FA reitera denuncia de “espionaje político” en caso Procultura y defiende a Boric ante acusaciones

El Frente Amplio (FA), partido del Presidente Gabriel Boric, emitió una contundente declaración pública rechazando las acciones del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en la investigación del caso Procultura, calificándolas como una “estrategia de espionaje con fines políticos”.

La controversia surge tras la filtración de una conversación entre Boric y Josefina Huneeus, exesposa del fundador de Procultura, y la solicitud fallida del fiscal para interceptar el teléfono del Mandatario, en el marco de un eventual financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2021.

En la misiva se desmiente cualquier vínculo financiero entre el partido y la Fundación Procultura, asegurando que todas sus cuentas de campaña fueron revisadas y aprobadas por el Servicio Electoral (Servel).

Según la directiva, las acusaciones se basan en “vínculos personales y conversaciones informales” para generar sospechas infundadas. Además, criticaron al fiscal Cooper por divulgar información parcial a través de la prensa, con el supuesto objetivo de “desprestigiar” al Presidente en una causa que, según el Juzgado de Garantía de Antofagasta, no lo involucra directamente.

“No existe ningún indicio que vincule al partido financieramente con la fundación investigada. Todas las cuentas partidarias y de campaña han sido debidamente revisadas y aprobadas por el Servel y la información ahí contenida es de carácter público”, comentaron en la carta.

La declaración del FA calificó como “ilegal” la interceptación del teléfono de Josefina Huneeus, quien no está imputada, y señaló que las escuchas debieron detenerse al confirmarse que el número le pertenecía. También condenaron los intentos de pinchar el teléfono de Presidente Boric en dos ocasiones, rechazados por el tribunal por falta de antecedentes, considerándolos un atentado contra la democracia.

“Respecto a las escuchas que buscan involucrar al Presidente, el fiscal Cooper replica una estrategia judicial que parece haberse vuelto en una práctica recurrente, basada en la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa (…) con el único fin de desprestigiar al Presidente y generar dudas sobre una causa que, según el propio tribunal, no lo involucra”, adujeron.

“Escuchar ilegalmente las conversaciones de terceros constituye espionaje y atenta directamente contra la libertad individual de las personas”, agregó la declaración pública.

Por último, el comunicado concluye que más de 42 teléfonos intervenidos, incluidas conversaciones de 2022 pinchadas a fines de 2024, no responden “a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos, que rechazamos categóricamente, y que no solo daña a personas en específico, sino que a toda la institucionalidad del Ministerio Público y a nuestra democracia”.