La abogada y exjefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, abordó el alcance de las enmiendas aprobadas en el Consejo Constitucional, que implicarían un riesgo para la vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Las normas “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad” y “la ley protege la vida de quien está por nacer”, han levantado las alarmas, ya que coinciden con los mismos argumentos que se han utilizado en los últimos años para impugnar la constitucionalidad de la píldora del día después y del aborto en tres causales. “Las innovaciones que se hacen lo que buscan de alguna manera es que estos argumentos, que el pasado no prosperaron, tengan un sustento normativo constitucional distinto. Por lo tanto, queda a objeto de interpretación por parte de la judicatura, por ejemplo, si el cambio de “el que está por nacer” a “quien está por nacer”, supone que estoy reconociendo un sujeto, una persona, un titular de derechos fundamentales al que hay que proteger”, señala.
La profesora de Derecho Constitucional de la UAH, agrega que “lo complejo del debate que hemos visto esta semana, es que no se ha representado por la mayoría del Consejo, en ningún momento, cuál es la situación de las mujeres. Es decir, no hay una ponderación de los derechos de la mujer, o de las niñas que también acceden a la interrupción del embarazo, especialmente por la causal de violación. La tragedia de las tres causales, no es determinante y no es relevante constitucionalmente. No hay espacio en el proyecto de Constitución qué se está planteando para esos intereses y esa mirada de la mujer”.
En esa línea, Sarmiento agrega que “lo que se hace de facto es colocar las convicciones religiosas de las personas por sobre la validez de la ley, y eso supone un retroceso súper violento”. A lo que se suma la aprobación de la la objeción de conciencia individual e institucional sin ningún tipo de limitación, “por lo que no sería extraño en el futuro que las barreras de acceso a esta normativa – y a lamentablemente a otras – sean altísimas, porque literalmente cualquier persona va a poder omitirse de cumplir con el deber jurídico”, indicó.
