Señor Director:
Esperé varias semanas para escribir, no porque no supiera qué decir, sino porque en el mes de diciembre recién pasado seguía siendo una funcionaria pública, y como tal, debía cumplir horarios y mantener una conducta irreprochable, cuestión que durante este año nos dejaron claro en diversas oportunidades y donde por supuesto, la libertad de opinión o expresión no existían.
Para algunos expresar sentimientos en una columna de opinión es efectista, pero en esta ocasión es necesario. Mentiras reiteradas, acoso laboral y malos tratos, provocan frustración, desapego laboral, tristeza, rabia, ansiedad, sentimientos inevitables al ver que los hechos no se condicen con el discurso diario, de esta forma la confusión e incertidumbre van creciendo. Durante este año escuchamos en reiteradas ocasiones de parte de nuestras autoridades y jefaturas frases como: “Que los funcionarios/as no tengan miedo de ser desvinculados, nuestro gobierno conoce el valor del trabajo que realizan”, “Nadie los va a echar de sus puestos de trabajo”, todo esto sumado al eslogan “Chile lo hacemos todos” nos provocaba por momentos cierta seguridad.
La historia lamentablemente tuvo un desenlace muy distinto al discurso del gobierno y los sentimientos que antes nombré, son sólo algunos de los efectos que provoca el hecho de perder un trabajo al que has dedicado compromiso y esfuerzo, para el cual estás calificada/o, en el cual has sido reconocida/o, pero que lamentablemente un gobierno que desvaloriza al trabajador público como componente fundamental para el crecimiento de su país, desecha por razones políticas vulnerando derechos fundamentales en el proceso.
Las funcionarias públicas que han sido desvinculadas este año (despedidas), considerando todas las modalidades contractuales de la administración pública, superan al 60% del total de despedidos según estadísticas de la ANEF, número que puede aumentar ya que aún esta institución no maneja todos los datos a nivel nacional. Esta es una dolorosa verdad ya que el discurso se ve aplastado ante la realidad, las palabras sólo cobran sentido en la medida que los actos las respaldan, en la medida en que los hechos les dan forma real, las materializan. En mi país hoy día esto no ocurre, los discursos de la actual administración no construyen realidad, son sólo publicidad engañosa, eslogan para ganar una contienda política y acceder al máximo poder.
En este caso particular, los hechos no mienten, los derechos de las funcionarias y funcionarios públicos son vulnerados al extremo de no permitirles denunciar la vulneración de derechos y así no demandar justicia, las instituciones se alinean y dan la espalda a las personas que construyen el Estado, muchas de ellas que llevaban 20 años o más de servicio, personas profesionales con postgrados, personas preparadas que trabajaban y fortalecían al Estado.
Dentro de este desolador panorama, las funcionarias somos trabajadoras de tercera categoría pues hemos sido objeto de discriminación múltiple, primero por ser mujeres, segundo por ser funcionarias, y tercero por ser, supuestamente, de una corriente o pensamiento político distinto al de la administración actual lo que nos convierte en personas no confiables. Todo esto desencadena finalmente la expulsión, la desvinculación o no renovación del contrato de trabajo con las justificaciones más ridículas que se puedan esgrimir. No bastando con esto el TC (tribunal constitucional) declara inconstitucional la tutela laboral, lo que nos deja en una situación de desamparo jurídico ante casos de acoso o malos tratos.
Me pregunto ¿Por qué hemos llegado a aceptar lo inaceptable?, muchas de nosotras seguimos confiando en que las instituciones serán manejadas en base al respeto de los derechos humanos, confiamos en que los convenios y tratados firmados por el Estado y las leyes propias del país en esta materia serán respetados, pero tristemente los hechos demuestran que no es así y no sólo en este caso, en muchos otros en los que debiesen primar éstos por sobre los intereses de determinado grupo, clase social o alianza política, como por ejemplo en el tema migrantes. Si bien estas malas prácticas que revelan una especie de venganza o revancha política se han visto más o menos en uno u otro lado de la vereda, este año ha sido especialmente violento en cuanto a la vulneración de derechos humanos.
Hasta ahora el discurso tibio más bien ligado a la centro política le había servido a la derecha para ganar la confianza de un porcentaje de la población que les llevo a ganar las últimas elecciones presidenciales con una participación de la ciudadanía muy por debajo de lo esperado, cuestión que ha sido analizada y que preocupa pues es el reflejo de la crisis institucional que vivimos y más preocupante aún, de una democracia debilitada, cuestión que se aprecia en la baja participación ciudadana en instancias de involucramiento político social, sobre todo en materia de gestión pública. Todo esto ha provocado el debilitamiento de la democracia representativa. Que reine la apatía y el desencanto no es gratuito, son producto de la frustración social que provoca la desigualdad, la concentración de poder, el discurso que no alcanza a transformarse ni en una tibia realidad.
A la espera de que se resuelva el problema entre el tribunal constitucional y la corte suprema quedamos a la deriva, y seguimos siendo nosotras, profesionales que damos continuidad y calidad al trabajo en el Estado las más vulneradas. Finalmente con esto no sólo se perjudica a más de 3000 trabajadores y sus familias, a la administración del Estado, sino que lamentablemente, se perjudica a Chile.
Daniela Barría Segovia
