La medida, que consiste en congelar bienes y anular visas fundamentalmente, busca incrementar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca acusa de avanzar una agenda antidemocrática.
Las sanciones afectan a miembros prominentes del gobierno y del Estado venezolano, así como a responsables de la empresa estatal petrolera PDVSA y altos cargos militares.
Uno de los afectados, el ministro de Educación, Elías Jaua, reaccionó ante la medida asegurando que se trata de un reconocimiento a sus «34 años de lucha por la soberanía nacional».
«Gracias a Dios, nada material tengo que perder en ninguna parte del mundo», aseguró.
Por su parte, Maduro acusó a Estados Unidos de usar las amenazas para intentar quebrar la democracia en Venezuela.
«Las sanciones para nosotros representan una victoria del Estado venezolano rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente«, dijo el mandatario durante un acto en el que entregó réplicas de la espada del Libertador de Venezuela, Simón Bolívar, a varios de los funcionarios afectados por las medidas de Estados Unidos.
«¡Seguimos firmes y jamás nos arrodillaremos!», agregó Maduro.
El anuncio de sanciones se produce en medio de los dos días de huelga general convocados por la oposición y a cuatro de la realización el próximo domingo de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro.
La oposición considera que la convocatoria a la Constituyente debió haber estado precedida de un referendo consultivo en el que los ciudadanos dieran su apoyo a esa instancia que gozará de amplios poderes para cambiar la Constitución y la estructura institucional del país.
La iniciativa de la Constituyente vino a recrudecer la polarización política en Venezuela, donde dura más de tres meses una ola de protestas en la que han muerto más de cien personas.
Tres de los afectados por las medidas adoptadas por el Ejecutivo dirigido por Donald Trump participaron activamente en la organización de la Constituyente:
Las autoridades estadounidenses aprobaron medidas en contra de cinco altos cargos de las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales, a quienes consideran responsables dela represión de las protestas que se ha vivido en Venezuela. Estos son:
Adicionalmente, fueron sancionados cuatro funcionarios que tienen o han tenido papeles clave en la gestión de los fondos del Estado venezolano:
Las medidas adoptadas por Washington también alcanzan a Tarek William Saab,defensor del Pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, por considerarlo responsable en la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Hace una semana, Trump había alertado que impondría sanciones económicas «rápidas y firmes» a Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro lleva adelante la Asamblea Constituyente.
«Estados Unidos no se quedará quieto mientras Venezuela se desmorona», afirmó el mandatario a través de un comunicado divulgado por la Casa Blanca.
Pese a ello, funcionarios estadounidenses aclararon que las medidas tomadas este miércoles no son aún esas sanciones que anticipó Trump, aunque también apuntan en la dirección de frenar la Constituyente.
«Cualquiera que decida unirse a la Asamblea Nacional Constituyente debe saber que su papel en el debilitamiento de las instituciones democráticas en Venezuela puede exponerlos a ser objeto potencial de sanciones por parte de Estados Unidos. Esta es una clara advertencia», dijo un alto funcionario estadounidense.
«Estamos muy preocupados por la rápida erosión de la democracia y el rumbo hacia la dictadura tomado por el presidente Maduro. Vemos el 30 de julio como una línea crítica que si la cruza puede significar el fin de la democracia en Venezuela», agregó.
La Casa Blanca considera como muy graves las consecuencias de la elección de la Constituyente. Y de seguir adelante, asegura que va a imponer más medidas de diverso tipo, sin descartar algunas que puedan afectar la exportación de petróleo de Venezuela.
«Todas las opciones se encuentran sobre la mesa para ser aplicadas después de la elección de la Asamblea Constituyente. Tenemos la esperanza de que el presidente Maduro cambie su posición, pero si decide seguir adelante será inaceptable. Hay un menú de opciones cuidadosamente estudiadas para que el presidente escoja a partir de ese momento», afirmó un alto funcionario del gobierno de Trump.
Esta no es la primera vez que Estados Unidos sanciona a funcionarios de Venezuela.
En mayo, Washington aprobó medidas de este tipo de contra de ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a los que señala de haber usurpado las funciones del Parlamento venezolano.
Tres meses antes, el Departamento del Tesoro sancionó al vicepresidente ejecutivo Tareck el Aissami, a quien acusó de tener «un papel fundamental en el tráfico internacional de narcóticos».
Este miércoles, funcionarios estadounidenses dijeron que sus investigaciones recientes sobre El Aissami y sobre el que Washington califica como su testaferro, el empresario José López Bello, revelan que poseen una fortuna que excede sus estimaciones iniciales.
«Estimamos que tiene activos valorados en centenares de millones de dólares. Esto es crítico porque se trata de un abogado que tiene una larga carrera trabajando en la administración pública», dijo un alto funcionario estadounidense.
«Que un empleado público de un país que tiene a sus ciudadanos muriendo de hambre en las calles, tenga centenares de millones de dólares alrededor del mundo es sorprendente y habla de la corrupción y del narcotráfico que es rampante en el gobierno de Venezuela», agregó.
En su momento, El Aissami rechazó las acusaciones en su contra formuladas por el departamento del Tesoro estadounidense y dijo que se trataba de una infamia que tomaba como «un reconocimiento a mi condición de revolucionario antiimperialista».