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¿Minería y desarrollo sustentable en Chile? Apuntes para una discusión pendiente

por 2 abril, 2015

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Las movilizaciones de las comunidades del Valle del Choapa contra las consecuencias no deseadas de la minera Los Pelambres no son nuevas. Ya en 2009 los cortes de carretera en el valle frente a la contaminación del río quedaron registrados en el documental “Digna Choapa Resiste” accesible en internet. Se advierte con ello un acervo de acciones colectivas de las comunidades, las que, en la actualidad, lograron hacer visibles públicamente sus demandas, esta vez, a razón de sumar, entre otros, evidencias científicas de larga data sobre la contaminación de sus aguas y la divulgación de sus acciones en redes sociales. 

Resoluciones, sentencias previas, visita en terreno e incluso en 2012 una solicitud de intervención de la comunidad internacional en Chile que se expuso ante la asamblea general de NNUU bajo el título “El caso simbólico de la comunidad de Caimanes” (A/HRC/20/NGO/62), probablemente condujeron a que el Juez Jairo Martínez del Tribunal de Garantía y Letras de Los Vilos dictaminase, el 6 de marzo pasado, “la demolición o remoción total o parcial del Muro de contención del tranque de relaves El Mauro a fin de permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de Relaves El Mauro”.  

Al tiempo que los abrazos y caras emocionadas de sus habitantes se difundieron públicamente, también lo hicieron las declaraciones de la empresa sobre su apelación al fallo y la declaración del ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, sobre la inviabilidad técnica de cumplir este fallo. 

Hermann von Mühlenbrock, presidente de SOFOFA, se mostró preocupado por la seguridad de los inversores en minería, la falta de peso de la institucionalidad ambiental frente a las intervenciones del Poder Judicial. La ministra de Minería, Aurora Williams, sin comentar el fallo en sí, declaró la dificultad técnica de demoler el muro, observación reafirmada por Jorge Núñez de la Universidad de La Serena, quien señaló que “es muy difícil saber dónde eliminar todos los desechos” (El Día, 11 de marzo). Por lo demás, se trata de uno de los tranques de relave más grandes de Sudamérica. 

Resulta pertinente considerar cuánta confianza es puesta en los equipos técnicos y sus esfuerzos por mantener enclaustrado por un período no exactamente determinado cerca de 2.200 millones de toneladas de residuos, en una estructura cercana a los 1,4 kilómetros de largo y 240 metros de altura, con una superficie de 1800 hectáreas, la cual está dispuesta para recibir cerca de 1700 Mton de desperdicios.

Según el superintendente de Relaves, Richards López, “existen dos barreras que están fundadas, las cuales llegan a la roca madre y son impermeables (…) y si existen infiltraciones debieran quedar contenidas” (portal minería chilena, 26 de febrero de 2014). Sin duda la obra ingenieril que ha permitido mantener todo este entramado de canales de hormigón, tranques receptores, medidas de la calidad del agua, penetrómetos y escurrimientos controlados, ha entrado en tensión con lo que se comprende como escurrimiento natural de aguas abajo en una cuenca. El estero Pupío, su cauce ecológico natural, su hidrología subterránea, están jugando un rol protagónico en la interpretación del fallo.

Esta experiencia contenciosa se une a otras que compartimos a comienzos de enero 2015, cuando desde el Instituto de Estudios Avanzados (Idea), de la Universidad de Santiago, convocamos a una discusión en torno a la Gobernanza Ambiental y Minería Sustentable. Instancia que se intuyó polémica, toda vez que la invitación estuvo extendida a los encargados de Gobierno, a los miembros del sector minero y a las organizaciones de la sociedad civil. Algunas de estas últimas ya calificaban nuestro anuncio bajo el título de “Minería Sustentable” como otro intento más para lavar el cerebro de las personas. 

Así y todo, el telón de la discusión fue abierto aquella tarde del 15 de enero desde la sociedad civil con la síntesis del reportaje “Minas de Oro, desechos de muerte”, realizado por Carola Fuentes, disponible en internet. Este documento muestra la vivencia de Henry Jürgens, ciudadano decidido a optar por una vida ocupada a las labores agrícolas en la comuna de Pencahue (VII región), quien sufrió en carne propia cómo un riesgo se transforma en desastre. Después de ocurrido el terremoto de 2010, un tranque de relaves abandonado tras su terreno se desbordó, llevándose la vida de quienes vivían con ellos, la familia Gálvez Chamorro. 

Sin embargo y a pesar de este desastre, Henry continúa haciendo pública su experiencia, generando acciones encaminadas al reconocimiento de la dignidad en las actividades de mineros, como trabajadores, de la administración, como representantes, y de los ciudadanos de vivir en un ambiente libre de contaminación (www.relaves.org).

