MERCADOS
La pandemia del COVID-19 y el frenazo que ha implicado para la economía, han obligado al Gobierno de Piñera a buscar respuestas para este segmento de trabajadores precarios, informales, que implica 2.6 millones de personas. Hacienda y Trabajo han sido los ministerios que están liderando la organización de cómo se repartirán los US$ 2 mil millones, aunque, de acuerdo a lo ya esbozado, irían a los grupos más vulnerables. El punto sigue siendo que, si bien La Moneda ya llamó a actualizar el Registro Social de Hogares que maneja el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), la realidad indica que muchos de los trabajadores informales no están en dichas fichas, lo que dificulta poder identificarlos.
Venta de diversos artículos en alguna calle de Estación Central, repartiendo comida en Providencia o Las Condes, ventas a través de tiendas virtuales por Instagram, ofrecimientos para pasear perros, cuidar niños, un puesto informal en la feria o comercializando dulces durante la luz roja de un semáforo. Todas, escenas que tienen un denominador común: el empleo precario, personas que, sin encontrar un lugar para emplearse con las condiciones óptimas, deciden ocuparse informalmente para generar ingresos.
Durante el 2018, el Ministerio del Trabajo –encabezado entonces por Nicolás Monckeberg– no le dio demasiada importancia a la sensación latente de que ese grupo de trabajadores informales aumentaba. De hecho, en noviembre de ese año, señaló que “lo que ha ocurrido es que los empleos por cuenta propia, que eran los que sostenían las cifras del Gobierno anterior, han caído fuertemente, y los con contrato han subido bruscamente y esa transición es la que ha dado un resultado final de estancamiento en las tasas de desempleo. Es una transición que hace más lento el neteo entre el empleo precario y el crecimiento del empleo asalariado”.
Aunque enredada, la explicación en ese momento hacía eco de la decisión de La Moneda de salvar a como diera lugar la promesa de campaña de «los tiempos mejores», que finalmente nunca llegaron, como también del hecho de que la administración de Sebastián Piñera no estaba abierta a hacerse cargo del auge de miles de profesionales manejando Uber o de los inmigrantes trabajando como repartidores de Rappi.
[cita tipo=»destaque»]Se trata de trabajadores que por diversas razones no han podido acceder a un contrato formal de trabajo. De acuerdo a datos de la Fundación Sol, el 50% de los que trabajan por cuenta propia reportan ingresos líquidos mensuales por $213 mil o menos. En el caso de las mujeres, la mitad recibe alrededor de $150 mil o menos, mientras que el 50% de los hombres alcanza los $300 mil o menos. “El riesgo para estas personas con una crisis como esta es altísimo, puesto que dependen únicamente de sus ingresos y no cuentan con ningún tipo de coberturas del trabajo asalariado. Más aún, dada la circunstancia de que sus actividades en gran medida implican un trabajo cotidiano, una situación donde no pueden desplazarse debido a la cuarentena genera una complejidad que puede ser vital”, explicó Gálvez.[/cita]
Pero eso fue hasta ahora, ya que la pandemia mundial del COVID-19 y el frenazo que ha implicado para la economía, han obligado al Gobierno de Piñera a buscar respuestas para este segmento de trabajadores precarios. Así, a medidas puestas sobre la mesa previamente como el «Bono COVID-19» y los subsidios al empleo, la semana pasada el Presidente sumó ese universo amplio de trabajadores informales que no podían acceder a dichos beneficios y que llegan a 2,6 millones de personas.
Anunció un fondo de ayuda de US$ 2 mil millones (lo que da unos $ 769 mil por trabajador), sin entrar en mayores detalles y, aunque ya han transcurrido los días, todavía no hay muchas luces sobre la fórmula que se aplicará para destinar los recursos y, más importante aún, cómo se identificará a los beneficiarios.
Hay que considerar que muchos de los trabajadores informales, por ejemplo, no tienen servicios tan básicos como un baño, ni seguro de accidentes y, menos, cotizaciones previsionales. Además, esa misma informalidad no les permite comprobar sus ingresos y la gran mayoría no tiene acceso a ningún tipo de financiamiento bancario, por lo que no son pocos los que buscan apoyo en el mercado de préstamos informales.
En conversación con El Mostrador, el investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez, explicó que en el trimestre octubre-diciembre de 2018, del total de creación neta de empleo, un 30,6% correspondía a cuenta propia y que en el mismo período el 2019 subió a un 34,0% : “Lo que refleja dos cosas, por un lado, un incremento de esta categoría y la enorme participación que tienen las ocupaciones por cuenta propia en el total de empleos creados. Y que, al mismo tiempo, estas ocupaciones por cuenta propia son de pocas horas y de baja calificación”.
Gálvez añadió que en el último trimestre del año pasado, el 86,9% de los trabajos por cuenta propia corresponde a no calificados, un 73,3% tiene jornada parcial y, según la última encuesta suplementaria de ingresos, 1.718.182 personas se encuentran percibiendo ingresos en actividades por cuenta propia.
