“Había gastos con origen desconocido”: la declaración de la directora de Finanzas de ProCultura

Apenas llegó a declarar ante la Brigada Investigadora Anticorrupción, María Maturana Valenzuela, la directora de Administración y Finanzas de ProCultura, se retractó de información entregada en su testimonio anterior, donde señalaba que los montos rendidos en la plataforma “Rindegastos” estaban cuadrados con aquellos que aparecían en las cuentas bancarias. “No era así”, partió diciendo.

Maturana asegura –en su declaración del 17 de diciembre del año pasado– que su labor era conocer todos los proyectos en ejecución, los montos ingresados y ejecutados, según la instrucción proporcionada por sus jefes directos: Alberto Larraín y María Constanza Gómez, director ejecutivo y representante legal de la fundación, respectivamente.

Para tal efecto, la encargada de Finanzas solicitó centralizar la información, percatándose de que “había gastos con origen para mí desconocido, los cuales no logré asociar a un proyecto especial”. Una vez tabulada la información, agrega, comunicó sobre la inconsistencia a sus jefes, quienes le indicaron “asignarlos a la cuenta de gastos de administración o ProCultura”.

A esta cuenta, de acuerdo con el testimonio de Maturana, se dirigían todos los gastos que no tenían proyectos asociados, orden que fue instruida por Larraín y Gómez. “Todo lo que se gastaba y que no podía asignarse a un programa o proyecto, se cargaba a esta cuenta”, lo que derivó en que los fondos comenzaran a disminuir.

Respecto a eventuales topes en la rendición de gastos, Alberto Larraín ordenó que en el caso de Tierra Amarilla –un proyecto objetado por Contraloría, debido al traspaso de más de 3 mil millones a ProCultura– serían de carácter discrecional y con algunas “excepciones”.

“Alberto decía que las cosas tenían que hacerse bien y si se tenía que gastar más plata se gastaba simplemente, y después se veía de dónde se sacaba”, aseguró Maturana en su declaración. Esta situación, agrega, fue lo que provocó el déficit económico al interior de ProCultura. “Hoyo financiero”, lo llamaba Alberto Larraín.

Depósitos y contratos

La Fiscalía preguntó a la directora de Finanzas sobre tres abultados giros bancarios, depositados el 31 de diciembre de 2022, a la Fundación para la Confianza, dos por 50 millones cada uno y otro por casi 40 millones. “Fueron por el pago de la primera cuota a esta fundación por los servicios prestados para el programa ‘Quédate’, del Gore de la Región Metropolitana”, contestó.

A continuación, los funcionarios de la Brigada Investigadora Anticorrupción interrogaron a la funcionaria sobre unos vales vista emitidos por la fundación por más de 290 millones de pesos, documento que fue ocupado para la compra de un inmueble en la ciudad de Concepción, lo que quedó registrado en la plataforma “Rindegastos”.

Respecto a los dineros recibidos por ProCultura, Maturana aseguró que provenían de fuentes privadas y públicas. Entre las primeras destacó a los Gore Regionales, Minvu, Municipalidades, Senama, Rapa Nui y el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, a través de la Ley de Donaciones. Entre los aportes privados, mencionó a un solo aportante: Carlos Cousiño.

Sobre los gastos relacionados con Alberto Larraín, Maturana aseguró que “no estaban considerados en los proyectos que se asociaban a la cuenta de gastos ProCultura”, pero que el director ejecutivo tuvo que dar explicaciones sobre la presencia de la Fundación en Rapa Nui, debido al arriendo de un inmueble donde alojaban. Larraín –aseguró Maturana– comentó que “estaba apostando a futuro para generar confianza y adjudicarse futuros proyectos”.

A propósito de las transferencias de ProCultura a Larraín, la directora de Administración y Finanzas afirmó que al menos en cinco oportunidades este solicitó anticipo de sueldo y que sus remuneraciones eran de $5 millones y que, una vez adjudicado el proyecto “Quédate”, comenzaron a emitirle liquidaciones de sueldo, tras la firma de un contrato de trabajo.

Maturana ratificó, además, la contratación de dos personas en Antofagasta solicitada por el Seremi de Vivienda en la región, que se desempeñaban físicamente en las mismas oficinas del organismo estatal, pero que eran pagadas con platas del programa. La situación se replicó también con otros ocho funcionarios de diversas fundaciones, entre ellas, Democracia Viva.

En el Gore Metropolitano se repitió la misma situación, pues se solicitó la contratación en el programa “Quédate” de Gabriel Prado, pareja de María Abusleme, jefa del Departamento de Bienestar en ProCultura.