El caso de alzas unilaterales en comisiones de Cencosud y el de cobros ilegales de comisiones en BancoEstado pusieron el tema del abuso en el centro de la agenda política.
Hace tres semanas publicamos un artículo donde revelamos los distintos tecnócratas y dirigentes de la Concertación que pasaron por el directorio y planas ejecutivas del “banco de todos los chilenos” entre 2003 y 2010, precisamente el periodo en que se cometieron los abusos.
Luego publicamos otro en el cual señalamos los personeros que, habiendo pasado por dicho banco y por entidades reguladoras del sector financiero, pasaron luego a integrar CorpBanca.
Desde entonces hemos requerido información a BancoEstado para conocer los debates que se generaron —si los hubo— al interior de directorio y los comités ejecutivos del banco estatal, de manera de verificar si alguno de los integrantes alguna vez cuestionó los abusos que estaban cometiendo.
Solicitamos actas de directorios y comités a la empresa que hoy preside el ex presidente de Banco de Chile y ex director de CorpBanca, Segismundo Schulin-Zeuthen.
La respuesta del área de comunicaciones fue tajante y demuestra la infranqueable coraza que la legislación ha dispuesto para impedir que los medios de comunicación demos a conocer los hechos de relevancia que ocurren en el país.
“El Consejo para la Transparencia ha sido consistente en señalar que a BancoEstado no se le aplican las obligaciones de transparencia pasiva, atendiendo al artículo décimo de la Ley 20.285.
Sin perjuicio de lo anterior, las actas de Comité Ejecutivo pueden incluir información referida a las actividades y negocios de particulares ajenos a BancoEstado, información que se encuentra resguardada con los deberes de secreto y la reserva bancaria de que trata el artículo 154 de la Ley General de Bancos, no siendo posible, en consecuencia, entregarlas a terceros”.
Acudimos al Consejo de Transparencia y la respuesta no fue menos categórica, señalándonos que dicha empresa tiene el carácter de empresa autónoma del Estado, "con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida, sometida exclusivamente a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda”.
El tema ya ha sido discutido en el Consejo de Transparencia en años anteriores por otras solicitudes interesadas en abordar lo que ocurre al interior del banco. Fuentes informadas del caso nos indicaron que hay pocas posibilidades de obtener información de actas del banco. La situación obliga a revisar cuáles fueron los motivos que llevaron a dejar a empresas como BancoEstado libres de revelar esta información.
En la discusión de la Ley 20.285 se detecta que como parte de la revisión de proyecto en la comisión de Gobierno, el senador UDI Hernán Larraín es quien propone que BancoEstado, Codelco, Enap y TVN, entre otras, hagan públicas las actas dos días después de ser aprobadas. En dicha instancia, junto con los senadores Carlos Cantero (RN, luego independiente) y el ex Presidente Eduardo Freí Ruiz-Tagle (DC), aprueban finalmente que las empresas informen 5 cinco días después.
El informe llega a la sala del senado el 31 de agosto de 2005. Sin embargo, en la discusión en sala es el senador PS, José Antonio Viera Gallo, quien plantea los primeros cuestionamientos a la idea, asegurando que estas empresas compiten con privadas y que hacer públicas sus actas las perjudica para competir. “En mi opinión, la idea es que la empresa pública, cumpliendo las disposiciones de la Constitución y salvo casos especiales, se parezca lo más posible a la empresa privada en cuanto a su transparencia”, dice en la sala el senador que luego integró el Tribunal Constitucional. En la idea es respaldado por los senadores Jaime Orpis (UDI) y el senador Guillermo Vasquez (Radical).
“En general, los acuerdos que adopta un directorio se refieren a materias de esa índole, que no pueden estar en conocimiento de la competencia. De manera que si obligamos a las empresas públicas a informar sus acuerdos, las vamos a dejar -como advirtió el Senador señor Viera-Gallo- en situación desmedrada”, acota Vásquez.
Larraín defiende su idea y advierte que los acuerdos más complejos de hacer público pueden ser declarados reservados con la mayoría del directorio del banco. La indicación termina votándose el día siguiente. Allí respalda la posición de Viera Gallo el senador Parra. Se opone fuertemente a la visión de Viera Gallo el senador RN Baldo Prokurica.
"No podemos limitarnos en esta materia. Hay que avanzar en transparencia, en especial en las empresas del sector público, donde nos interesa saber cómo votan los directores. Porque aquí —según se ha conversado muchas veces— algunos tienen intereses personales y, en definitiva, nadie sabe cómo votan. Y es bueno que se sepa.
Si hay algún problema como el planteado por algunos señores Senadores, para eso está la excepción en cuanto a que los directores pueden, por un acuerdo, no divulgar determinada parte del acta respectiva”, dijo ese día. El senador Orpis le retruca. “Por lo tanto, sin perjuicio de apuntar hacia una mayor transparencia e información, creo que en esta materia lo correcto sería asimilar la situación de las empresas públicas a la de las sociedades anónimas abiertas o a la de aquellas instituciones que se hallan inscritas en el Registro de Valores”. La senadora UDI, hoy ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, tiene una participación confusa.
Por un lado, cuestiona la falta de transparencia vista por años en Codelco, por lo que considera necesaria exigir transparencia a estas empresas. Sin embargo vota en contra, en línea con Viera Gallo. “Publicar las actas de los directorios de las empresas (públicas) a los cinco días de haberse realizado una sesión, me parece realmente algo complicado. Hay una serie de problemas que, aunque no afectan la política comercial, el secreto de otras personas, van marcando pautas y rumbos. El BancoEstado, por ejemplo, compite con otros, que son privados. Televisión Nacional compite con canales que son universitarios o privados. Por lo tanto, no me parece adecuado pedir a estas empresas públicas algo que las privadas que compiten con ellas no realizan. El artículo en debate exagera en su búsqueda de la transparencia, causando, en mi concepto, un perjuicio a tales empresas”, afirma.
Finalmente se vota. Toda la Concertación vota en contra del artículo propuesto por Larraín. Algunos designados y otros pocos de la derecha. En total 22. En contra, se pronuncian dos senadores designados (Rodolfo Stange y Marcos Aburto), los UDI Andrés Chadwick, Hernán Larraín y Jorge Arancibia, y los RN Antonio Horvath y Baldo Prokurica). Siete votos que no fueron suficientes para que hoy sepamos qué discutieron en el directorio o los comités ejecutivos sobre los abusos que cometía el banco de todos los chilenos con sus clientes.
