Que ningún estudiante se quede sin financiamiento para estudiar”. Ese fue el llamado que los bancos recogieron en 2006 para participar en el recientemente estrenado Crédito con Aval del Estado (CAE), según el cual, mediante una licitación pública y a tasas de mercado, la banca adquiría el compromiso de solventar el pago de las colegiaturas de cientos de estudiantes de educación superior, los cuales tenían una característica común: no estaban en los quintiles de menores ingresos, pero tampoco su poder adquisitivo era suficiente para cubrir los costos de la educación superior.
Varios años han pasado desde aquel llamado y las cosas no han sido fáciles para el CAE: fue el ojo del huracán de las manifestaciones estudiantiles de los últimos años, con fuertes críticas a los bancos, particularmente respecto de las tasas cobradas a los estudiantes, que fluctuaban entre 5% y 6%.
Al respecto, el gobierno tomó dos decisiones: primero enviar un proyecto rebajando el interés a los estudiantes a 2% y cubriendo el diferencial entre dicha tasa y segundo, el ingreso de otra iniciativa que sacaría definitivamente a los bancos del financiamiento, terminando con el CAE, y asumiendo el Fisco el costo completo de solventar las becas y créditos en la educación superior.
Respecto de la primera reforma, es ley desde el año pasado; sobre la segunda, se encuentra paralizada en su paso por el Congreso. Y allí es donde comienzan las dificultades.
Es que la Comisión Ingresa (que administra el CAE) y el Ministerio de Educación se encontraron frente al problema de asegurar el financiamiento de los estudiantes en 2014 y por lo mismo debieron echar mano a la institucionalidad vigente. Es decir, llamar a un nuevo proceso de licitación a los bancos, sin certeza de que éstos quieran participar debido a los cambios en el tema y a las críticas de que fueron objeto.
POCO INTERÉS
Es precisamente el proceso de licitación el que echaron a andar hace algunas semanas, según la directora ejecutiva de Comisión Ingresa, Alejandra Contreras, quien confirmó que el viernes pasado terminó el retiro por parte de las instituciones interesadas de las bases para adjudicar las carteras de crédito.
Agrega que la próxima semana se presentan las ofertas, mientras que la apertura de éstas se realizará el 30 de mayo.
Reconoce eso sí que “es un hecho de la causa que el sistema no es el mismo que el 2011”, luego de la crisis por el financiamiento estudiantil y los cambios que se han producido, por lo que calificaría este último tiempo (2012-2014) como de “transición”.
“Estamos en una etapa en que vamos orientándonos hacia futuras modificaciones legales, en que los créditos se transformen en públicos, por ende no nos preocupa que no exista una participación masiva de los bancos, porque entendemos que va a ser así, tal como en 2012”, reconoce.
Contreras destaca que, dado que el sistema aún se mantiene vigente, y que si bien las normas legales se han modificado en las condiciones de pago de los estudiantes, pero no respecto del financiamiento, “todavía hay espacio para que las instituciones puedan participar, ya que el sistema aún sigue estando estable para ellos, y por ende, siempre tenemos las expectativas de que alguno se interese”.
Pese a ello, la directora de la Comisión reconoce que sería “poco realista pensar que vamos a retomar el éxito de la licitación de 2010”, cuando hubo 13 instituciones participando y con muy buenos financiamientos desde el punto de vista del costo para el Fisco.
“Ese fue el momento óptimo del sistema y que probablemente se habría sostenido en el tiempo con esas condiciones, sino se hubiese producido todo este cambio de escenario que es ajeno al funcionamiento del crédito”, comenta.
Aclara que hay conversaciones con dos o tres bancos, que están interesados en evaluar el financiamiento del programa nuevamente, por lo que confía en que en esa evaluación los convenza de participar.
Si no se llega a más adelante, la ley establece que puede haber una segunda licitación. De hecho, recuerda que a ese mecanismo se ha realizado en otras ocasiones (2007) y se hizo para el terremoto de 2010 de manera excepcional. “Está contemplado dentro de la normativa”, claro que “hay que hacer más eventos de conversación y difusión”, agrega Contreras.
Con todo, “sabemos que por lo menos, que existen señales de que BancoEstado van a continuar apoyando el programa de créditos y van a seguir participando”, aunque reconoce que es un peso importante sobre la entidad estatal (ver entrevista).
RETIRO DE BASES
¿Cómo se ve el tema desde la banca? El efecto del llamado inicial que se realizó al sector para participar de la licitación del CAE se ha diluido con el tiempo.
Hoy en vez de representar una oportunidad para el sector, es más bien un tema complejo del que poco quieren hablar y que según se comenta en la industria, generó un impacto reputacional importante con las movilizaciones.
Y aunque en la Comisión estiman que aún hay espacio para participar, lo cierto es que la intención es baja, ya que una cosa es retirar las bases y otra muy diferente es presentar una oferta económica.
De hecho, durante 2012, el Ejecutivo no tuvo más remedio que gestionar uno a uno con los bancos para que al menos retiraran las bases de la licitación.
Algunas entidades formalmente ya han planteado que no ofertarán por las carteras de créditos como Santander, uno de los más importantes bancos de la plaza, que señaló que en la versión 2013 del proceso no existe interés de participar, tal como se ha repetido en las dos últimas licitaciones.
De acuerdo a Comisión Ingresa, en esta oportunidad Scotiabank, Corpbanca, BancoEstado e Itaú mostraron cierta intención inicial al retirar las bases. Con todo, fuentes del sector afirman que dadas las condiciones actuales de la licitación del CAE, “existe un actor que tiene ventajas competitivas con respecto a lo demás bancos”. Frente a este escenario, es probable que algunas instituciones desistan de concretar su participación a través de una oferta económica.