Sus palabras resonaron frente a las imágenes que momentos antes habían presentado al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) como una institución pendiente de resolver más de algunas dudas. 

La transparencia siguió siendo evocada por el representante de OLCA, Lucio Cuenca, especialmente en lo que atingía al Informe “Minería: Una Plataforma de Futuro para Chile” del actual Gobierno. En este informe se proyecta una institucionalidad para una “minería virtuosa, incluyente y sostenible”. Lucio se preguntó por lo que esto significaría, y principalmente interpeló a la audiencia en torno a los modos en que la construcción de este informe no incorporaba una discusión democrática más abierta. 

Finalmente, desde la mesa, el referente de la economía ecológica latinoamericana, el argentino Héctor Sejenovich, entregó una panorámica de las propuestas en términos ecosistémicos para la gestión de cuentas patrimoniales, de forma alternativa, junto a la posibilidad de gestionar los recursos naturales, registrados por cuencas.

Las preguntas de los asistentes fueron variadas y desde allí se abrió la discusión. Un joven preguntó por la posibilidad de que como país lográsemos ser autosustentables, si continuábamos con un modelo exportador de materias primas con bajas cuotas de producción nacional. Desde otro rincón del público, Juan Anitat reconocía que no había ningún país que regalase sus yacimientos como Chile, debido a la escasa, casi nula tributación y royalties a las que estaban afectas las empresas.

Asimismo, se corroboró la preocupación por una falta de diálogo democrático en temas mineros. El presidente del directorio de Minera Los Pelambres, Francisco Veloso, después de declararse orgulloso de participar en un escenario donde seguramente era considerado un representante de la depredación, de la minería extractivísima, reconoció que entre el mundo empresarial y las organizaciones civiles, hacía falta conversar y dialogar, porque para él era necesario ponernos de acuerdo. La minería chilena, reconoció, ha hecho avances importantes en materia ambiental.



Tras el fallo del tribunal de los Vilos y la apelación pendiente, un frente de la polémica se apaciguó; la minera los Pelambres el 11 de marzo pasado logró un acuerdo con la comunidad de Salamanca, la que decidió desbloquear el acceso a la mina con tal de asegurar el suyo al agua. Esta arista de los diálogos de la empresa en el valle tiene un ribete interesante. Una parte de los afectados directos están experimentando en carne propia la necesidad de ponerse de acuerdo con la mina bajo un nivel de exigencia y estrés elevados. Su sobrevivencia en el valle está en juego.

Sin embargo, el frente más duro de este conflicto sigue estando parapetado tras un muro, desde el cual se asume la inoculación de relaves, los que están resultando tanto o más importantes que las vetas del mineral a explotar. “Sin el tranque, no podemos seguir operando. Estaríamos obligados a declarar fuerza mayor y suspender las operaciones de Pelambres”, dijo Diego Hernández el 12 de marzo 2015.

Desde nuestro proyecto de investigación, denominado Gobernanza Ambiental en América Latina (www.engov.eu), pudimos describir cómo los líderes de asociaciones medioambientales de la sociedad civil en Argentina, Colombia, Ecuador y Chile trabajan en sus respectivos países para generar consciencia y discusión en torno a los riesgos de la minería.

Constatamos además que todos estos representantes, al ser interpelados por la noción de desarrollo sustentable y minería, concordaron en la necesidad de transitar hacia vías más sustentables en su país, desde una óptica, bien de urgencia, bien de radicalidad. Desde su perspectiva, lo que en general se planteaba era un cambio de paradigma frente a los modos de consumo de agua y energía mineros. 

Aunque reconocimos que los discursos acerca de los tránsitos hacia vías más sustentables no son los mismos para directivos mineros, como lo son para ingenieros y técnicos del sector, o como lo planifican los encargados gubernamentales progresistas, lo cierto es que en países como Chile, con explotaciones mineras históricas, la gestión de sus pasivos ambientales requiere de discusión, voluntad e investigación comprometida.

Sobre este punto, en la apelación al fallo que presentará Pelambres jugarán un rol importante los informes de la Dirección General de Aguas, las intervenciones de peritos imparciales, los juicios de la viabilidad técnica de la Comisión Nacional de Medioambiente, los que hablarán por las obras instaladas. Todo esto nos permitirá seguir manteniendo, o no, el supuesto de que poco o nada se infiltra y todo se restaura.

Si somos los mayores productores de cobre del mundo, también somos los mayores productores de relaves del mundo. Frente a esto las comunidades afectadas y movilizadas por estas consecuencias no deseadas nos incitan a imaginar escenarios más preventivos y adaptativos, que paliativos y de mitigación.

Dra. Gloria Baigorrotegui
Doctora en Filosofía con mención en Estudios Sociales y Políticos de la Ciencia y la Tecnología
Académica del Instituto de Estudios Avanzados
Universidad de Santiago de Chile

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