“Denunciar filtraciones”: el diseño de La Moneda para evitar que el Presidente pague los costos

Desde que estalló la revelación del audio entre Josefina Huneeus y el Presidente Gabriel Boric, la estrategia de La Moneda y el oficialismo ha sido bajarle el perfil al tema y concentrar sus dardos en el origen de todo este escándalo: la filtración de conversaciones de carácter privado.

Pese a que el mandatario aseguró en la conversación filtrada que “no hay nada que esconder”, la vocera Aisén Etcheverry matizó luego el alcance de sus palabras, apuntando que “como Gobierno siempre nos preocupa este tipo de filtraciones”. “Es importante recordar que en este caso no tiene ningún rol procesal, ni siquiera como testigo. Nuestro llamado es como siempre a que las instituciones funcionen y que funcionen bien”, acusó la ministra.

La posición de La Moneda, en todo caso, ya había sido desarrollada por el ministro del Interior Álvaro Elizalde, quien a propósito de los chat revelados entre la exalcaldesa Irací Hassler y la diputada Karol Cariola, dijo a mediados de marzo que si la información “no es relevante penalmente, no se debe hacer público”.

“Aquí hay que conciliar, por un lado, la eficiencia y eficacia de las investigaciones, pero, por otro lado, que las personas tienen derecho a la intimidad. Todos tenemos derecho a la intimidad”, sostuvo en ese entonces, apuntando que en caso de ser infringido este principio se deben adoptar medidas para “sancionar cualquier delito cometido”.

Ahora, con el caso Procultura instalado en la propia casa de Gobierno, Elizalde señaló que “hay quienes desde el mundo de la política quieren sacar pequeñas ventajas con información parcial y descontextualizada (…) la politización de la justicia que algunos pretenden, le hace un enorme daño a las instituciones democráticas“.

“La justicia, no una sino dos veces, rechazó la solicitud para interceptar el teléfono del Presidente, declarando textualmente que ‘no se advierte la existencia de hechos determinados que permitan colegir sospechas fundadas’ de que hubiere participado en un hecho punible. Es más, el Presidente Boric ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo en esta causa“, señaló el ministro del Interior.

Frente Amplio, Winter y Jara

El Frente Amplio, el partido del Presidente de la República, también aportó en la estrategia de control de daños, a través de un comunicado donde denunciaron que el fiscal Patricio Cooper buscaba “replicar una estrategia judicial y desprestigiar al Presidente”, enfatizando que las revelaciones corresponderían a “espionaje con fines políticos”.

“El fiscal Cooper replica una estrategia judicial que parece haberse vuelto en una práctica recurrente, basada en la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa (…) con el único fin de desprestigiar al Presidente y generar dudas sobre una causa que, según el propio tribunal, no lo involucra”, apuntaron.

El candidato presidencial del colectivo político, Gonzalo Winter, tampoco se mantuvo al margen de la polémica. En el marco de su visita a San Antonio, señaló que las conversaciones “fueron obtenidas de manera ilegal”. “Más allá de provocar titulares sensacionalistas, no nos están entregando ninguna información nueva y en ningún caso muestran relación alguna con la comisión de algún delito. De hecho, todo lo contrario”, argumentó.

La exministra del Trabajo y también candidata en la carrera a La Moneda, Jeanette Jara, aseguró que tenía una buena opinión de Presidente Boric y que consideraba que “es una persona muy honesta que ha conducido el país asumiendo muchas veces decisiones en las cuales ha tenido que hacer cosas que originalmente pensaba de forma distinta”.

En este sentido, la candidata del Partido Comunista señaló que “seguramente, como el mismo Presidente Boric lo ha dicho, se va a contar con todas las garantías para llevar adelante las investigaciones porque como él mismo lo ha señalado, todos somos iguales ante la ley”.