Más que un grupo de personas queriendo ingresar al mercado laboral, se trata de trabajadores que por diversas razones no han podido acceder a un contrato formal de trabajo. De acuerdo a datos de la Fundación Sol, el 50% de los que trabajan por cuenta propia reportan ingresos líquidos mensuales por $213 mil o menos. En el caso de las mujeres, la mitad recibe alrededor de $150 mil o menos, mientras que el 50% de los hombres alcanza los $300 mil o menos. “El riesgo para estas personas con una crisis como esta es altísimo, puesto que dependen únicamente de sus ingresos y no cuentan con ningún tipo de coberturas del trabajo asalariado. Más aún, dada la circunstancia de que sus actividades en gran medida implican un trabajo cotidiano, una situación donde no pueden desplazarse debido a la cuarentena genera una complejidad que puede ser vital”, explicó Gálvez.
Las advertencias sobre el protagonismo que este tipo de empleo estaba tomando en el mercado laboral nacional venían desde antes de la pandemia y desde diferentes sectores políticos. Un informe de Libertad y Desarrollo del 31 de enero de 2020, enfatizó el aumento del empleo por cuenta propia: «Así, durante el tercer trimestre de 2019, donde la actividad económica creció 3,3%, el empleo formal creció en 2,4%, mientras que el informal no experimentaba variación alguna. En cambio, los acontecimientos violentistas desde el 18 de octubre del año pasado en adelante han provocado la contracción de la actividad económica para el último trimestre 2019 que se traduce en un incremento sustancial del empleo por cuenta propia”, reza el documento de LyD.
El informe añadió que, entre 2015 y 2018, el empleo por cuenta propia creció en mayor proporción que el asalariado, lo que es consistente con la “modesta evolución de la actividad económica, ya que produce una disminución del empleo asalariado a la vez que se incrementa el por cuenta propia (…). Una actividad que se destacó en este subgrupo es el comercio, en donde las personas dedicadas a ello subieron en 6,9%. Estos son muy superiores a lo observados en los meses previos y dan cuenta nítida del fenómeno descrito”.
Es decir que, tomando en cuenta lo indicado por LyD, entre peor es el desempeño de la economía (más bajo el crecimiento del PIB), más crecería el empleo por cuenta propia, por lo que este segmento de trabajadores seguiría aumentando de manera exponencial, dados los duros efectos económicos que está generando la pandemia del COVID-19.
Tras el segundo anuncio de medidas económicas, durante la semana pasada, hay expectativas y demandas para que el Gobierno aterrice la fórmula para distribuir el fondo, pero además que se revele si con eso será suficiente. “Sobre el anuncio del fondo de US$2 mil millones, es importante esperar la claridad de cómo se distribuirá, pero a priori es importante plantear la reflexión respecto de lo necesario que se vuelve pensar en la necesidad de ingresos incondicionales, es decir, que no sean para un grupo de la población, sino para toda la población, lo que se llama una Renta Básica Universal Incondicional de Emergencia, vale decir, no para el 90% más vulnerable, sino para cada persona. Esto, debido a que la actual emergencia sanitaria genera impactos difíciles de medir, pero que sin dudas afectan a todas las personas. Chile es un país que financieramente se encuentra con muy buena salud si se compara con otros países, incluso de mayor PIB”, sentenció Gálvez.
Hacienda y Trabajo han sido los ministerios que están liderando la organización de cómo se repartirán los US$ 2 mil millones, aunque, de acuerdo a lo ya esbozado, irían a los grupos más vulnerables. El punto sigue siendo que, si bien La Moneda ya llamó a actualizar el Registro Social de Hogares que maneja el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), la realidad indica que muchos de los trabajadores informales no están en dichas fichas, lo que dificulta poder identificarlos.
El fondo sería de uso flexible, según reveló la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, en Radio Duna en estos días, a lo que su par de Hacienda, Ignacio Briones, añadió, en Tele 13 Radio, que quieren que tenga esa característica para que “cuando lo peor de la pandemia pase, probablemente lo que vamos a requerir con cargo a estos US$2 mil millones, es subsidiar el empleo. Ahí está la flexibilidad». El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, agregó algunas pistas del diseño y dijo que la idea sería que aquellas personas que “venden en la feria o en un carro de sopaipillas” puedan contar, por unos 60 días, con una suerte de ingreso de emergencia.
Esta semana se han incrementado las versiones sobre la posibilidad de que La Moneda lance un tercer paquete de medidas económicas, anuncios en lo que sí se debería explicar la fórmula definitiva del fondo de los US$ 2 mil millones. El Presidente Piñera pidió a los ministerios involucrados en el tema sumar, además, el apoyo a los trabajadores a honorarios.
Pasada la premura de la crisis sanitaria, el Gobierno igual deberá hacer frente a una realidad compleja: cómo se hace cargo a mediano plazo de una fuerza laboral que seguirá creciendo, sin tener una solución definitiva para los vacíos que los trabajadores por cuenta propia sufren en materia de seguridad social, en medio de un escenario de crisis económica.
