Las continuas bajas en la Tasa de Política Monetaria (TPM) están confirmando la caída en la actividad económica. La decisión del Banco Central de reducir la tasa de interés es una medida concreta para mejorar la disponibilidad de financiamiento en el mercado, pero tiene un rezago respecto del impacto en las decisiones de inversión.
Algo similar ocurre con el gasto fiscal, pues el anuncio de que este año se espera ejecutar en un 100% el presupuesto no es en sí mismo un estímulo, ya que los agentes económicos lo tienen incorporado desde el momento que se aprueba la ley que establece dichos montos. Lo relevante podría estar en la reasignación de dichos recursos para actividades que tengan un impacto mayor, como sería destinarlos a inversiones.
En este cuadro, la principal medida que puede adoptar el gobierno es el reconocimiento expreso de que el motor de la economía es el sector privado, con ello se irían despejando aquellos mensajes confusos que han tendido a aumentar la desconfianza frente a quienes tienen el rol de emprender.
Esto último claramente es posible ahora que se ha despejado el debate respecto a la reforma tributaria. Si bien seguimos considerando que es una mala reforma para el país, a pesar de las mejoras que se le han introducido producto de los acuerdos entre el gobierno y la oposición, por lo menos podemos asumir que los agentes económicos volverán a poner su esfuerzo en el análisis de nuevos proyectos al saber con qué reglas deben trabajar.
Como ha quedado de manifiesto en estos últimos meses, la actividad económica se mueve por expectativas, las que inciden de manera directa en la toma de decisiones y en los resultados de las empresas. Crear un clima favorable a la concreción de nuevas inversiones es, por tanto, responsabilidad de las autoridades políticas.
Sería interesante ver que el debate girara en torno al fortalecimiento de la institucionalidad económica, aliviando los cuellos de botella que se observan en algunas áreas, como infraestructura física –carreteras, puertos, embalses– y generando un ambiente propicio para la innovación en otros sectores de la economía.
El establecimiento de una agenda pro crecimiento puede ser una buena medida de la autoridad para introducir temas concretos en su relación con los empresarios, donde hay varios puntos a resolver. Uno de los factores más relevantes, y que cruza prácticamente todas las industrias, es el costo de la energía, que se ha ido transformando en un factor de competitividad a nivel país y donde tenemos un rezago de muchos años.
El ministro del ramo ha planteado la necesidad de avanzar en ello y estamos seguros de la coincidencia que existe en muchos aspectos entre el gobierno y los representantes del sector, al menos en el diagnóstico; así, lo importante ahora es pasar a la acción con medidas concretas que ayuden a resolver este déficit desde una mirada sistémica y con proyección de futuro.
Aldo Cassinelli
Subdirector Instituto Libertad
