociedad, naciendo de ella Inversiones Bujorico Dos Limitada.
Así, justamente el 13 de diciembre de 2013, un asesor de Bujorico Limitada (que no identifica el SII), presenta en la Unidad del SII en La Florida el Formulario 3239, a través del cual informa dicha división ya realizada y con ello la correspondiente disminución de capital.
Junto con lo anterior, presenta dos formularios más (4415 y 4416) respecto de la sociedad naciente (Bujorico Dos), pidiendo Rut e inicio de actividades. El Servicio le emite un giro por presentación fuera de plazo de la modificación social.
Todas estas solicitudes se procesan en La Florida, pero rápidamente pasan a la Dirección de Grandes Contribuyentes, pues Calderón está en la nómina de grandes contribuyentes autorizada por la subdirección de fiscalización del SII.
El SII reacciona y no se ingresan las anotaciones de la disminución de capital ni se le otorga Rut a Bujorico Dos.
Reunión clave
Estos y otros antecedentes son analizados en una reunión ampliada de representantes de la DGC, de la Oficina de Litigación Judicial, así como de la Oficina de Defensa Judicial y del Departamento de Delito Tributario (Didet).
Según un documento interno del Servicio emanado de esa reunión, la pretensión de ésta es que las distintas áreas involucradas conozcan “las maniobras que está realizando el contribuyente Inversiones Bujorico Limitada” y que se evalúen “posibles acciones a seguir con el objeto de lograr detener las acciones que está realizando la empresa con el objeto de ocultar sus bienes y mermar claramente la posibilidad que el Fisco pueda hacerse cargo del impuesto liquidado, en caso de ser rechazado el reclamo del contribuyente (del 13 de diciembre de 2013)".
En dicho encuentro se analizaron tres caminos a seguir. Por un lado, pedir al tribunal tributario donde reclamó Calderón una “medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos, con el objeto de tratar de impedir que continúe realizando acciones tendientes a ocultar sus bienes”.
Junto con ello, pedirle a la Subdirección Jurídica del SII que evalúe la posibilidad de presentar una acción civil revocatoria en tribunales para impedir la división de Bujorico. Y, finalmente, rechazar el Rut e inicio de actividades de Bujorico Dos, argumentándole que no cumple con los requisitos mínimos, puesto que la sociedad que se divide tiene patrimonio financiero negativo.
¿SII se querella?
Consultados sobre estos antecedentes, en el SII no quisieron referirse al caso por el deber de reserva que les impone la ley.
Sin embargo, fuentes que conocen detalles de la investigación que hoy está en la Fiscalía Oriente, aseguran que los antecedentes sobre la reorganización de Bujorico, ocurrida en diciembre de 2013 y detectada por el SII, aún no estarían en manos del fiscal Carlos Gajardo.
Aún más, tal información estaría siendo procesada en el Servicio que dirige Michel Jorrat y sería parte de una posible querella que el Servicio estaría estudiando presentar en las próximas semanas contra la familia Calderón.
Marcelo Calderón fue requerido reiteradamente en los últimos días por este medio, pero siempre se negó a responder preguntas.
